Con el paso del tiempo crece la consciencia de que los males del Estado no van a ser resueltos con leyes expedidas por el Congreso. Solucionar las dificultades relacionadas con la justicia, el régimen político electoral, la organización territorial y la corrupción, para mencionar tan solo algunos temas, está más allá de las capacidades e intereses de nuestro poder legislativo.
Las investigaciones sobre Odebrecht están dejando claro que la democracia colombiana en verdad no existe. Esta afirmación por supuesto nos disgusta. En materia de prácticas electorales nos creemos superiores a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pero en esencia padecemos del mismo mal. Un déficit de democracia pertinaz, originado en causas distintas a las de aquellos países pero igualmente aterrador. Aquí no es el autoritarismo sino la corrupción de la política, aupada por las autoridades de turno a través de mecanismos como la mermelada, la que secuestra la voluntad popular.
Muchas de nuestras organizaciones partidistas, parecen funcionar como asociaciones para delinquir. Reciben mermelada, coimas y cuotas burocráticas; compran votos; dispensan gobernabilidad para que pueda funcionar la administración. Y gira la rueda de la fortuna: con el reparto de nuevas prebendas tienen asegurada su permanencia, su perpetuidad. Al final, todos los partícipes de esta maquinaria infernal quedan felices, sus ambiciones colmadas.
Solo un sistema tan perverso puede parir personajes como el Ñoño Elías
y explicar que los pequeños politiqueros de un pueblo costeño
se conviertan en fuerza poderosa, socia determinante, electora principal
Solo un sistema tan perverso como el descrito puede parir personajes como el Ñoño Elías y explicar que los pequeños politiqueros de un pueblo costeño se conviertan en fuerza poderosa, socia determinante, válida preferida, electora principal. Esas transformaciones no se logran con la sabiduría y el desprendimiento sino a base de audacia y falta de escrúpulos.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua ñoño es la persona apocada, sosa, de poca substancia. Oyendo su declaración ante la Corte Suprema se hace evidente que este individuo, el jefe regional que mayor número de votos puso para la elección del presidente Santos, ni siquiera entiende que un padre de la patria dedicado a promover intereses de empresas particulares representa una monstruosidad ética y un peligro público.
El cáncer de la corrupción política está en todas las instancias de la supuesta democracia colombiana. Claudia López mediante la Consulta Popular Anticorrupción se propone controlarla en lo que toca con Senado y Cámara. Pero esas buenas propuestas son insuficientes. Un verdadero estatuto anticorrupción de la política debería ocuparse de establecer talanqueras que eviten los comportamientos torcidos en el nivel municipal. Es allá donde están los cimientos del edificio podrido que es nuestra democracia.
En los municipios como en toda la administración pública operan los famosos contratos de prestación de servicios personales de carácter personal (PS), los cuales son repartidos a dedo y a tutiplén entre los aliados de los alcaldes. Los politiqueros crean así una base burocrática que les consigue votos, aporta a sus arcas y sobre todo les permite acceder a la contratación pública. Un concejal que controla trecientas o cuatrocientas posiciones tiene asegurada su llegada a al Cámara de Representantes. Una vez en el Congreso podrá conectarse a las líneas que abastecen la nutritiva mermelada. También podrá exigir una superintendencia o la dirección de un suculento departamento administrativo del orden nacional. Por supuesto que pasados unos años el sujeto de marras tendrá la plataforma para aspirar al Senado y entonces podrá acrecentar su pedazo de la marrana burocrática al participar en la designación de los altos magistrados y de los titulares de las “asustadurías”. Esta es la llegada al éxtasis eterno, mamará del Estado y de los colombianos por siempre jamás.
La descripción anterior que puede parecer caricaturesca, refleja la realidad de la política colombiana. Nuestra hipotética democracia está diseñada para que los ciudadanos del común no puedan penetrarla. Es coto exclusivo de esas maquinarias repartepuestos y robacontratos que son la mayoría de los partidos. Por eso pretender que el Congreso pueda expedir una reforma política que le de contenido de democracia a nuestra democracia, es tan solo una quimera.
En el trámite de la reforma política ya se va mostrando la cara dura de nuestros inefables politiqueros. Generar nuevos movimientos o partidos seguirá siendo complicado para no decir que imposible; se pretenderá acabar con la inscripción de candidatos por firmas, vía que permite a los ciudadanos acceder a la participación electoral por fuera de la tenaza ejercida por los partidos; el Consejo Electoral continuará siendo un club de favores recíprocos.
Va quedando claro que impulsar una Asamblea Constituyente resulta ineludible. Si el Congreso no es capaz de adoptar las reformas indispensable, es necesario pensar en un remedio extraordinario como el representado por aquel mecanismo. Que la Asamblea tiene peligros es verdad. Pero nada puede ser peor que el régimen podrido que hoy padecemos y las fracturas institucionales y sociales que ese régimen está engendrando. Que las Farc podrían ser obtener participación en la Asamblea es cierto. Pero esa agrupación ya posee la mitad de los miembros en la CSIVI, comisión que en la práctica actúa como una Constituyente al controlar los proyectos que llegan al Congreso para ser tramitados por el fast track.
Partiendo de que la Constituyente es necesaria el debate nacional debería centrarse ahora a buscar la mejor manera de integrarla y evitar que la misma sea asaltada, tomada a punta de mermelada, puestos y contratos por los politiqueros de siempre.
Publicada originalmente el 31 de agosto de 2017
