Los diálogos de paz entre el Gobierno Santos y las Farc-ep, durante el período de agosto de 2012 hasta noviembre de 2016, donde se acordaron diferentes puntos en pro de la paz, han dejado múltiples aspectos por analizar. Javier Giraldo Moreno lo expone en su escrito Expectativas, logros y frustraciones de un proceso de paz, enfocándose en el sistema político colombiano que no acaba de consolidarse frente a perspectivas constantes de nuevas enmiendas y amenazas persistentes de desconocimiento e incumplimiento, centrados en el debate político interno y externo, donde logra destacar que en el nivel interno la polarización se agudiza progresivamente, mientras que en el nivel externo se producen curiosidades y expectativas por lo novedoso de algunas de sus soluciones.
Desde esta perspectiva, vale preguntar: ¿qué reformas al sistema político colombiano deberían considerarse en el marco del proceso de paz que se inició entre las Farc-ep y el Gobierno colombiano, teniendo en cuenta otras experiencias internacionales y nacionales de acuerdos de paz?
Para iniciar, como justificación hay un tema crucial de la agenda de negociación y un segundo punto temático de las conversaciones: la participación política de las farc-ep. “Este aspecto es central para avanzar en la democratización real que necesita la sociedad colombiana, pero, en especial, para brindar las garantías necesarias a la oposición y a los posibles nuevos movimientos o partidos provenientes de la acción subversiva, que surjan del acuerdo de paz” (Giraldo, J., 2017).
De este modo, dicha participación política tiene como fin una nueva apertura democrática, facilitando la creación de nuevos partidos políticos; establecimiento de circunscripciones transitorias especiales de paz en algunas regiones, con representantes a la Cámara adicionales, con reglas especiales; una mayor participación ciudadana, que quiere asegurar que se rompa el vínculo entre política y armas; estatuto para la oposición; un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política; reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de los movimientos y organizaciones sociales; participación ciudadana en los medios de comunicación comunitarios, institucionales; criterio jurídico garantista; creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia; veeduría y control social sobre la gestión pública; promoción de medidas de transparencia electoral y de valores democráticos.
Sin embargo, al detallar la antidemocracia que existe en Colombia, combinada por pluralidades de características que Giraldo expone como puntos de análisis al referirse a la estructura general del Estado, hundido en el clientelismo y la corrupción mafiosa, sin independencia de poderes; donde los eventuales investigados eligen a sus investigadores o controladores; donde reina un asfixiante presidencialismo que bloquea otras iniciativas legislativas; donde el aparato electoral es el clímax de la corrupción y sostén de las demás corrupciones; donde las decisiones económicas favorecen a una élite y al empresariado trasnacional; donde la fuerza pública responde a doctrinas foráneas de salvajismo represivo y donde la justicia sufre una escandalosa politización que hace nugatorio su teórico principio estructurador de imparcialidad. “Quizás” para los fines de las políticas actuales que circulan en la estructura general del estado, la participación de las Farc-ep les puede ocasionar terribles consecuencias negativas como la centralidad de la democracia en un poder popular y esto no será la mejor manera de seguir haciendo fiestas y jugando a creerse líderes y/o gobernantes del pueblo colombiano.
Además de otros “proyecticos” que ahora sí podrán tomar vuelo al éxito como en el que se logró mostrar en el acuerdo sobre la tierra y el desarrollo agrario; por un lado, el fabuloso proyecto nacional “locomotora minera” que le permitirá no solo al gobierno sino también a la propiedad privada como empresas transnacionales ser protagonistas de la explotación minero-energética y de agroquímicos, y los tratados de libre comercio, arruinando al campesino productor nacional y ¡claro! Ignorando las propuestas que hacían las farc-ep como los mecanismos de desconcentración de la propiedad rural y la creación de extensas zonas de reservas campesinas y de producción de alimentos ya que eso implicaba dar un gran salto atrás a dichos acuerdos internacionales que tenía el bienaventurado gobierno.
Lo anterior, es uno de los logros de la política del gobierno Santos, porque también pudo meter un golazo que merece balón de oro, ya que en los acuerdos firmados sobre el punto de la tierra, uno de los principios rectores aprovechando el desorden que se armó después del plebiscito del 02 de octubre de 2016, fue introducir “la competitividad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo (…) y de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción” que en definitiva es un principio brillante que busca entregar las tierritas de los campesinos a empresas poderosas mediante arriendos con el pretexto hacer grandísimas alianzas con los campesinos pobres, disque para hacer posible procesos industriales altamente rentables y competitivos que ayudaran al viejito y las familias que se han fregado la vida alimentado a la sociedad en general y como lo expresa Giraldo, “Una elite que considera intocable su modelo generador de exclusión, violencia y devastación del planeta” no podría aceptar las propuesta de la farc-ep y más si tienen como fin, el bien común y los derechos del campesinado, la defensa y conservación de ambiente, del agua, los recursos renovables y las zonas de reserva y producción de alimento, ya que sería fatal para los bolsillos de esos cuantos.
Por otro lado, era evidente desde el principio de las negociaciones que la meta del Gobierno era lograr la máxima impunidad para sus agentes, a pesar de estar implicados en los crímenes más numerosos y horrendos durante las décadas del conflicto, así como antes y después, ya que según Giraldo, las estrategias no fueron secretas:
1) Lograr que los crímenes de lesa humanidad que no tuvieran nada que ver con el conflicto armado sino que eran conductas de represión ilegal y criminal contra civiles desarmados que pensaban distinto (movimientos sociales, víctimas u oposición política) se asimilaran a actos de conflicto armado (en relación directa o indirecta o con ocasión de…).
2) Una vez asimilado o fusionado lo que no era asimilable, justificar toda acción de los agentes estatales como “defensa de la institucionalidad” o “defensa de la patria”, cuando en realidad era destructiva y deslegitimadora de la institucionalidad y destructiva de los ciudadanos indefensos de la nación.
3) Desmontar, no mediante argumentos jurídicos sino con argumentos emotivos manipulados, la diferencia jurídica, reconocida ancestralmente en el Derecho, entre el tratamiento a los rebeldes y a los agentes de un Estado incursos en crímenes de lesa humanidad.
4) Utilizar intensas campañas mediáticas para hacer aparecer a los insurgentes como criminales comunes y a los agentes del Estado como “héroes”, evitando toda discusión pública sobre las características de los hechos y las estadísticas concretas. 5) Presentar el proceso de paz como una derrota militar y rendición de la guerrilla, “derrota” conquistada por la fuerza pública que la hacía merecedora a privilegios de recompensa.
En este orden de ideas, si hay algo que quede confirmado luego de hacer este superficial recorrido por algunos de los puntos del proceso, analizando sus logros, es que:
Las raíces del conflicto no fueron abordadas; que las “líneas rojas” del Presidente Santos no fueron cruzadas; que un alto nivel de impunidad fue conquistado por los agentes del Estado y sectores de la élite económico política, con enorme superioridad al nivel conquistado por la guerrilla; que fueron desconocidos muchos principios de derecho internacional; que predominó en los acuerdos un lenguaje abstracto y retórico sin concretarse en referencias a tiempos, lugares, cantidades, responsables y modalidades; que las maquinarias de la corrupción, de la exclusión y de la represión quedaron intactas y en fin, que la concepción de la paz esgrimida por el Gobierno miraba más a blindar a los sectores de poder frente a eventuales ejercicios de justicia internacional y a tranquilizar a los inversionistas extranjeros, que a erradicar los factores generadores de la violencia. (Giraldo, J., 2017).
Definitivamente el omnipotente gobierno del querido presidente Santos se salió con las suya, ¡algo que no es raro en esta Colombia antidemocrática!
