El pasado mes de julio, después del marcado fin de las Farc como grupo armado, conocimos por parte de la Procuraduría General de la Nación, el marco de un encuentro de víctimas, que este grupo armado no ha devuelto la totalidad de los niños reclutados, después de que hiciera el anuncio de no reclutar más menores.
El Acuerdo de Paz firmado entre las Farc y el Gobierno debe cumplirse a cabalidad. Todos los colombianos estamos a la expectativa de que haya sinceridad, especialmente en los temas que tienen que ver con el futuro del país, nuestros niños. Es inaceptable que sigan habiendo denuncias de reclutamiento forzoso de menores y que incluso el procurador Fernando Carrillo advierta que “las disidencias siguen llevándose a niños y jóvenes”.
Aún con el fin del conflicto armado en Colombia, la realidad continúa siendo que la desaparición de niños y adolescentes, un fenómeno que por años ha causado dolor e incertidumbre en miles de familias, no ha terminado.
Las cifras de Medicina Legal revelan que entre enero del 2014 y mayo del 2017, se perdió el rastro de 24.378 personas entre niños, jóvenes y adultos. Según el Observatorio de esta entidad hay un promedio de 18 desaparecidos por día. Sin embargo, lo más preocupante es que según los registros del Observatorio de este instituto en su mayoría los afectados son los niños entre 10 y 17 años, puesto que por cada 10 desaparecidos al menos cuatro son menores de 18 años.
En los últimos tres años, 9.548 niños y adolescentes fueron declarados desaparecidos. En el 2016 la cifra fue de 2.788 (de los cuales aparecieron 1.329 y no se sabe nada de 1.459) y a mayo de este año ya se registran 1.041 casos (casi 7 por día) en los que se desconoce el paradero de esos jóvenes.
Como ciudadanos le hacemos un llamado al gobierno en materia de seguridad. El Estado debe responder por el paradero de nuestros niños a sus familias. La paz del país no implica únicamente la desaparición de la confrontación armada, también requiere marcar el principio de una nueva era de la seguridad en todos los aspectos. El riesgo de aparición de una disidencia se debe contrarrestar con el cumplimiento a cabalidad de todo lo pactado.
El gobierno debe explicar cuáles son las causas de este fenómeno, exigir que las Farc entregue la totalidad de los menores y garantizar la protección de los niños del país. No debe olvidarse que esta clase de reclutamiento es delito de lesa humanidad, por lo tanto, no puede pasar de agache en la justicia transicional, ordinaria ni ninguna otra. Una Colombia en paz es una Colombia con niños libres y seguros.
