Luego se acordó un arriendo temporal de tres meses, alimentación y el compromiso de reubicar escolarmente a 22 menores que estudiaban en el colegio Marco Fidel Suárez.
La situación actual de todas las familias es diferente porque algunas arrendaron inmediatamente y se les venció el plazo de los tres meses, algunos están a la espera de que se les venza el tiempo y siguen esperando alguna notificación de la Alcaldía de Medellín para saber qué decisión piensan tomar.
Elena Mallares quien tiene a cargo cinco hijos se fue a vivir al sector de El Picacho donde no tiene empleo y está a punto de vencérsele el período de arriendo.
“La lucha es para que se dé una prórroga de arriendo indefinido porque muchos están por su cuenta. Una sin trabajar y sin tener con que darle de comer a los niños, si les da desayuno no hay almuerzo o es la misma situación, si hay almuerzo no hay para darles algo en las noches. Estoy en un desespero porque los tengo prácticamente sin comida y la solución de la Alcaldía hasta el momento es ninguna. Cuando se cumplan los tres meses ellos ya no tienen más compromiso con nosotros, nos dejarían en la calle y punto”, aseguró la madre de los cinco hijos.
Xiomara Quinchía quien hace parte de la comunidad de los Ranchitos manifestó que durante cinco años estuvieron enviando solicitudes y derechos de petición a la Administración Municipal para concertar una solución, por eso se cuestionó: “¿Cómo pretenden después de tres meses tirarnos a las calles? Sin más ni menos ¿Qué va a ser de todas estas familias? Y ¿qué va hacer de todos estos niños?” inquirió.
Según esta lideresa, muchas familias están de arrimadas en la Iguaná, hay otras que son adultas mayores que están divagando en las calles, pero no los han podido encontrar. Incluso, gente de la comunidad cuenta que los han visto en el centro con las maletas en la mano.
“En la última reunión Luis Bernardo Vélez nos dice que esto se le sale de las manos que el alcalde debería dar respuesta que es quien asumió el compromiso con ellos. Al señor alcalde se le ha pedido una reunión por medio de un derecho de petición, pero no ha dado ninguna respuesta” aseguró Quinchía que es quien ha venido liderando este proceso.
Esta comunidad interpuso una acción popular que falló a su favor, la cual le ordena al municipio de Medellín darles subsidio de vivienda en vez de subsidio de arriendo. La juez le dio dos meses a la Alcaldía para responder, mientras tanto, las familias están a la expectativa de su paradero.
Pese a que en varias oportunidades intentamos contactar al gran concejal en ese entonces, Luis Bernardo Vélez, quien defendía a las comunidades vulnerables, ahora que oficia como secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos es el verdugo de estas comunidades a las que no les da respuesta, como a este medio alternativo.
