Gustavo Enrique Malo Fernández, abogado de la Universidad de Cartagena, llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2012. Dos años después de asumir el cargo, en la alta corte hubo una redistribución de procesos por la falta de resultados y avances en las investigaciones. En este revolcón llegó a su despacho la investigación por parapolítica contra el hoy investigado senador Musa Besaile. El proceso, uno de los más antiguos en esta materia, está abierto desde 2007 por las supuestas relaciones de Besaile con las AUC en Córdoba. Según las acusaciones, durante la campaña electoral del año 2006 él habría recibido dineros para su campaña provenientes del jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Posteriormente, Carlos Padilla, alias Visaje, confirmó en versión libre ante la Corte Suprema de Justicia los dineros que entraron desde el paramilitarismo a la campaña de Besaile.
Cuando el archivo terminó en el escritorio de Gustavo Malo, su magistrado auxiliar José Luis Reyes, hoy investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala junto a Iván Velásquez, considerado el magistrado estrella por investigar con eficacia la parapolítica, se encargó de acelerar el proceso contra Besaile, pues el proceso estaba a punto de caerse. Sin embargo en 2015, cuando Reyes ya tenía la investigación adelantada y estaba ad portas de abrir un proceso formal tras 7 años de pocos avances, el magistrado Malo frenó estratégicamente la investigación. Malo les pidió la renuncia formal a todos sus auxiliares, pero solo aceptó la de José Luis Reyes. Según el mismo Reyes, quien declaró en el caso ante la fiscal delegada Sandra Patricia Ramírez desde Guatemala, él le dijo a Malo de la importancia de seguir con la investigación contra Besalie.
El pasado agosto Musa Besalie confesó en una entrevista dada a Vicky Dávila que en 2015 pagó 2.000 millones de pesos para que la orden de captura, que fue proyectada por José Luis Reyes, no se hiciera efectiva. Ahora, Malo está involucrado en los sobornos que supuestamente han recibido los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para fallar a favor de los investigados. Leonidas Bustos, Camilo Tarquino y Javier Ricaurte, con quien Gustavo Malo tiene una muy cercana relación, pues este fue magistrado auxiliar de Ricaurte, quien a su vez es padrino de uno de los hijos de Malo, están siendo investigados por sus relaciones con el capturado Luis Gustavo Moreno. De hecho, según las declaraciones de Besaile, fue Ricaurte el que le aconsejó contratar a Gustavo Moreno para resolver su situación ante la sala penal y ante el magistrado Malo.
Sin embargo, detrás de esta red de corrupción en la que podrían estar involucrados los magistrados de la alta corte, también se encuentra una de las hijas de Malo. Yara Milena Malo Benítez está siendo investigada por extorsión agravada, pues se conoció que estaba cobrando 500.000 pesos a las personas que llegaron a varios cargos en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez gracias a las influencias de Gustavo Malo. Según la misma Fiscalía, Yara Milena Malo, estaba utilizando la cédula y carnet de funcionaria de Katia Elena Espitia Negrette, investigadora de la Fiscalía y quien ha conformado comisiones ante la Corte por casos de parapolítica.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le abrió una investigación a Gustavo Malo por sus presuntas relaciones en los sobornos a las altas cortes. Precisamente, fue la Red de Veedurías Ciudadanas, presidida por Mónica Patiño Santa, la que solicitó abrir dicha investigación. Es la primera vez que se adelanta un proceso contra un magistrado con funciones activas. Por esta razón, los otros magistrados del alto tribunal le pidieron que renunciara al cargo, sin embargo, tal como lo hizo Jorge Petrelt, suspendido el año pasado de su cargo como magistrado de la Corte Constitucional e investigado por concusión, se negó a renunciar a su puesto en la corte.
