En Colombia analizamos los fenómenos asociados con la violencia desde la perspectiva de cifras aisladas que brindan la oportunidad de definir en dígitos los alcances de la muerte en nuestro país, esta me ha parecido una forma efectiva de alejarnos del contexto humano de la violencia, del dolor. Para lo que las cifras sí nos pueden servir más, es para medir la efectividad del Estado, estas nos arrojan evidencias que nos permiten comprobar los resultados de las acciones desarrolladas por quienes nos representan y las instituciones que garantizan nuestros derechos.
Si analizamos los indicadores de violencia de nuestro país, en su índice de criminalidad global publicado a finales del año 2016, Verisk Maplecroft, clasifica a Colombia entre las naciones más violentas del mundo, ubicándonos en el puesto 12, quedamos entre las naciones del planeta consideradas de “riesgo extremo”.
El municipio en el que he pasado la mayor parte de mi vida, Yumbo en el Valle del Cauca, con frecuencia es escenario de episodios violentos que dejan en entredicho la capacidad del Estado para frenar las oleadas de violencia que azotan el departamento. A pesar de que nuestra Constitución gira alrededor de la protección de la vida del ciudadano, uno de los mayores desafíos del Estado sigue siendo el mismo: proteger la vida de los colombianos, reducir la violencia, pues, a pesar de todos los esfuerzos institucionales, la violencia es una realidad con la que tratamos todos los días.
Hace pocos días en Yumbo dos mujeres jóvenes perdieron la vida en situaciones violentas: una de ellas falleció al ser alcanzada por balas perdidas, después de días de debatirse entre la vida y la muerte, Julisa Velasco de 21 años, falleció. La segunda de ellas fue víctima de feminicidio al parecer por asuntos “pasionales”, que es un eufemismo para hablar de este tipo de crímenes.
Los hechos que he mencionado parecen una cotidianidad en nuestro país, pues nos hemos acostumbrado a las noticias que abordan las muertes violentas como un gancho comercial más que como un motivo de reflexión social, respecto a los feminicidios es común suponer en una sociedad con bastantes rezagos de machismo, que las parejas sentimentales de las victimas tomaron la decisión suprema para aliviar su dolor: acabar con la vida del sujeto amado, pues “si no es para mí, para nadie más”, pero el hecho es que estamos hablando de homicidas, hombres que acabaron de tajo con las posibilidades de otro ser humano y que deben ser castigados severamente por el Estado.
La organización Ruta Pacífica de las Mujeres ha demostrado que el feminicidio es un fenómeno sistemático y a pesar de las elevadas estadísticas, no existe una estrategia clara para frenar este problema. De acuerdo a datos proporcionados por la organización, en el primer semestre de 2017 en el país se presentaron 204 casos de feminicidios; el Valle del Cauca con 94 casos es el Departamento con mayor tasa de feminicidios en el país. Estas cifras revelan que algo malo pasa en nuestras comunidades y que el Estado debe tomar medidas fuertes e inmediatas.
Que el Valle del Cauca debía ser militarizado y endurecer las medidas de seguridad fue la propuesta formulada por la Gobernación, pero al menos en Yumbo esto no ha funcionado y la inseguridad sigue siendo la constante en las calles y barrios de la localidad. El Gobierno debe implementar intervenciones que propicien soluciones de fondo y definitivas al problema que está generando esta situación y no lanzar distractores que en casi nada benefician a las comunidades.
Abrir el debate de la pena de muerte para quienes cometen asesinato nos lleva a escenarios de reformas constitucionales necesarias, no olvidemos que el artículo 11 de la Constitución Política establece como imposible la pena de muerte en el país, sin embargo se han sostenido debates sobre casos concretos en los que esta podría tener lugar: en casos de abuso sexual infantil, por ejemplo.
Me parece que es necesario que se promuevan estas consideraciones desde escenarios pertinentes, que los ciudadanos sepamos que antes de nuestros derechos existen deberes, deberes que al ser cumplidos garantizan el gozo de los mismos. Si existen personas dispuestas a privar de la vida a otras, el Estado debe someter a consideración los castigos que sean equivalentes para este tipo criminales.
Me pregunto qué pensarán especialistas en derecho, filósofos, líderes religiosos y sociales sobre este tema. Unos abordarían las implicaciones desde el punto de vista jurídico, otros considerarían las implicaciones posteriores —la manera en que validar la pena de muerte incide en una comunidad— y los otros desde el punto de vista moral. En este punto viene bien una reflexión: si el asesinato es un pecado capital que nos priva del acceso a la vida eterna, ¿qué más da seguir asesinando después de cometido el primer homicidio? Como se puede ver en películas y series televisivas, el sicario a pesar de todo, encomienda a Dios sus fechorías. Pero si la certeza de la fe indica que el asesinato es un pecado que le priva de llegar a la morada de Dios, después de haber perdido todo, no queda nada, da igual si se comete uno o doscientos asesinatos.
Deberían abrirse espacios de discusión de diversos sectores sobre este apartado, yo hago parte de los que creemos que la pena de muerte es un castigo equivalente para quienes se atreven a acabar con el derecho a la vida de otros ciudadanos. No podemos permitir que la famosa canción sea un hecho, “mata que Dios perdona”, puesto que quien mata a otro ciudadano es un riesgo inminente para la sociedad. Es hora de que se tome en serio la condena muerte en ciertos casos, no me parece justo que quien provoca tanto dolor termine significando una carga para el fracasado sistema carcelario del país.
