Es absolutamente necesario y urgente plantear un debate de fondo sobre la libertad de prensa pero también sobre la ética de los medios de comunicación. Lo sucedido con nuestra colega Gina Rojas, a quién los directivos del periódico el Extra le solicitaron la renuncia por no publicar semanalmente un artículo en favor del gobernador Carlos Amaya, ha evidenciado la relación perversa entre los gobiernos de turno y los medios de comunicación, que en realidad son empresas.
No es un secreto para nadie, que los medios de comunicación han sido denominados como el cuarto poder. Desde los medios se juzga, labor que corresponde a la rama de la justicia, se pretende gobernar con titulares de prensa y escándalos mediáticos, desde los medios se ejerce una presión indebida a los gobernantes de turno, según el monto de la pauta y los contratos se habla bien o mal del gobierno. Gina afirma en su comunicado: “Meses atrás la orden fue atacar al gobierno de Amaya y no darle oportunidad de defensa”. Deleznable actuación de estos mercenarios de la información. Quienes instrumentalizan a los periodistas no son los gobiernos, son los dueños de los medios que a expensas del trabajo nuestro pretenden actuar como extorsionistas de los políticos.
Los periodistas tenemos una enorme responsabilidad social, en ningún caso podemos informar a la opinión pública desde la suposición, en este caso en particular no existe ninguna prueba de que el gobernador Amaya haya tenido injerencia en la decisión del dueño del Extra. En ningún caso quiero defender al gobernador, quiero ser categórica en afirmar que quienes formamos opinión pública no podemos informar desde suposiciones.
En la rueda de prensa vi a los políticos oportunistas de Cambio Radical y el Centro Democrático, obvio detractores políticos de Carlos Amaya, quienes instrumentalizan el hecho de endilgarle la responsabilidad no probada al gobernador en favor de sus intereses electorales. Este es el peligro de hacer afirmaciones no probadas, terminan sirviendo a intereses particulares y desinformando a la opinión pública. La obligación del periodista es mostrar los hechos de forma veraz y respetar a los ciudadanos permitiendo que formen su propio criterio.
Los periodistas no podemos “sembrar minas” para las próximas elecciones, no podemos seguir denunciando sin dar nombres propios y pruebas de aquello que pretendemos informar a la opinión pública. Hay unos imperativos éticos en nuestra profesión que no son renunciables. Esta violencia mediática que se ha desatado en las redes sociales en contra del actual gobierno departamental y que ha tenido eco en la prensa local, no contribuye a la paz, ni a la democracia. Debemos hacer investigaciones juiciosas de las actuaciones del gobierno y denunciar lo que haya que denunciar. He visto ataques sistemáticos y viscerales en contra de Amaya de antiguos funcionarios del gobierno de Juan Carlos Granados, yo los invito si su interés en realidad es la moralidad y la transparencia a que hagamos una investigación juiciosa de ambos gobiernos y contribuyamos de esa manera a derrotar la corrupción, a formar ciudadanía y a construir democracia. William Hazlitt decía: “Las antipatías violentas son siempre sospechosas”
