Se supone que en las funciones y, por las funciones estatales, los mandatarios imprimen carácter al gobierno, se hacen notorios y, hasta pueden escribir un párrafo de la historia nacional. Se supone que se les ha confiado la guarda de una misión que, al desarrollarse, tiende a realizar los fines del Estado. Se supone que existe un mandato que no puede y no debe ser transgredido u omitido por el trabajador oficial, al paso que de hacerlo, se ve abocado a consecuencias disciplinarias y, hasta penales. Se supone que los encargos estatales, las funciones, son taxativas y que en ningún caso se pueden realizar por capricho, por suspicacia o por la mera iniciativa personal, así sea ella muy loable. Se supone que en la ejecución de los encargos oficiales se cuenta con límites y en ello, un control tanto jurídico —entiéndase disciplinario o penal—, como político que, según la Constitución, es de la esencia del quehacer de la oposición o la postura diversa; se perfila como el simple examen de la conducta pública de los operadores o de la realización de los programas gubernamentales —propuestas que fueron objeto de elección de esos mismos funcionarios para regentar el establecimiento—; gestión, en fin, que permite e invita a lo que se denomina el ‘control político’. Todo ello se supone.
Y, se supone (¿?)…, se da por descontado; lo afirmado no es una idea romántica ni de soñadores, son mandatos, órdenes constitucionales, garantías ciudadanas y, por supuesto, fundantes principios de democracia. Es el juego de las funciones, de los mandatos y del control.
No por poco se acepta que los funcionarios públicos gozan de visibilidad general, están en vitrina, en prueba de sus habilidades, de sus ejecutorias; allí, en el reconocimiento público, positivo o, negativo.
Todo se encuentra diseñado: las funciones, las responsabilidades y, en caso de omisión o de extralimitación, el examen jurídico y el político. Al examen jurídico no entraremos, pues sus elementos, de especial consideración y de normativa evaluación, corresponden a los organismos especiales, a fiscales y a jueces de la República.
Reflexionemos sobre el examen político, el control político, pues parece que hacerlo no solo es impopular sino que para algunos, raya en la insolencia y apresura la respuesta satírica, obcecada[1] y, hasta violenta; si se convierte todo el debate, cuya naturaleza es democrática, en refriega, guerra personal, se caerá en el concepto de enemigo; ahhh!!! y, sus consecuencias. Entremos en corrección:
El control político puede y debe ser formal e informal, por así decirlo. Formal, cuando se realiza por parte del Congreso de la República que, en veces comienza en la mera sesión o debate hacia la información, la ilustración, la revisión de los avances a los compromisos estatales, pero que puede llegar hasta una moción de censura que, por su alcance y gravedad, se encuentra totalmente reglada en la Constitución y la ley; decimos gravedad ya que el debate puede llevar a la remoción del trabajador: un juicio de cuentas. Ahh, a propósito, ¿esa norma está vigente? Nunca se ha podido aplicar y, la razón… (¿?)
¿Cómo impedir a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los partidos políticos, a la sociedad organizada, que realicen un juicio, ofrezcan un parecer sobre los quehaceres públicos? ¿De dónde acá, un funcionario se muestra sin relación o respeto por la opinión ajena sobre su desempeño? El disentir, el cuestionar es un derecho ciudadano, un derecho político utilizado en todo régimen, ¡aún más hoy cuando existe una democracia participativa! Impensable la objeción. Se trata de una mirada en blanco y negro a la gestión pública y, cuando se dice gestión pública es por la razón elemental de estar administrando la ‘cosa’ de todos y, no la simple administración de un negocio particular. La diferencia surge entre una hacienda, una finca de propiedad de alguien y la Hacienda Pública que es del Estado todo y, allí de sus ciudadanos.
Y, en vez de lograr satisfacción o, por lo menos, explicación fundada al común, sea quien sea el ciudadano, se responde con ataques personales y, hasta —parece— con invasión a los espacios personales y privados de quien pregunta y cuestiona. Empero, a los requiebros, preguntas e inquietudes: ninguna respuesta, ningún argumento. Y, ello, ¿en una democracia de participación?
Se entiende que los ánimos se están calentando y que las ideas no fluyen como la antorcha que ilumina, sino como la tea que incendia, en momentos de incipiente lucha por el poder, en las vísperas electorales.
Mucho sería de interés que los funcionarios desarrollen sus mandatos, que funcione el control, obvio, sin la receta de la Procuraduría que desea un gobierno a escondidas; que el control sea la vara de medición, de obligada rendición de cuentas. Que las funciones estén en las posturas públicas y, que por supuesto, los avances en la gestión estatal estén en el orden del día sin molestia por la evaluación, en democracia y cosa pública. No caben hoy la pequeña vanidad personal, ni la afrenta personal.
