Muchos colombianos y otros ciudadanos de diferentes partes del mundo recuerdan con gran dolor la masacre de Mapiripán. Esta ocurrió entre el 15 y 20 de julio de 1997, y tuvo como resultado el asesinato de aproximadamente 49 personas. El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pagarle a cada una de las víctimas, o a sus familiares, según el caso, ciertas sumas que la misma Corte, determinó en dólares (sentencia “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, 2005).
En la masacre de Mapiripán, y según la misma sentencia de la Corte IDH, se relata lo siguiente:
"Los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 21 de julio de 1997, lapso durante el cual impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio, y torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare (...); además, una vez concluida la operación, las AUC destruyeron gran parte de la evidencia física con el fin de obstruir la recolección de la prueba" (“Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, 2005, p 12).
En septiembre de 2006, siendo congresista, Gustavo Petro realizó un debate de aproximadamente 33 minutos sobre la masacre. En este se dirigió especialmente al presidente Santos, quien para la época era ministro de defensa, y al vicefiscal de la misma época, Jorge Armando Otálora. Posteriormente, el 4 de agosto de este año, Petro hizo una publicación en Facebook de dicho video, donde se refería a Mapiripán, suceso en el que fueron secuestradas, llevadas al matadero (que se había acondicionado) y asesinadas un grupo de personas.
Por medio de un video de Jóvenes Geoproducciones, Petro mostró varios testimonios en donde se pudo evidenciar lo ocurrido en esa masacre y en el caso del general Rito Alejo del Río. El primero de los testimonios es el de Monseñor Correa Yepes, donde aduce que uno de los grupos de las AUC pasó por un punto de control militar, conocido como el Barrancón, donde se encontraban 834 hombres de la II Brigada móvil, 136 de infantería de Marina y 130 de la escuela fuerzas especiales.
En el video que muestra Petro se da a conocer el segundo testimonio del paramilitar confeso Edison Londoño Niño, quien dijo lo siguiente: “Yo fui con Rene hasta el Barrancón, íbamos armados y él se bajó y habló con un sargento creo, y nos dejaron seguir sin registrarnos y sin nada”, dicho testimonio, también figura en la sentencia “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia de 2005.
Igualmente, Gustavo Petro, por medio del mismo video, explica la inocencia del general Uscáteguí debido a que, para esos hechos, el general, tenía bajo el mando la VII Brigada y no la II Brigada, encargada del Batallón Joaquín París, con jurisdicción en Mapiripan, la cual estaba bajo mando del coronel Hernán Orozco Castro. Este último fue condenado a 40 años como reo ausente por haberse asilado en Estados Unidos con ayuda de una ONG, con la condición de atestiguar contra el general Uscátegui.
Petro indica que varios funcionarios públicos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se confabularon, contradiciéndose en sus testimonios, con el fin de poder condenar al general Jaime Uscátegui y así dejar en la impunidad al general Rito Alejo del Río convenientemente, quien era el comandante para la época de la XVII Brigada, donde salieron los aviones con paramilitares de los aeropuertos oficiales del Estado colombiano, escoltados por militares según testigos. Aunque en el mismo debate, Petro mencionó a otros implicados, dejados por fuera de la investigación de la masacre, por lo que solicitaba que fueran vinculados a la misma.
Según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, se describe lo siguiente sobre el mando de las brigadas:
96.24 En el año 1997 el municipio de Mapiripán se encontraba bajo la jurisdicción del Batallón “Joaquín París” de San José del Guaviare, el cual estaba adscrito a la VII Brigada del Ejército Nacional de Colombia, con sede en Villavicencio. Existía una tropa denominada Brigada Móvil II que estaba adscrita al Comando de Operaciones Especiales de Contraguerrilla. En julio de 1997 la VII Brigada del Ejército estaba bajo el mando del General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, la Brigada Móvil II se encontraba al mando del Teniente Coronel Lino Hernando Sánchez Prado y el Batallón Joaquín París de San José del Guaviare estaba al mando del Coronel Carlos Eduardo Ávila Beltrán. No obstante, del 8 al 19 de julio del 1997 el entonces Mayor Hernán Orozco Castro estaba al mando del Batallón “Joaquín París” de San José del Guaviare, ya que suplía al Coronel Carlos Eduardo Ávila Beltrán, quien se encontraba de vacaciones (“Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, 2005, p. 44).
Dentro de la misma sentencia de la Corte IDH, el peritaje que realiza Robin Kirk, profesional en derechos humanos, dice lo siguiente:
Según la perito existen oficiales militares que no han enfrentado a la justicia, entre quienes se encuentran el Coronel Carlos Ávila, comandante del Batallón Joaquín París, el General Rito Alejo del Río, Comandante de la Décimoséptima Brigada y el General Agustín Ardila, comandante de la Cuarta División al momento de los hechos (“Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, 2005, p. 27).
Lo anteriormente expresado en la sentencia, coincide con lo que Petro, quiso demostrar, ante el Congreso y la opinión pública colombiana en 2006.
Con respecto a la investigación del general Rito Alejo del Río, este fue condenado por el juzgado 8 especializado de Bogotá por permitir que en el mes de febrero de 1997, en el poblado de Bijao (Cacarica Riosucio Departamento del Chocó), fuera ultimado Marino López Mena por miembros del grupo de autodefensas que operaban en la región; la víctima fue degollada, luego desmembrado su cuerpo y por último los autores materiales se dedicaron a jugar balón pie con su cabeza (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal n ° 33719 de 15 de Marzo de 2010).
Me causó tal aberración el hecho de que en dicha sentencia al general del Río, por hechos ajenos a la masacre de Mapiripán, se haya mencionado, que, paramilitares asesinaron a Marino López Mena, y además ¡hayan jugado balón pie con su cabeza!, lo cual sucedió de similar manera, según una parte de la sentencia de la Corte IDH, “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, en la que en uno de los testimonios de la víctima Nadia Mariana Valencia Sanmiguel, hija de José Rolan Valencia, dijera lo siguiente: Nunca vieron muerto a su padre, pero la gente les contó que “lo habían degollado, habían jugado fútbol con la cabeza […], y que su cabeza estaba a diez metros del cuerpo” […] (“Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, 2005, p. 23).
En relación con el caso del general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, en primera medida, el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, mediante sentencia de 28 de noviembre de 2007, absolvió al brigadier general del Ejército Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, sin embargo, el 23 de noviembre de 2009, el Tribunal Superior de Bogotá, revocó esta decisión y le impuso condena de 40 años, (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP 7135-2014, Radicación 35113), posteriormente, fue reducida a 37 años. Juan Manuel Santos, ministro de defensa en ese entonces, dio el siguiente testimonio en favor del general: "Uscátegui no tenía responsabilidad o mando operacional en las tropas de Mapiripán" certificación que firmó el mismo Santos, asegurando que, para el momento de la masacre, el Batallón París, (que según todas las investigaciones colaboró con los paramilitares que llegaron desde Urabá), no dependía de Uscátegui sino de la II Brigada Móvil, con sede en San José del Guaviare (El Tiempo, 2013). Actualmente Uscátegui, cuenta con libertad, gracias a que se acogió en mayo de este año a la JEP.
Lo anterior confirma, lo mismo que Petro mediante el debate ante el Congreso en 2006, demostró, ante los congresistas.
En la sentencia de la Corte según lo descrito anteriormente, se concluye, lo siguiente:
La incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto minuciosamente planeado desde varios meses antes de junio de 1997, ejecutado con previsiones logísticas y con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército. (...) Las autoridades tuvieron conocimiento del ataque perpetrado contra la población civil en Mapiripán y omitieron adoptar las medidas necesarias para proteger a los miembros de la comunidad (“Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, 2005, p.11).
De esos análisis del debate de Petro y de la sentencia “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia y de las dos sentencias condenatorias a los generales, me surge una pregunta, y es, ¿en aquella época de guerra, todos los criminales se dedicaban a jugar fútbol con las cabezas de las personas que asesinaban? Me causa curiosidad cómo, de forma similar, se menciona el mismo “juego de fútbol con cabezas” en las dos sentencias condenatorias. Así pues, si es como figura en el video que muestra Petro, no entiendo cómo el general del Río es condenado por omisión del asesinato de Marino López Mena en febrero de 1997 y no por la masacre ocurrida en julio del mismo año.
A pesar de que la condena al general del Río no tiene que ver con la masacre de Mapiripán, según un artículo de El Espectador: de acuerdo a un documento elaborado el pasado 19 de julio de 2017 por la Fiscalía 28 Especializada de Derechos Humanos se confirma que del Río fue vinculado formalmente a este expediente y que fue citado a indagatoria, la cual se llevará a cabo el próximo 22 de agosto a las 9 de la mañana, en el Centro de Reclusión Militar Batallón de Policía Militar n ° 13, donde actualmente cumple su condena (El Espectador, 23 de julio de 2017).
No obstante, en mayo del presente año, de acuerdo con una investigación realizada por la Fiscalía, desde la masacre de Mapiripán, se judicializaron un total de 12 personas que se hicieron pasar por falsas víctimas, por las que el Estado debió pagar una indemnización aproximada de 7000 mil millones de pesos. Según la misma Fiscalía, este sería el cierre definitivo del caso de las falsas víctimas (El Tiempo, 23 de mayo de 2017).
Por otra parte, y según los documentos analizados, nunca se pudo constatar con certeza el número determinado de víctimas, por el hecho de no encontrar muchos de los cuerpos, debido a que durante los mismos días que duró la masacre y según la sentencia de la Corte IDH, y como se mencionó en uno de los apartes anteriores, fueron eliminadas la mayoría de las pruebas, del asesinato de estas personas. Adicionalmente, figura un informe posterior de la Fiscalía, donde se habla de 77 víctimas, aun así y en definitiva no se ha podido conocer con exactitud el número exacto de asesinados.
Finalmente, después de ese debate, Gustavo Petro, como senador, deja un precedente por su insistencia en la investigación de la masacre de Mapiripán y la importancia que le da a la misma para exhortar a la Fiscalía que ahonde en las respectivas investigaciones y dé a conocer a las víctimas de la masacre y en general a la opinión pública colombiana cómo fue amañada toda la operación, debido a tantas incongruencias, para que paramilitares custodiados por militares de la fuerza pública colombiana, cometieran tal masacre, en dónde Petro, asevera que Uscáteguí fue culpado injustamente según las pruebas. Puede haber mucho de cierto en ello, sin embargo, según los documentos leídos y analizados, no se puede establecer con una veracidad absoluta la inocencia de Uscátegui, habría que hacer un análisis más profundo para no caer en suposiciones.
