En Ibagué por estos días viene rondando un gran interrogante entre diversos sectores políticos y sociales, pues se preguntan: ¿procurador Carrillo usted predica, pero no aplica? Cuestionamiento que es resultado de contrastar el discurso del señor procurador con la realidad que él y la entidad a su cargo (Procuraduría General de la Nación) experimentan por estos días, en relación con las tan sonadas investigaciones adelantadas por ese organismo en contra de 16 concejales de la ciudad de Ibagué, por las irregularidades con que este grupo de cabildantes adelantó el proceso de elección del expersonero municipal, Julián Prada, y el excontralor municipal, Ramiro Sánchez.
La historia se remonta a los inicios del año 2015, época en la que los recientemente elegidos cabildantes de la capital de los tolimenses adelantaban el proceso de elección del personero y contralor municipal, a la luz de la nueva normatividad encargada de regir la materia, a través de la cual se pretendió imponer la meritocracia sobre el tráfico de influencias y el clientelismo característico a la hora de la elección de estos cargos.
Sin embargo, y a pesar de los nobles propósitos de la ley, ocurrió lo que solo podría ocurrir en una ciudad con una institucionalidad local absolutamente permeada por la corrupción y un cabildo en manos de los partidos tradicionales y reelegido en algo más del 50%; la elección tanto del personero como del contralor de los ibaguereños resultó amañada producto de irregularidades que viciaron la decisión final.
De ahí en adelante, las demandas en contra de dichas elecciones no se hicieron esperar y antes de que transcurrieran más de 12 meses de la elección y ante la evidencia de los hechos, la justicia declaró la nulidad de la elección de estos funcionarios por violaciones tanto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de los elegidos, como por el fraudulento cambio en las reglas del concurso de méritos con la clara intención de favorecer a quienes finalmente resultaron elegidos.
Producto de la anterior declaratoria de nulidad, empezó lo que a hoy es toda una telenovela al interior de la Procuraduría General de la Nación y en la que el señor procurador Fernando Carrillo hace parte del reparto; pues, con el inicio de la investigación disciplinaria en contra de 16 de los cabildantes que participaron en la elección del personero y contralor de Ibagué por la presunta comisión de falta, calificada como gravísima, y que podría derivar en una dura sanción en contra de los cabildantes, la que inclusive podría llegar terminar con la pérdida de su credencial, se empezaron a evidenciar todo tipo de maniobras por parte de los investigados y el ente disciplinario, buscando al parecer dilaciones que favorecerían a los concejales de Ibagué.
Las denuncias y advertencias ciudadanas no se han hecho esperar y tras más de 12 meses de las declaratorias de nulidad de la elección de los funcionarios en cuestión, los procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría General de la Nación en contra de los concejales aún están en vilo y con enormes mantos de duda. En primer lugar, la Procuraduría Regional del Tolima se tardó más de un año para abrir la investigación formal en contra de los 16 cabildantes, así mismo la modalidad a través de la cual se adelantaría el proceso generó enormes suspicacias, pues también llegó a plantearse la posibilidad de iniciar un proceso ordinario el cual resultaba más favorable a los intereses de los investigados, pero al mismo tiempo era mucho más difícil de justificar, dada la prevalencia del proceso verbal ante este tipo de casos. Luego de muchos ires y venires, finalmente se decidió adelantar el proceso verbal.
En pleno desarrollo del proceso, fue el propio procurador general Fernando Carrillo, quien el pasado 23 de junio de 2017, ordenara la separación del cargo del procurador regional del Tolima, Gillest Trujillo, para ser reemplazado por el abogado Germán Alexander Almario Díaz, cuota del senador Guillermo Santos Marín, quien al parecer tiene bastante incidencia en dicha entidad pues no solo se quedó con esta cuota burocrática, sino también se le vio recientemente bastante cómodo posando con el propio procurador Carrillo, junto a su cuñado, el concejal Oswaldo Rubio, uno de los 16 concejales investigados por esta entidad.
Es decir, investigado, investigador y el padrino político juntos en una misma imagen; algo que dista mucho del discurso que predica el señor Procurador, como el esbozado en su más reciente columna del pasado 27 de agosto de 2017, en el diario El Tiempo, titulada La ética renace o el país se derrumba.
Pero los hechos y circunstancias que llenan de duda a los ibaguereños sobre la verdadera gestión imparcial y transparente de este organismo de control no paran allí; pues ante el enorme manto de duda que ha rodeado este proceso, la Procuraduría ordenó trasladar a Bogotá las investigaciones que se adelantan en contra de los 16 concejales pertenecientes a todas las bancadas con asiento en esta corporación, es decir liberales, verdes, conservadores, vargas lleristas, uribistas. Entonces, fue designado para conocer del proceso que se adelanta en contra de los concejales por el caso de la elección del contralor de Ibagué al procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa: el nariñense Héctor Eduardo Realpe Chamorro, cuota política del senador conservador Eduardo Enríquez Maya, quien también al parecer estaría buscando sacar provecho en río revuelto, pues ha trascendido en los mentideros políticos de la ciudad de Ibagué, de las exigencias que a cambio de una eventual absolución de los concejales, estarían haciéndoseles desde el equipo político del senador Enríquez Maya.
La más reciente audiencia dentro de este caso, tuvo lugar el pasado viernes 25 de agosto en las instalaciones de la Sala 1 de Audiencias de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, allí el procurador Héctor Eduardo Realpe Chamorro, reanudó una audiencia que había sido suspendida por más de 3 oportunidades y en ella reafirmó la tipificación de la conducta investigada y presuntamente cometida por los concejales de Ibagué como gravísima y cometida de manera colegiada, por lo que el fallo a proferir deberá cobijar en su conjunto a todos los implicados. Así mismo convocó para el próximo 15 de septiembre para la audiencia final en la que se conocerá el fallo por parte del ente disciplinario. Luego entonces reina la incertidumbre, en torno a este caso, que de ser regido por la transparencia y apego a la Ley no tiene otra forma de concluir que con un fallo disciplinario sancionando a los cabildantes de la ciudad musical.
Luego entonces este rumorado caso, se convierte en todo un reto para el procurador Fernando Carrillo y su discurso frente a la ética de lo público, pues aún no se entiende cómo, luego de transcurrido tanto tiempo de haberse declarado nula la elección del contralor y el personero de Ibagué por parte de la justicia y lo palmario de los hechos objeto de investigación, su entidad aún no se pronuncie de manera definitiva en este caso y por el contrario día tras día sean más las dudas sobre la transparencia con la que se adelanta este proceso.
