El concepto del dilema de seguridad se define como una lógica de interrelación conflictiva entre dos actores que al sentir amenazada su seguridad, emprenden acciones para mejorar su capacidad de defensa. Sin embargo, dichas acciones generan una respuesta tal por parte de su enemigo, que el sentimiento inicial de inseguridad se incrementa, dando lugar a un nuevo ciclo de acciones defensivas. Este concepto, propio de la disciplina de las Relaciones Internacionales para explicar las carreras armamentísticas entre los Estados, constituye una herramienta que permite elaborar otra perspectiva acerca de las presuntas fisuras internas al interior de las Farc frente a la Mesa de la Habana.
El dilema de seguridad aplicado a los procesos de paz para la terminación de conflictos armados internos, es una dinámica que constituye casi que un correlato de gran parte de los procesos de paz y que suele profundizarse en la media en que se conocen los acuerdos y aparecen los interrogantes sobre sus alcances e implementación. Los recientes hechos relacionados con una presunta fractura al interior de las FARC de cara al proceso, protagonizada por las estructuras al mando de “Romaña” y “El paisa”, y materializada en los planes para atentar contra el ex presidente Uribe y el Fiscal General de la Nación, han enturbiado un escenario en el que se supone que debía legitimarse el proceso de paz una vez conocidos los acuerdos generales en materia de participación política.
Por el contrario, mientras las Farc niegan la existencia de dichos planes, desde el Congreso de la Republica hasta los negociadores del gobierno, han hablado de una posible crisis del proceso de comprobarse la veracidad de estos hechos. A su vez, algunos analistas consideran desde ya, que las rentas del narcotráfico, la falta de representatividad en la mesa y el desacuerdo con la manera en que los negociadores han abordado los diálogos, constituyen las causas de fondo de la presunta disidencia al interior de las Farc . Sumado a esto, las informaciones contradictorias acerca de las operaciones militares contra la “Teófilo Forero” en los límites entre los departamentos de Caquetá y Huila, hacen las veces de colofón de un escenario en el que sería bastante simple sabotear el proceso de paz.
Refrendación al Interior de las Partes
Más allá de las especulaciones al respecto de un desacato de algunos frentes y columnas de las Farc frente a un eventual acuerdo de paz, un análisis desde las teorías del manejo y la resolución de conflictos armados permite entrever un aspecto verdaderamente novedoso. De ser ciertos los rumores acerca de una posible disidencia al interior de las Farc, las dos partes sentadas en la Mesa de la Habana tendrían que iniciar, desde ya, un proceso de refrendación interna de los acuerdos y del proceso mismo.
Por un lado, la Unidad Nacional del presidente Santos que ya enfila motores para lograr una reelección de su mayoría parlamentaria y presidencial, ha tenido ciertas dificultades para lograr los consensos requeridos, y meter el acelerador a fondo en la Habana. El Partido Conservador, que aún no decide si apoyar a Santos, a Oscar Iván Zuluaga o sacar un candidato propio, al igual que el tono ambiguo que da un Ministro de Defensa - con un talante propio del gobierno anterior- a los mensajes de paz del presidente, son claros ejemplos de una disidencia compleja al interior de una de la partes del proceso, que podría tener efectos determinantes en el desarrollo del mismo.
Por el lado de las Farc, se hace cada vez más explícito el reto de conjugar los diálogos de paz y los acuerdos a los que se ha llegado con una cohesión interna que les permita mantenerse vigentes como fuerza política en un escenario de posconflicto. Es natural que una organización de tipo marxista - leninista tenga un entramado complejo de toma de decisiones, seguramente con una comunicación lenta entre la Habana y las selvas del Caquetá. Sin embargo, esto también supone tensiones con respecto a un clivaje generacional, con una militancia de las Farc de carácter urbano que compone las estructuras propiamente políticas de esta guerrilla, y que por no haber combatido tiende a ser una militancia más radical y por tanto con una mayor incertidumbre en estos momentos. Incertidumbre posiblemente derivada del carácter liberal de los acuerdos en materia de tierras y de participación política, que ha llevado a muchos a decir que lo hasta ahora pactado se encuentra consagrado en su gran mayoría en la constitución de 1991.
Los efectos de una negociación en medio del conflicto.
En la medida en que la actividad armada y las acciones con explosivos se mantienen o incrementan dada la decisión de las partes de dialogar en medio del conflicto, se genera una escenario propicio para que la línea entre lo que es un acto ofensivo y uno defensivo se diluya, generando temores individuales o colectivos.
Estos temores conducen a que determinados sectores tanto de la clase política como de las FARC puedan llegar a oponerse al proceso o a un eventual acuerdo que deba ser refrendado. Por ejemplo, el incremento del reclutamiento forzado en las zonas de influencia de estas estructuras, la masificación de su entrenamiento en el uso de explosivos, así como su intención de aumentar su poderío militar, reflejan unos temores y una percepción de inseguridad de cara al proceso por parte de ciertos comandantes que consideran tener motivos para desconfiar de quienes dicen representarlos o del gobierno. Dichos temores pueden explicarse por un contexto en el que el primero de noviembre fue activada la “Fuerza de Tarea Júpiter” con un contingente de 9,600 hombres para el Caquetá, cuya misión principal es perseguir a “El Paisa” y su columna móvil, así como al Estado Mayor del Bloque Oriental del que hace parte “Romaña”. De otra parte, los grandes temores de los detractores del proceso se relacionan con el alcance de eventuales acuerdos en materia de justicia transicional y los posibles privilegios jurídicos a los que accedan los máximos responsables de las Farc, que supondría, según estos detractores, impunidad y consecuente imposibilidad de una reconciliación nacional.
La emergencia de esta lógica del Dilema de Seguridad obedece en gran medida a la decisión política tomada por el Gobierno Nacional de negociar en medio del conflicto armado. En efecto, las organizaciones humanitarias han venido manifestando su preocupación por el traslape de dos condiciones que aunque aparentemente opuestas hacen parte del contexto en el que se desarrolla la Mesa de la Habana .
Por un lado, tenemos un clima político pre-electoral crecientemente polarizado por el realineamiento de las elites tradicionales en torno a una eventual transición político económica, la cual podría significar una redistribución de capitales en disputa, como por ejemplo la tierra. Un contexto de opinión pública en el que quienes no padecen la guerra diaria lanzan las críticas más agudas y acuciosas contra el proceso de paz. Dicho escenario, propio de un país político, se contrapone con la geografía de la violencia y de las violaciones a los Derechos Humanos del país nacional compuesto por una serie de zonas para las que el proceso de paz no ha representado ningún alivio. Por el contario, pareciera que el uso de la fuerza por parte de los actores armados para presionar políticamente la mesa, ha traído a municipios como Tumaco, El Bagre, Miranda, Barrancas y Puerto Rico entre otros, un incremento de la violencia y las afectaciones contra la población civil. Tan solo en la ofensiva denominada “Octubre Negro” por parte de las FARC y secundada en Arauca y Norte de Santander por el ELN, la insurgencia realizó más ataques contra la infraestructura minero-energética que en cada uno de los meses del presente año, sin mencionar los paros armados recientes en Chocó, Antioquia y Arauca.
Sociedad Civil y medidas de construcción de confianza
Los dos objetivos principales de un proceso de paz son la solución de las incompatibilidades de fondo del conflicto, al igual que la reducción de la violencia armada. Si bien los acuerdos en materia agraria y de participación política pueden ser un indicio solido de la posibilidad real de solucionar las incompatibilidades de fondo del conflicto en Colombia, la dinámica sostenida de hostilidades contra la población civil supone un riesgo de consideración para el proceso.
La publicación de información de inteligencia por parte del Ministerio de Defensa, que como reconoció el propio Santos data de antes del proceso; así como la filtración por parte del Ejército Nacional de una información acerca de presuntos bombardeos contra la “Teófilo Forero” en los que se habrían encontrado varios computadores con supuestos planes para atentar contra altos dignatarios del Estado, porteriormente desmentida por el propio Comandante del Comando Conjunto Suroriente del Ejército , son las verdaderas amenazas al proceso de paz. Las únicas respuestas posibles a una lógica de Dilema de Seguridad por parte de la sociedad civil y de la Mesa de la Habana son las medidas de construcción de confianza.
En palabras de Peter Wallensteen, este tipo de dilemas de seguridad se manifiestan en el orden de las percepciones que cada actor tiene de sí y del otro por lo que podrían llegar a ser superados en escenarios en los que sea posible construir un acuerdo de tal forma que “nadie gana todo lo que se puede ganar; y nadie pierde todo lo que se puede perder”. Todo escenario de posconflicto implica importantes transformaciones políticas y de diseño institucional para cada una de las partes, de las que por lo general emergen nuevos liderazgos. Dicho proceso no está libre de tensiones, por lo que si bien cada una de las partes debe iniciar una dinámica de refrendación interna del proceso, la Mesa de la Habana no debe caer en la trampa de negociar una Paz que impida la emergencia de los liderazgos del pos conflicto. La paz como transición política, supone un depuración de cada una de las partes del conflicto, de donde se deriva que la participación más significativa de la sociedad civil en la Mesa de la Habana, sea a través de un empoderamiento en la agenda, que permita aumentar el capital político de la paz de forma tal que cada vez sea más costoso oponerse a una terminación del conflicto armado.
Foto Portada: El Espectador
