La cárcel de San Isidro está que revienta. Hace unos días hubo una riña colectiva y un recluso resultó muerto. Esta es una crisis carcelaria, pero una crisis que permanece en el tiempo. Normal que se acaben matando, cuando cada preso solo dispone de unos pocos metros para medio vivir. Hay luchas territoriales constantes en todos los centros carcelarios del país.
El delegado de asuntos carcelarios y las directivas del Inpec luchan cada día para que el Gobierno reduzca el número de internos. Imploran la colaboración de los jueces de ejecución de penas, y los que tienen que ver con beneficios y libertades. Se sienten complacidos porque en el transcurso del 2017 se ha logrado reducir el número de internos de 3 mil a 2600.
Es decir que en el Inpec hacen fiesta cada vez que dejan libre un montón de delincuentes. Si por ellos fuera ojalá que no les mandaran a nadie. Por otra parte tienen razón, es imposible controlar la situación con un hacinamiento tan dramático. Lo raro es que no hayan más motines ni muertos en las cárceles.
Sin embargo, al otro lado de la barrera, está la Fiscalía General de la Nación. El fiscal considera nefasta la Ley de Excarcelaciones, en la lucha contra la criminalidad. Miles de presos investigados por delitos sexuales, extorsión y secuestro son puestos en libertad por vencimiento de términos.
Hace poco el mismo Presidente dijo que la solución no era construir más cárceles, si no hacer más eficiente el sistema de justicia, con penas más flexibles, más programas de resocialización, más oportunidades a los liberados. O sea nada. Pajarilla. Lo que quieren es quitarse el chicharrón de encima, evitarse el gasto de más centros penitenciarios, y listo. La solución fácil.
Y quién paga toda esta política irresponsable, quién sufre a los antisociales y criminales que andan sueltos por las calles. Díganmelo ustedes mismos.
