Los colombianos debemos aprender que con la firma del proceso de Paz, no vamos a alcanzar en un solo día la tranquilidad que por tantos años hemos anhelado y soñado; para alcanzarla plenamente debemos comenzar por hacer mayores esfuerzos para atemperarnos internamente y mejorar nuestra relación en los hogares, con los vecinos de barrio, en las calles y caminos, en las oficinas y lugares donde nos relacionamos.
Durante esta fase de aprendizaje, el gobierno nacional debe expresar a la opinión pública sus ideas con mayor claridad, transformar su lenguaje dubitativo que confunde, matizar las contradicciones de quienes lo representan, terminar con las peleas intestinas de sus funcionarios, arrancar con sus reformas y usar más la diplomacia con la oposición; es decir, alinear su lenguaje y sus acciones frente a las expectativas que tenemos los colombianos.
Al gobierno lo abriga su legítimo derecho de reelegirse y dar continuidad a sus políticas, pero también lo asiste la obligación de revisar su agenda de seguridad y defensa nacional, no solo estableciendo las estrategias para enfrentar los nuevos desafíos, sino construyendo los mecanismos que atenderán esa agenda: el narcotráfico, la criminalización de los frentes de las Farc que no se desmovilizan, la delincuencia organizada y el delito callejero en todas sus expresiones.
Las Farc tendrán garantías para lanzarse abiertamente sobre la arena política, pero deberán transformar hacia la legalidad a su PC3 (Partido Comunista Clandestino), que desde ahora comenzó a asomarse en las primeras regiones del posconflicto; en Montes de María, campesinos ayudados por programas de gobierno comenzaron a expresar sus afanes y temores, por la manera como les piden que se incorporen a sus doctrinas.
Desde otra orilla, los colombianos no pueden perder de vista que el narcotráfico creó dentro de buena parte de esta generación, más débil en principios y valores, modelos equivocados de vida: implantó la cultura de ganarse la vida mediante mecanismos fáciles, penetró las guerrillas, alimentó paramilitares, hizo metástasis con un modelo “sicarial” que se enquistó en campos y ciudades, usó los cuerpos de las mujeres, corrompió a la política y organismos de seguridad del Estado; esos fantasmas seguirán vivos en la sociedad colombiana.
El papel de la Fuerza Pública no cambiará a lo establecido por la Constitución Nacional, pero implica nuevos desafíos y, entre estos, la responsabilidad de coadyuvar a que la política pública transforme los territorios, contribuyendo al mantenimiento de la paz interior.
Las fronteras del país deben protegerse aún más por las Fuerzas Militares, ya que son espacios históricamente permeados por el narcotráfico, el contrabando, las armas ilegales, los bienes comunes como el licor y el tabaco; fronteras inestables como la de Venezuela y Nicaragua requieren de fuerzas de cobertura que garanticen los derechos en esos territorios.
Opiniones de sectores que desconocen un tanto el sector defensa han generado expectativas equivocadas al señalar que en un escenario de transición hacia la construcción de la Paz, la Fuerza Pública radicalmente debe sustraerse de algunas de sus capacidades y reducirse sustancialmente en número de efectivos.
Los batallones fluviales y de selva podrían ayudar a desarrollar economías rurales y el transporte de la producción agropecuaria campesina; contribuir con la protección de los parques y recursos naturales; los batallones terrestres como puntas de lanza para consolidar la economía, las fronteras, la infraestructura clave y la riqueza energética del país.
Sobre fuertes y cantones se pueden concentrar las capacidades de los ejércitos de tierra, mar y aire, junto con la policía nacional, para usarlas racionalmente y repartir las responsabilidades y demandas del posconflicto; las bases mixtas facilitarían complementariedades y reducción de costos; las fuerzas especiales entrenándose para enfrentar a los nuevos desafíos y toda la Fuerza Pública contribuyendo a la consolidación de la Paz, en unión con la ciudadanía y con un estado más cerca de sus ciudadanos.
El país va a requerir apoyo directo del sector defensa para proteger infraestructura estratégica y para protegerse de las nuevas redes criminales que surjan de las disidencias de las Farc, que intentarán ejercer el control de las economías ilícitas. La amenaza no desaparece al terminar el uso de la marca Farc.
La Fuerza Pública por su experiencia puede asumir estos nuevos roles dentro del territorio y en escenarios internacionales contribuyendo en misiones de mantenimiento de paz, cooperando con países centroamericanos, o desde sus lecciones aprendidas como es el caso de la policía colombiana, que ha jugado un papel importante, aportando a la política de lucha contra las drogas en México.
Son ejemplos de los nuevos roles de nuestra Fuerza Pública, que mucho bien hará para la consolidación de la paz y al desarrollo del país, sobre aquellas regiones donde no debe existir nunca más guerra, ni control ilegal del territorio; deben quedar atrás las enormes brechas , y la pobreza extrema a causa del abandono estatal.
