El jefe de las FARC le escribe esta carta abierta al presidente Juan Manuel Santos. En ella hace un llamado para que se respete lo que se acordó en los diálogos de La Habana. Citando los puntos textuales que el Gobierno todavía no ha cumplido a cabalidad, Timoleón Jiménez le explica las condiciones en que se encuentran los desmovilizados de las FARC.
Que se cumpla lo prometido y firmado, Presidente Santos
La guerra y la violencia que azotan el camino de los pueblos desde tiempos inmemoriales, no se corresponden con eso que muchos denominan naturaleza humana. En cada uno de los estadios históricos que sucedieron a las comunidades primitivas, estallaron enormes conflictos nacidos del afán de los unos por hacerse al trabajo y la riqueza de los otros.
Hombres y mujeres de todas las épocas han hecho de la paz el bien supremo. Luchan por alcanzarlo y no dejárselo arrebatar, porque han aprendido que tras la desolación y el sufrimiento general hay siempre un interés que extrae grandes ganancias, y que actúa como principal fogonero de los odios y las provocaciones. La experiencia nacional es ejemplar a ese respecto.
Nuestro anhelo de paz choca contra la avaricia. Tras más de medio siglo de lucha y sus millones de víctimas, el poder del capital y el latifundio creció en proporción geométrica, como si el conflicto hubiera sido una feliz oportunidad de negocios. La bandera de la paz es al tiempo una bandera de reivindicación social, de justicia, de igualdad, de respeto por la humanidad del otro.
El Acuerdo Final paró esa larga guerra y al tiempo abrió horizontes para la participación efectiva de los eternamente excluidos, la solución a las inequidades más antiguas y la atención a las causas reales de viejos problemas. También generó condiciones para la reincorporación productiva, política y social de la insurgencia, en el marco general del respeto a los derechos de las víctimas.
Además de histórico, ese Acuerdo se convirtió en un pacto solemne entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC-EP. No sólo porque la Corte Constitucional avalara las pautas para su refrendación, que resultó positiva por mayoría aplastante en el Congreso de la República, sino porque la comunidad internacional reconoció, aplaudió e incorporó a su haber la paz firmada en Colombia, y se comprometió a trabajar arduamente por garantizarla.
Hoy se concede amplio despliegue a la nota del señor Henry Acosta, facilitador de las conversaciones de paz, en la que da cuenta de su estrés por lo que llama la No implementación total del Acuerdo de Paz. Es evidente el tono patético y pesimista que lo inspira. Nos diferenciamos de él en que somos revolucionarios, no nos echaremos a llorar ante la leche derramada. Lucharemos sin tregua por el cumplimiento de la palabra oficial. Es lo justo.
Cabe recordar que las dos partes celebramos el 29 de mayo el denominado Acuerdo sobre Hoja de Ruta para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Final, en el que entre otras obligaciones se previeron las garantías mínimas que el Gobierno Nacional debía hacer efectivas a las FARC-EP antes de la culminación de la dejación de armas. Al día de hoy no se cumplen.
Resalto entre ellas: “El Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para que los integrantes de las FARC-EP que se encuentren en los listados acreditados por la OACP salgan de las cárceles y/o queden en libertad condicional antes de finalizar el proceso de dejación de armas”. (1.1.1.)
“Suspensión en todo el territorio nacional de todas las órdenes de captura de integrantes de las FARC-EP desde que hayan dejado las armas y hayan sido acreditados por la OACP” (1.1.2.). Otorgamiento de amnistía de iure por resolución presidencial a todos los integrantes de las milicias debidamente acreditados”. (1.1.4)
“Ley Estatutaria JEP. Se introducirá en el texto radicado en el Congreso una norma sobre suspensión de todas las condenas de integrantes de las FARC-EP o personas acusadas de serlo, conforme a lo establecido en el AL 001 de 2017 (…) El Gobierno Nacional se compromete a que la Ley Estatutaria de la JEP será aprobada por el Congreso respetando el Acuerdo Final y el borrador aprobado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP”. (1.1.6).
“Suspensión de órdenes de captura con fines de extradición y revocatoria de medidas de aseguramiento en todos los procedimientos de extradición respecto a personas acreditadas por la OACP, en aplicación del AL 001 de 2017, con fecha 10 de junio de 2017”. (1.1.9)
“Se realizarán las reformas constitucionales necesarias para garantizar el funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación contemplada en el numeral 74 del acuerdo JEP, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final”. (1.2.1.)
“En un plazo no mayor de 15 días, el Gobierno Nacional efectuará el nombramiento del subdirector de la Subdirección especializada de seguridad y protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”. (1.2.4.)… “Se pondrá en marcha el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, en los términos del Acuerdo Final, a más tardar el 15 de junio de 2017”. (1.2.5.).
“Entre la finalización de la dejación de armas individual que concluirá el 20 de junio de 2017 y la expedición de la amnistía de iure presidencial para el integrante de las FARC-EP que haya efectuado dicha dejación de armas, no podrán trascurrir más de 10 días calendario”. (1.4. párr. 3).
Igual que en todo, las FARC-EP cumplimos sagradamente con la dejación de armas. ¿Qué explica entonces la desidia oficial para honrar a su vez la palabra empeñada?
Optimista el señor facilitador cuando afirma que el gobierno nacional promueve la reincorporación individual, entregando 8 millones a cada ex combatiente. No hay ni un solo combatiente en esas condiciones, y menos un solo proyecto colectivo aprobado. Se niega la adjudicación elemental de tierras para que puedan adelantarse en ellas los proyectos productivos, y se afirma que sólo se aprobarán un promedio de mil proyectos individuales por año.
Son miles los ex combatientes excluidos hasta hoy de la asignación única de dos millones de pesos y que no reciben el giro mensual del noventa por ciento de salario mínimo. Se notifica a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación que quedarán sin alimentos ni servicios elementales. El acceso a la salud de los nuestros pasa por las más increíbles dificultades.
Nuestra gente sigue privada de su libertad, muere enferma en prisión o se agrava ante la indolencia estatal. Nos movemos con la zozobra de la detención porque el señor Presidente no expide la amnistía de iure, pese a que ya se cumplieron diez veces los diez días previstos para ello, además de que el sistema aún no registra el levantamiento de las órdenes de captura.
El Congreso de la República se enreda en la expedición de las normas sobre participación política y jurisdicción especial de paz, mientras que el señor Fiscal General de la Nación dirige una campaña de difamación contra las FARC, e ignora sospechosamente los más de quince mil expedientes que por paramilitarismo se apiñan en su dependencia. Los humores a descomposición que brotaron con el escándalo del zar anticorrupción del doctor Martínez dejan mucho que pensar.
A las fauces hambrientas de la ultraderecha enemiga de la paz se une ahora el embajador estadounidense. Era de esperar que al llamado de reconciliación de su santidad Francisco, que tanta simpatía y esperanza sembró en el corazón de los colombianos, sucediera la andanada revanchista de los señores de la guerra y la codicia. Pese a ello su sevicia repugna.
La inmensa familia fariana se revuelve inconforme e indignada. Miles de combatientes, milicianos, apoyos clandestinos, militantes políticos, seguidores y comunidades que creyeron de buena fe en la seriedad del Estado colombiano, reclaman de esta dirección una posición enérgica. La disciplina militar de la guerra siempre fue prenda de subordinación. Desaparecida esta sólo nos queda la persuasión y el convencimiento. Para ello hacen falta hechos, Presidente Santos.
Colombia se debate en una encrucijada histórica. Se enrumba por los caminos de la paz, la democracia y la justicia social trazados por los Acuerdos de La Habana, o se hunde en el piélago de la violencia como consecuencia de su violación e incumplimiento. Llamamos a la comunidad internacional, Naciones Unidas, Unión Europea, CELAC, UNASUR, El Vaticano, países garantes y acompañantes del proceso a actuar porque la gran obra de la paz se mantenga a flote.
Los colombianos no podemos permanecer impasibles ante esta grave coyuntura. Las generaciones que no hemos conocido un día de paz estamos obligadas a dejar a nuestros hijos un país sin terror ni guerras, una verdadera patria. Una minoría enriquecida con los réditos de la muerte y el miedo intenta hacer imposible la reconciliación, todos y todas debemos cerrarle el paso. Que se cumpla lo prometido y firmado, Presidente Santos. Es el tiempo de la paz, el orbe entero lo proclama.
Timoleón Jiménez
La Habana, 25 de septiembre de 2017.
