Proponer la intervención armada como solución a las problemáticas sociales de la comunidad es una medida que a pesar de los grandes errores que trae consigo sigue siendo una alternativa para muchos políticos. Esa fue la propuesta del concejal de Medellín Ricardo León Yepes para solucionar el complejo contexto del corregimiento de Altavista. Aunque no deja de extrañar su poca capacidad reflexiva frente a los resultados de dichas intervenciones militares, se hace menos sorprendente si se concibe a dicho concejal como representante del partido Cambio Radical, un partido político que emerge con una nueva etiqueta en la defensa de posturas tradicionales de corte conservador.
A propósito de la propuesta de dicho concejal de realizar una operación similar a la realizada en la Comuna 13 de Medellín, en el año 2002, titulada operación Orión, surge la necesidad de exponer un compendio de argumentos que evidencie la miopía de dicho político. La operación Orión se ha convertido en un episodio que ha marcado la vida de todos los habitantes de la Comuna 13. La ejecución de dicha estrategia militar, entre el 16 y 22 de octubre, nos permite en la actualidad recordar este evento de múltiples maneras. Para muchos la operación Orión se resume en una visita a la escombrera donde las posibilidades de encontrar los restos de algún familiar son remotas. Para otros, consiste en visitar una tumba donde se inmortalizaron los recuerdos de un hijo, un padre, una madre o un hermano. En el mejor de los casos recordar la operación Orión es recapitular las causas que obligaron a muchas de nuestras familias a desplazarse [i] para evitar que su final fuera alguno de los anteriores.
Casi quince años después es necesario recapitular sobre los errores que traen consigo las intervenciones militares cuando en el medio está la población civil. La operación Orión se desarrolló bajo la responsabilidad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, la ministra de defensa Martha Lucía Ramírez y el alcalde que para dicha ocasión era Luis Pérez Gutiérrez, todos tres con mucha vigencia en la política actual. Sin embargo, existe un referente judicial de carácter internacional que sintetiza las medidas tomadas en dicha administración. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en la que declaró responsable al Estado colombiano[ii]. Los motivos expuestos en dicha sentencia demuestran graves faltas por acción y por omisión; la falta de protección del derecho a la vida, a la familia, las amplias dilaciones judiciales, y los evidentes casos de desplazamiento intraurbano. Estos son algunos de los argumentos que hacen parte de la lista de dicha sentencia. Además, las graves violaciones a los derechos humanos demuestran con total seguridad los desaciertos que portan este tipo de intervenciones militares.
La operación militar más recordada en la historia de Medellín se desarrolló en un contexto en el cual las milicias urbanas de las FARC-EP y el ELN controlaban militarmente la Comuna 13 y en reacción a dicha condiciones, la solución de las autoridades nacionales y locales se alineó a la convivencia de los grupos paramilitares con la fuerza pública. De esta manera se propició la creación de grupos armados con fines específicos, recuperar el control del territorio. Aunque se logró con total éxito dicho objetivo, las reflexiones finales nos dicen que en el afán de mostrar resultados militares se fue construyendo una problemática aún peor: se venció al enemigo a costa de la proliferación de organizaciones criminales que se convirtieron en sucesores del terror.
Adicionalmente, después de la operación militar la cantidad de combos y bandas criminales en el territorio incrementaron exponencialmente. Había finalizado el monopolio de las milicias urbanas, pero las estructuras de poder clandestino solo se adecuaron nominalmente al actor de turno, el apogeo de los grupos paramilitares era evidente en los barrios de la Comuna 13. En la actualidad múltiples reflexiones concluyen que las llamadas BACRIM y ODIN son el resultado de lo que en su inicio fueron los grupos paramilitares. La evidente omisión de responsabilidad por parte del Estado colombiano se escuda en cambios nominales que pretenden esquivar la responsabilidad del falso proceso de desmovilización de dicha estructura paramilitar, así lo aseguran expertos en el tema. Uno de ellos es Luis Fernando Quijano, quien menciona que la actual criminalidad en nuestra sociedad obedece en gran porcentaje al fallido proceso de desmovilización de las organizaciones paramilitares.
Es imposible concebir la intervención militar de manera adecuada, cuando por naturaleza esta trae consigo los excesos de fuerza y el uso desmesurado de medidas coercitivas que siempre terminan afectando la población civil. No se puede asegurar que los problemas en el corregimiento de Altavista se expliquen de manera única a partir de la hipótesis que comprenden el surgimiento de estas organizaciones criminales como secuelas de la mala desmovilización del paramilitarismo. Sin embargo, es innegable que la complicidad o negligencia de las autoridades ha permitido que las BACRIM, las ODIN y muchas más organizaciones nominalmente diferentes a los paramilitares se hayan consolidado a tan alto grado de legitimidad, que incluso son estas quienes se disputan el monopolio de la fuerza en muchos sectores de Medellín. Si a esto le adicionamos la poca prioridad que se observa en programas culturales y educativos que muestran nuestros últimos planes de desarrollo, otorgándole casi siempre el primer renglón a políticas de seguridad, el amplio y longevo aislamiento que han vivido las periferias en nuestra historia política. Podríamos encontrar que no es un problema que se soluciona con la eliminación de algunos grupos criminales, ya que como siempre lo evidenciamos, el fenómeno de la criminalidad es policéfalo y tiene una capacidad impresionante de adecuarse a los contextos.
El discurso de nuestros dirigentes debe cambiar. El solo hecho de proponer una intervención militar de la magnitud de la operación Orión es hacerle apología a uno de los errores más grandes cometidos por líderes con este tipo de posturas radicales, que justifican los fines sin importar los medios. Las soluciones de corte conservador han demostrado en la historia de Colombia que no son sino la justificación de posturas recalcitrantes, equivocas y superficiales que pretenden atenuar los problemas sociales con ecuaciones inútiles que no atacan integralmente los problemas de una sociedad que en la actualidad vive el cambio más importante en toda su historia. Un cambio que declara tajantemente que los enfrentamientos armados solo son el reflejo de complejas desigualdades que se han cultivado en el transcurso de nuestra historia.
[i]https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/informe_comuna13_la_huella_invisible_de_la_guerra.pdf
[ii] http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_325_esp.pdf
