En los días de discusión sobre los Acuerdos de La Habana, antes del plebiscito, algunos promotores adujeron que los beneficios económicos serían muy superiores a su costo, pues los acuerdos conllevarían ahorros significativos en gasto militar, lo cual permitiría financiar otros gastos de gran importancia para el país. Esa argumentación es muy frágil, pues la revisión de las consecuencias de los Acuerdos desde la perspectiva económica apunta a costos muy elevados, sin posibilidad de generar beneficios significativos en el corto y mediano plazo.
Los acuerdos tienen impacto fiscal importante: es preciso ocupar el territorio que desalojó el enemigo, lo cual comprometerá, en el mejor de los casos, una suma similar al costo directo de la guerra hoy durante por lo menos tres años. No enfrentar esta responsabilidad sería correr el riesgo muy probable de que los carteles mexicanos, dueños del negocio de la cocaína en Colombia, con quienes las FARC habían construido alianzas para mutua conveniencia, financien la ocupación del territorio por otras fuerzas, más oscuras y sanguinarias. Además el Estado deberá proveer servicios de justicia, salud y educación en la periferia del territorio, en zonas de baja densidad poblacional, para evitar recurrencia de pérdida de control, y construir la infraestructura indispensable para conectar esas zonas con el resto de Colombia. A medida que la inversión social y de infraestructura se materialice, los gastos de carácter bélico podrían reducirse en forma paulatina, pero el costo de proveer seguridad y justicia será elevado en relación con el tamaño de la población beneficiada. Además será preciso acometer las tareas necesarias para la integración de miembros de las milicias urbanas al resto de la sociedad, con sus inevitables erogaciones.
Los acuerdos implican compromisos de cambios en política agraria para todo el territorio nacional, cuyo costo suma casi $ 10 billones anuales por un período de al menos cinco años, según se puede inferir de las estimaciones de la Misión Rural, liderada por José Antonio Ocampo, en ese entonces profesor de Columbia University y hoy miembro de la junta directiva del Banco de la República. Las tareas para modernizar el campo en forma democrática deben cumplirse, pero en los términos del informe de la Misión, y no bajo la pretensión de correspondencia con el discurso impreciso y arcaico del primer acuerdo.
Al impacto fiscal de la justicia transicional debe sumársele el posible resultado adverso de procesos litigiosos consecuencia del reconocimiento de perjuicios a las víctimas. Analistas independientes han tasado esta contingencia en más de $40 billones. La premisa hasta hace muy poco era que todos los costos serían por cuenta de la Nación, pues las FARC declararon todo el tiempo durante la negociación carecer de patrimonio. Sin embargo, declaraciones recientes del fiscal apuntan a la existencia de un patrimonio, de magnitud no precisada, que podría ser fuente complementaria de financiación, así su monetización tenga efecto cambiario puntual nocivo para el aparato productivo, pues se presume que buena parte del capital de las FARC está fuera de Colombia.
Preocupa no conocer el monto de costos futuros asociados a asuntos tramitados a través del Fast Track no necesarios para el proceso y otros compromisos no vinculados con los Acuerdos pero asumidos como contraprestación por el voto en el Congreso sin mayor estudio.
La ineptitud de la institucionalidad colombiana para el ejercicio del dominio territorial es evidente: el área en coca suma alrededor de 180 mil hectáreas, en respuesta a mayores precios en el mercado y menor presencia del ejército en las zonas coqueras desde el cese al fuego en la fase final de la negociación. El crecimiento de la ilegalidad en coca y minería tiene impactos cambiarios nocivos y erosiona el compromiso de la comunidad con el Estado. Lamentablemente, la legalización de los consumos de coca en los países ricos es una posibilidad lejana. Cabe el riesgo de que, por deficiencia en la gestión pública, no haya cambios sustantivos en el ordenamiento social y económico de los territorios a ocupar y, por el contrario, los señores de la guerra de la coca encuentren en la salida de las FARC de más de 200 municipios donde administraban justicia oportunidad de abaratar los gastos de administración de su cadena de valor y apelen al uso de mecanismos apropiados para aterrorizar a la población y subyugarla. Incluso puede que la tasa de homicidios aumente en el mediano plazo, porque las FARC eran el más organizado de los enemigos en la guerra de la coca.
El costo de oportunidad de los recursos necesarios para cumplir los compromisos asumidos en La Habana es muy grande. Además el país vive épocas de restricción fiscal, por lo cual es probable que sea preciso reducir los recursos para gasto social en sitios de mayor densidad, donde el costo de proveer servicios es menor y la cobertura mayor. Se necesita un magnífico desempeño de los próximos gobiernos para legitimar el enorme esfuerzo fiscal y económico de la paz con las FARC. Sin embargo, si como consecuencia de los Acuerdos Colombia se mira al espejo y asume el reto de construir un país ordenado, pacífico, con economía sólida, menos desigual y con capacidad para enfrentar las grandes tareas que las circunstancias presentes exigen de toda la humanidad para evitar problemas de dimensión incalculable, los Acuerdos habrán valido la pena.
