De acuerdo con la legislación colombiana de alianzas público privadas (APP), las entidades públicas deben registrar en el llamado Registro Único de APP (RUAPP) los proyectos que se encuentran en trámite, así como su progreso, y deben hacer constar, asimismo, los proyectos que han sido rechazados.
Hemos consultado ese RUAPP para buscar qué hay sobre el Galeón San José (GSJ), pero no localizamos nada con ese nombre; sin embargo, encontramos tres misteriosos proyectos relacionados con patrimonio subacuático, presentados ante el Ministerio de Cultura, y que podrían referirse al barco emblema de la flota española, hundido por los ingleses en junio de 1708 muy cerca de Cartagena de Indias.
El primero de los tres proyectos, sin autor conocido, fue radicado el 6 de octubre de 2014, y fue denominado “Operación Galeón Misterioso”. Buscaba ejecutar un proyecto de arqueología para el desarrollo de alguna de las cuatro actividades subacuáticas que permite la ley en esta materia: exploración, intervención, aprovechamiento económico y preservación (art 4, Ley 1675/12). El proyecto fue rechazado por el Ministerio, sin que se conozcan las razones de la decisión ni quienes fueron los damnificados.
El segundo es el denominado “Proyecto de arqueología subacuática”, radicado mes y medio después, el 24 de noviembre de 2014, que igualmente propuso el desarrollo de alguna de las varias actividades subacuáticas permitidas. Este proyecto, según el RUAPP, se encuentra en etapa de prefactibilidad. Tampoco tenemos idea de sus dueños.
Una tercera iniciativa radicada el 29 de enero de 2015, pretende también ejecutar un plan de arqueología subacuática denominado “Proyecto MAC”. Según el RUAPP, este proyecto se encontraría también en etapa de prefactibilidad, aunque hay indicios de que puede estar más avanzado.
Hablar del proceso contractual para el salvamento del GSJ resulta aventurado, pero hablar con certeza es imposible.
Esa incertidumbre se explica por el sigilo extremo del proceso: Si bien la Ley 1675/13 había establecido una reserva de la información relacionada con “la ubicación material de los elementos del Patrimonio Cultural Sumergido”, el Instituto de Antropología (ICANH), en una decisión que excedió sus funciones y arrojó un manto de dudas, resolvió poner bajo reserva general absolutamente toda la informacion y los documentos relacionados con patrimonio cultural sumergido (no sólo la ubicación material), privilegio de secreto que extendió a entidades públicas o privadas implicadas en la intervención de patrimonio sumergido (Res. 114/15).
Una norma administrativa concomitante (Decreto 1080/15) añadió que las imágenes de patrimonio sumergido “serán manejadas de manera restrictiva” por el ICANH y la Dimar.
Al margen de la arbitrariedad de esa reserva de información, se puede intentar especular sobre la evolución del proceso contractual para el rescate de la carga del GSJ tomando en cuenta las declaraciones de funcionarios, comenzando por las del presidente Juan Manuel Santos, ofrecidas el 5 de julio de 2017 en Cartagena.
Santos confirmó que el Gobierno recibió una propuesta de APP que busca,
sin recursos públicos, desarrollar un “proyecto científico” para la recuperación del GSJ.
Y aseguró que “se trata de un inversionista que se acoge a nuestras condiciones”
Santos confirmó que el Gobierno recibió una propuesta de APP que busca, sin recursos públicos, desarrollar un “proyecto científico” para la recuperación del GSJ. Y aseguró que “se trata de un inversionista que se acoge a nuestras condiciones”. (Tomado del Ministerio de Cultura, ver).
El 14 de julio siguiente, en el auditorio del Museo Naval en Cartagena, se llevó a cabo una audiencia pública en la que se presentarían los términos de la misteriosa APP, cosa que no ocurrió, como tampoco se conocieron los datos de su originador, lo que rápidamente se interpretó como una constancia vacía y una pantomima para dejar en el ambiente una idea de publicidad.
A continuación, el 20 de julio, la ministra de Cultura dio a conocer que en la semana que seguía se emitiría “la aprobación de la APP […] y será radicada en el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional”, de lo que se desprende que uno de los proyectos que venían en prefactibilidad avanzó a factibilidad en fecha desconocida (y sin que la novedad hubiera sido registrada en el RUAPP), lo que implica que el Gobierno tienen ya una oferta preferida, y que ahora lo que falta, según el esquema de APP, es el aval fiscal del MinHacienda y del DNP.
Ese aval fiscal podría darse en nuestras cuentas de septiembre a diciembre de 2017, dependiendo de la prisa que quiera imprimir este Gobierno para adjudicarlo antes de irse.
Pero la cosa no va a estar fácil, porque el aval fiscal es sólo un hito del camino. La Ministra, en sus declaraciones del 20 de julio, también dijo que “se publicará la información para recibir ofertas adicionales o diferentes a las que ya se recibieron”.
Para recibir esas ofertas, resulta necesario levantar la confidencialidad del proceso, de modo que los competidores del originador puedan conocerlo y de modo que estén en condiciones de presentar sus ofertas. Y esa confidencialidad en definitiva se debería levantar cuando se tenga el aval fiscal, que, como se dijo atrás, ocurrirá entre septiembre y diciembre próximos.
Pero luego de eso, vendría un trámite en el Consejo de Ministros, así como la publicación de la iniciativa privada, los estudios, la minuta del contrato que se pretende suscribir con el originador, sus anexos, el pliego de condiciones, etc., que, si no hubiera manifestación de terceros interesados en ofertar, se suscribiría de inmediato. En el mejor de los casos, la adjudicación en estas condiciones debería estar ocurriendo en marzo de 2018 en plenas elecciones parlamentarias.
Pero: ¿Qué pasaría si terceros interesados se presentaran a competir con el originador? Si así fuera -y se escuchan rumores de empresas que vienen preparándose para ello-, la adjudicación al ganador no ocurriría en marzo, sino en mayo, junio o julio de 2018, durante las elecciones presidenciales, en las narices de un nuevo gobierno.
La anterior es, pues, nuestra teoría del cronograma contractual secreto para adjudicar el rescate del GSJ. El originador podría ser tanto “Proyecto MAC” como “Proyecto de arqueología subacuática”. Y alguno de estos proyectos está relacionado con Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), que aparecieron de la nada apoyando el rescate y de la que se dijo hace unos días que eran los verdaderos “descubridores” del GSJ, a despecho del Gobierno que afirmó haberlo encontrado con apoyo de la Armada en noviembre de 2015, y a despecho de Sea Search Armada (Glocca Morra) que denunció el hallazgo en 1982, y que tiene a su favor ni más ni menos que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
P. D. Otros líos se podrán abordar en futuras columnas. Por ejemplo: ¿Podrá el Gobierno adjudicar una APP cuyo objeto consista en un hallazgo denunciado ya, y remunerada con un porcentaje de la carga, cuando el tesoro denunciado tiene dueño?
