El movimiento 1O, fecha del referendo con lo que 5 millones de catalanes, en contravia del gobierno de Mariano Rajoy declaró ilegal, salieron a votar para decidir si quieren seguir formando parte del Estado español. El 90% de los 2 millones de votantes Respondieron mayoritariamente y de manera avasalladora, , SI a la pregunta: ¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de república?”.
La negativa de Rajoy a permitir la votación libremente, radicalizó a los catalanes y disparó el voto en favor del Si; hoy están más unidos que nunca en torno a su independencia como república. El gobierno regional en pleno identificado por los catalanes como “la Generalitat”, en cabeza de Carles Puigdemont quien afirmó “Cataluña ha gando el derecho a ser un Estado” y pide que Europa sea la mediadora frente al gobierno de Rajoy en Madrid, declarará su independencia desde el parlamento catalán, pero antes habrá una huelga general.
El 1O será recordado además como una jornada de violencia y rabia y de polarización profunda que marcará a España. La grieta se profundizó y el divorcio entre la España de Rajoy y los catalanes parece volverse irreconciliable.
Con la mayoría débil en el parlamento con la que logró mantenerse como Presidente del gobierno, este gallego militante del Partido Popular, enfrenta la peor crisis política de su atropellado mandato. La declaratoria de ilegalidad del Referendo independientista resultó una formalidad que no logró frenar el ímpetu y la decisión masiva de los catalanes de salir a votar, que terminó herida por la represión de la Guardia civil y profundizando la grieta. Difícilmente Rajoy logrará asegurar una nueva unidad nacional. El Rey Felipe ha guardado silencio.
Este análisis de Borja de Riquer I Permanyer publicado en el periódico La Vanguardia permite entender las razones profundas que se mueven en la actitud independista catalana que tiene raíces muy hondas.
Las razones de la intransigencia*
Por: Borja de Riquer I Permanyer
Ante los graves acontecimientos sucedidos en Catalunya los últimos días, puede ser interesante hacer una reflexión histórica sobre las razones de la intransigencia de los gobernantes españoles ante las demandas catalanas.
Mencionaré las cuatro que considero más relevantes. La primera es la notoria diferencia entre el talante de la vida política catalana y el de la española. Aquí, ante la ausencia de organismos de poder propio, el protagonismo y la vitalidad de la sociedad civil ha sido un importante factor de modernización de las actitudes políticas. Así, el catalanismo político, surgido de esta sociedad civil, ha tenido que basar su estrategia en la transversalidad social para poder hacerse primero con las administraciones locales –ayuntamientos, diputaciones– y después para conseguir instituciones de gobierno autonómico.
Por el contrario, la sociedad civil ha participado muy poco en la vida política española hecha desde Madrid por la fuerte jerarquía con que han funcionado las relaciones de poder, muy establecidas desde arriba, entre minorías, entre los dirigentes de los partidos y los grandes grupos de intereses económicos. Este hecho explica en parte la incomprensión de los políticos españoles hacia el proceso catalán. Su reacción ante el movimiento ciudadano más importante de la historia hispánica, por la cantidad de gente movilizada y por su persistencia, ha sido de menosprecio. Han considerado que era un montaje de algunos dirigentes (antes Mas y ahora Puigdemont y Junqueras), o una conspiración, y no una causa impulsada desde abajo por millones de ciudadanos.
La segunda razón la encontramos en la falta de tradición pactista de la política española, donde ha predominado el principio de que el poder nunca pacta, sino que se impone, y que toda transacción es una claudicación o una traición. Es aquello de “ vale más honra sin barcos que barcos sin honra”, que los llevó a perderlo todo, hasta “la españolísima isla de Cuba”. Los catalanes, en cambio, como explicó Jaume Vicens, ante los conflictos internos hemos tendido siempre a buscar soluciones pactadas. Somos muy pragmáticos y estamos bastante dispuestos a escuchar las diferentes razones: es la política del “hablemos”.
La tercera es la enorme carga ideológica nacionalista que ha impregnado desde el siglo XVIII la construcción del Estado español. Desde hace tres siglos, los gobernantes españoles han impuesto como verdad incuestionable la existencia de una única nación, la suya. Y en función de eso han articulado una serie de leyes y de técnicas administrativas y jurídicas que han configurado el ejercicio del poder. De eso se deriva un discurso oficial que cree ilegal y punible todo cuestionamiento de la soberanía única. Los políticos españoles no han entendido que la identidad no puede imponerse.
Un cuarto factor es la firme voluntad de concentrar el máximo de poder en el gobierno de Madrid, pese a la existencia del Estado autonómico. Hoy eso está reflejado en el acuerdo entre PP, PSOE y Cs para mantener un modelo político que controle desde la capital del Estado las competencias económicas y políticas más fundamentales. Para los gobernantes españoles recaudar y distribuir los recursos es básico para poder hacer alianzas con los intereses económicos y construir clientelas.
Resumiendo, los políticos españoles son intransigentes porque no están acostumbrados a negociar dado que todo pacto implica hacer concesiones. Tienen aquella altanería de los que siempre han controlado el poder y no lo quieren compartir. Poseen una concepción patrimonial del Estado y están convencidos de que son los idóneos gestores del poder y sus administradores permanentes, que van turnándose como Cánovas y Sagasta según los avatares electorales. Un colega mío madrileño sostenía que los catalanes podíamos administrarnos, pero teníamos que recordar siempre que “el solar es nuestro”. Se atribuye a Felipe González una frase significativa cuando negociaba con vascos y catalanes: “Negociar en el último momento y cuando no haya más remedio, y conceder lo mínimo posible”. Hoy sólo hay que leer la mayoría de los diarios de Madrid para comprobar cómo están de arraigadas estas convicciones no sólo entre políticos sino entre periodistas e intelectuales.
Un buen número de catalanes ha planteado modificar este statu quo y poder decidir si queremos seguir o no dentro de este Estado y con estas reglas del juego. No es fácil negociar con una gente que piensa y actúa así. Por eso, me temo, el proceso catalán será más duro y más largo de lo que muchos querríamos. Al inicio del siglo XXI no se puede negar el derecho a decidir aludiendo a “la sagrada unidad de la patria” y la “ legislación vigente”. En una democracia, cuando la legislación entra en contradicción con el ejercicio de un derecho natural y universal, no se prohíbe este derecho, sino que se modifica la ley. Además, la actual Constitución no prohíbe los referéndums. Sólo hace falta la voluntad política de negociar.
Pienso que el divorcio entre la mayoría de los catalanes y la España de Rajoy ya es irreversible. El caso catalán también está poniendo a prueba algunos de los fundamentos de la España actual. Quizá esta crisis se convierta en una oportunidad para que muchos demócratas españoles se planteen la necesidad de transformar radicalmente el sistema político que permite a Rajoy actuar con estos procedimientos autoritarios.
- Este artículo fue publicado en el periódico La Vanguardia, antes del referendo.
