Para los que pueden saber, Colombia dentro de los acuerdos internacionales que ha firmado se ha comprometido a las siguientes metas:
- Reducir las emisiones de gases efecto invernadero en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030
- Las cuencas prioritarias del país contarán con instrumentos de manejo del recurso hídrico con consideraciones de variabilidad y cambio climático.
- Los sectores prioritarios de la economía (transporte, energía, agricultura, vivienda, salud, comercio, turismo e industria) incluirán consideraciones de cambio climático en sus instrumentos de planificación, y estarán implementando acciones de adaptación innovadoras.
- Aumentar en más de 2.5 millones de hectáreas en cobertura de nuevas áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) en coordinación con actores locales y regionales.
Sin embargo, el gobierno aún está jugando al "voltiarepismo". De una parte juega con la voluntad mundial sobre el medio ambiente y por otra, busca ampliar la generación energética de forma casi arcaíca, usando como insumos el carbón y la preciada agua de los valles boyacenses. Al parecer el negocio es mucho más jugoso e importante para unos cuantos bolsillos que para unos cuantos “nadie” que han aguantado la contaminación y la depredación de sus recursos naturales, además del deterioro de su calidad de vida a cambio de unos pesos.
El debate nacional gira en torno a nuestro nivel de riqueza en diversidad natural, fuentes de agua para agricultura y consumo humano, versus el clásico modelo extraccionista de materiales minerales a costa de “empleos” e ingreso. Esto nos hace reflexionar sobre lo que puede estar pasando en Boyacá, donde hace unos días los precandidatos del Centro democrático plantearon la explotación y el abuso de recursos para fortalecer (beneficiar a los potentes empresarios) a un estado anoréxico en normativas y robusto en comisionistas.
El tema es complicado porque según la Corporación Autónoma Regional Corpoboyacá, en un foro al que asistieron pocos ciudadanos, aclaró que en alguna alcaldía pasada se habían hecho modificaciones sin el aval de ellos al plan de ordenamiento territorial. De acuerdo a eso, luego fueron expedidas las licencias ambientales para la explotación de puzolana, material de hierro y de construcción, lo que claramente estaba aprobado municipalmente sin un nivel apto de estudios en las zonas donde se realiza minería a cielo abierto para ver la capacidad de estos en las fuentes de agua de las cuales dependen más de 2500 habitantes. Además, posteriormente, llegaron los pesos pesados a mover su “inversión” para aprovechar lo blando de ese plan de ordenamiento. Ahora dicen que es legal y que cuentan con todos los requisitos de ley.
¿Es legal cuando una modificación se hace sin la planeación correcta?, ¿es legal cuando se afectan las fuentes hídricas del sur de Paipa bajo un precepto de desarrollo económico?, ¿es legal cuando se pone en juego los nacimientos y la zona de eflorescencias termales que están en la Ley 71 de 1928 y la Ley 43 de 1939, donde se establecen las aguas termales de uso público para la NACIÓN y por supuesto para todos los colombianos?
Al parecer, el desarrollo no solo depende de qué tanta plata entre. Ningún pueblo en Colombia se ha hecho rico a base de esa actividad, precisamente porque el lucro es de unos pocos y el daño para unos muchos.
El siguiente es un párrafo de la revista ZONA de la Universidad Externado que explica el problema de producción minera de carbón en Boyacá,
“En la cadena de valor se ha definido que, en la actualidad, los intermediarios son el eslabón más fuerte y el que concentra los mayores beneficios. En el municipio de Paipa, por ejemplo, los intermediarios están pagando aproximadamente $60.000 por tonelada a los pequeños mineros y la venden a los compradores finales a un precio aproximado de $100.000. Esta diferencia entre el precio de compra y de venta es la utilidad que dejan de percibir los pequeños mineros”[1].
Un pequeño minero que no tiene licencia ambiental y mucho menos títulos mineros sobre lo que explota, debe vender lo que produce a unos intermediarios que "lavan" el carbón y lo hacen pasar como producción de minas que sí tienen los parámetros "legales" para que este sea comprado por unidades térmicas y otros. En ese vacío, al productor le pagan el carbón al precio que al intermediario le dé la gana, mientras que la empresa le paga lucrativamente sus toneladas al señor intermediario.
Fuera de eso, es necesario decir también que la prospectiva de explotación y la vida útil de cada mina que cuenta con licencia es de 20 a 25 años, por tanto habrá trabajo e ingresos para unos pocos solo durante un tiempo. Además, debido a la creciente tecnificación de las minas a cielo abierto son menos los trabajadores usados para este fin. Sin embargo, al pasar ese tiempo es probable que se acaben las fuentes hídricas y la riqueza natural, que es de un valor incalculable. Pero como eso no sirve para pagar campañas, ni para hacer edificios y andar en camioneta, a eso no le ponen atención.
En sí el problema ambiental, sumado a la problemática social en las zonas mineras, el desempleo en la población juvenil y el riesgo de la pérdida de fuentes hídricas, está creando un caldo de cultivo que puede estallar en algún momento. Un crecimiento económico traducido a mayores regalías e impuestos no se ve reflejados en una mejor sociedad.
El fin de todo esto es que la opinión nacional mire lo que está pasando en Paipa, la capital turística de Boyacá, conocida por sus termales y el lago Sochagota. Hay mucho en riesgo y se tiene que converger hacia la agricultura sostenible, la producción de alimentos limpios, el turismo cultural y natural, que en algún momento se vieron tan bien desarrollados en este pequeño paraíso.
[1] http://zero.uexternado.edu.co/mineria-del-carbon-en-boyaca-entre-la-informalidad-minera-la-crisis-de-un-sector-y-su-potencial-para-el-desarrollo/
