Ningún ministro de agricultura en Colombia tuvo tanto poder ni una chequera tan robusta como Andrés Felipe Arias. Con todo el respaldo presidencial mandaba al sector agropecuario y logró la aprobación de un megaproyecto de créditos y subsidios que alcanzó los $ 1.4 billones para apoyar la reconversión productiva de los sectores rurales afectados por la apertura económica con el respaldo del IICA -Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura- para la ejecución. Tantos recursos y tanto poder juntos terminaron desbordándolo y alimentado una ambición creciente que terminó proyectándolo a la Presidencia de la República, como el escogido del Presidente Uribe, su mentor, para sucederlo.
Los niveles de recursos en ejecución y los rumores de favoritismo en la escogencia de los beneficiados despertaron el interés investigativo de los periodistas de la revista Cambio, José Manuel Reverón y Harold Abueta. A través de un derecho de petición tuvieron acceso a las listas de beneficiarios. En la revisión de los largos listados y especialmente de los créditos más costosos como eran los orientados al mejoramiento de los sistemas de riego, saltó a la vista un nombre en la región de la costa caribe: Valery Dominguez, una reina de belleza y actriz de mucha recordación entre los colombianos. Surgió entonces el primer indicio de que algo andaba mal. Su nombre estaba asociada al de Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, entonces su novio, perteneciente a una familia propietaria de importantes extensiones de tierra en el Magdalena y con un reconocido peso político en la región.
Empezaron a reconocer apellidos de políticos y propietarios de grandes extensiones de tierra: Dávila, Lacouture Pinedo, Lacouture Dangond, Villamizar, Vives … y así, una larga lista. Los periodistas publicaron una primera entrega bajo en Cambio bajo el título Riego de dineros públicos. Los directores de la revista María Elvira Samper y Rodrigo Pardo los alentaron a continuar
Los periodistas viajaron a Santa Marta detrás de las fincas de Juan Manuel Dávila y su novia que aparecía referenciada en el listado. Habían recibido $ 2.200 millones para desarrollar un programa de riego y drenaje en el predio. Identificaron los predios Campo Grande y la Faena grandes extensiones superiores a las 1500 hectáreas sembradas en palma de aceite. En el terreno constataron que los propietarios habían hecho una acumulación de tierra para acceder a un monto mayor.
De regreso a Bogotá llegaron directamente a las oficinas del IICA, en la Universidad Nacional, operaba el programa de Agro Ingreso Seguro. Se entrevistaron con el ingeniero civil Carlos Manuel Polo, uno de los funcionarios del instituto adscrito a la OEA. Constataron la manera cómo operaba el programa y el poder del Ministro Andrés Felipe Arias y su capacidad de permear los criterios técnicos del IICA a la hora de seleccionar los beneficiarios del subsidios y créditos blandos. Con esto confirmaron que el programa estaba contaminado de politiquería y favorecimiento a influyentes familias, muchas de ellas aportantes a la campaña del presidente Uribe, tanto en la primera y segunda elección. Ganaderos y agricultores golpeados durante años la violencia, además de los políticos de esas mismas zonas habían sido un pivote fundamental para la llegada de Uribe a la presidencia, ahora terminaban re-compensados con recursos públicos a través de los subsidios de AIS. Posteriormente se supo como lo demostró la magistrada María del Rosario González en su extensa sentencia que leyó públicamente en la que condenó al exministro Arias a 17 años de cárcel, que buena parte de los beneficiados habían pasado a ser aportantes de la precandidatura de Andrés Felipe Arias en el 2009. El exministro aspiraba a ser el candidato del Partido Conservador, pero fue derrotado por Noemi Sanin en la consulta interna.
La derrota por un estrecho margen, a pesar de contar con el apoyo de la Casa de Nariño, fue la puerta de entrada al infierno de quien se proyectaba como la estrella en ascenso del uribismo. Vino entonces el escándalo de Agro Ingreso Seguro, unas agrias audiencias, meses de detención en la Escuela de Caballeria de Bogotá y por último la drástica condena de 17 años proferida por la Corte Suprema de justicia, sin posibilidad de apelación hace cinco años.
Andres Felipe Arias recibió el fallo ya en el exilio. Alcanzó a viajar a Miami en la víspera de hacerse pública la sentencia condenatoria e intentó rehacer la vida allí. Su doctorado en economía en la Universidad de California y un escenario como consultor sumado a un permiso de trabajo provisional mientras avanzaba una engorrosa solicitud de asilo político parecía perfeccionarse como un horizonte para Catalina Serrano y su pequeña hija Eloisa, hasta que se atravesó el pedido de extradición del gobierno de Juan Manuel Santos por solicitud de la Corte Suprema de justicia.
Empezó entonces una ardua defensa al más alto nivel, gracias al apoyo económico de amigos residentes en los Estados Unidos y en Colombia, sin los resultados esperados. El juez federal John O’Sullivan no aceptó los argumentos de amenazas, riesgos y persecución política para no regresar a Colombia a responderle a la justicia de su país y le dio vía libre a la extradición. Se cerró el círculo que abrieron dos periodistas hace ya casi diez años.
