Desde sus inicios, tras la Constitución de 1991, se ha dicho frívolamente que al frente de la Fiscalía General de la Nación debe estar un abogado penalista, condición que tiene tanto de largo como de ancho. En el pasado ha habido fiscales que si bien eran penalistas, utilizaron el cargo para hacer política y meter a la cárcel a sus contradictores.
También ha habido fiscales, como Mario Iguarán, que solo se preocuparon por quedar bien con los medios de comunicación. En otras palabras, su agenda de trabajo siempre anduvo de la mano de las redacciones y de los formadores de opinión.
Otros hicieron a un lado la política criminal y en cambio dedicaron las 24 horas del día a apoyar los procesos de paz con las guerrillas. Desde luego que nadie está en contra de una negociación razonable, pero esa labor no compete a un fiscal general.
Ahora el timonel de la Fiscalía está a cargo del doctor Néstor Humberto Martínez, quien por estos días cumple un año al frente del ente investigador.
A Martínez se le pueden criticar muchas cosas, menos que no sea un abogado capaz, de sólido criterio y millas, muchas, en la política y el derecho.
No es penalista, pero se nota que Martínez ha procurado devolverle la institucionalidad perdida a la Fiscalía y nos parece que va camino de conseguirlo.
Desde luego que hay cosas para reprocharle a Martínez. Un ejemplo claro es el manejo que le ha dado a la investigación por el caso Odebrecht. Un día de febrero pasado anunció que a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos de 2014 había ingresado un millón de dólares proveniente de la corrupta empresa brasileña. En menos de 24 horas reculó y dejó el tema en manos del Consejo Nacional Electoral.
Tampoco ha sido de buen recibo para la opinión pública el tratamiento preferencial que han recibido las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por el mismo escándalo. Aunque está probado que ambas se beneficiaron con la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, la Fiscalía lleva esa investigación a paso lento y muchos apuestan doble a sencillo que nada les pasará.
Hay que reconocer que a Martínez
no le ha quedado grande la Fiscalía.
De entrada le tocó desmontar la guachafita que le dejó su antecesor
Pese a lo anterior, hay que reconocer que a Martínez no le ha quedado grande la Fiscalía. De entrada le tocó desmontar la guachafita que le dejó su antecesor, Jorge Fernando Perdomo, en los cuatro meses que duró como fiscal encargado.
Fue sobresaliente Martínez en el manejo que le dio al caso del asesinato de la pequeña Yuliana Samboní. Prometió justicia pronta y eficaz y le cumplió al país y a la familia de la víctima.
Pero tal vez lo más destacado de Martínez ha sido el revolcón que le ha dado a la institución a su cargo, enferma hasta más no poder de dos palabras: burocracia y corrupción. Es evidente que sus antecesores poco o nada hicieron para enfrentar ese cáncer que carcome a la justicia y por ende a Colombia.
Aunque son varios los fiscales que se encuentran tras las rejas, el caso más sonado ha sido el del exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. Una pizca de prestigio como penalista le sirvió a Moreno para engañar a medio mundo con el cuento de que era un gran catedrático y escritor de libros.
El primer gran engañado fue desde luego el fiscal general, quien a pesar de haber vinculado a Moreno al ente acusador, no dudó en darse la pela y mandarlo detener. Cuando Martínez contrató a Moreno, no lo hizo para que corrompiera la unidad a su cargo. Lo colocó para que hiciera las cosas bien y le falló. Hoy Moreno está en el pabellón de los extraditables y se ha hecho merecedor al desprecio del país y del propio fiscal general.
Habla bien de Martínez también el hecho de que haya sido blanco de críticas por parte de las Farc. Como es de público conocimiento, todo aquel que no esté de acuerdo con lo pactado en Cuba por el gobierno nacional y el mencionado grupo guerrillero es matriculado de inmediato en el grupo de los “enemigos de la paz”.
A Martínez, en efecto, no le ha dado temor de que lo metan en tan “selecto” grupo. Él, por ejemplo, ha sido crítico número uno de la Jurisdicción Especial para la Paz y se ha mostrado sensible con el repudio mayoritario contra el más grande lavado de activos de la historia –¡de Latinoamérica!– que está a punto de producirse.
Aunque como buen demócrata no es enemigo de las negociaciones, Martínez sabe como el que más que la JEP no es otra cosa que una imposición de las Farc en la mesa de La Habana para meter a la cárcel a sus enemigos de toda la vida –léase militares, empresarios, ganaderos, hacendados, Uribe y uribistas–, y a quienes critiquen el tal proceso de paz.
Enhorabuena, pues, la presencia de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía para investigar y acusar, para dirigir y coordinar, para velar por las víctimas, las verdaderas víctimas, no las de la pantomima. Aún le quedan tres años en su cargo, tiempo suficiente para recuperar la maltrecha imagen del ente acusador, para consolidar su posición constitucional y, sobre todo, para mostrar independencia.
P.D. La reunión del pasado 19 de julio en Bogotá entre cabecillas paramilitares y guerrilleros dejó en claro que Dios los cría y el viento los amontona: las dos organizaciones criminales siempre fueron lo mismo: narcotraficantes, homicidas y violadoras de los derechos humanos, cuyos líderes se pasaban de la una a la otra en la puerta giratoria de la brutalidad.
