Uno de los rasgos más particulares que se dan en la democracia es la protección a la opinión. A su gestación, producción y emisión. Es quizás, como lo anota Sartori, un requisito de su existencia. Esta, desde luego, se ve amenazada cuando existe la censura bien sea, previa o posterior.
La censura previa quizás se oculte en la fase de emisión de la opinión en los medios de difusión. Por tanto, aunque estaba destinada a la comunidad, esta nunca encuentra su destinatario por una multiplicidad de razones y los ciudadanos, ni siquiera advertimos su existencia. Tal vez con los años, es que no solo artículos de opinión sino escritos científicos, novelas y hasta poemas, encuentran el brillo entre quienes prohíjan sus doctrinas y se sienten orgullosas de haberlas sacado del olvido, del polvo y de los ácaros.
La posterior, en cambio, más simbólica y más sentida, se impone por obra del ejercicio una posición más privilegiada, en tanto que detentador de poder político, económico, social o financiero respecto del emisor de la opinión.
Luego, dado el contexto anterior, es posible afirmar que el actual Fiscal General de la Nación busca censurar las opiniones que viene formulando el Senador Jorge Enrique Robledo acerca de los miserables hechos de corrupción que actualmente rodean a la Fiscalía.
Lo anterior si bien no es de recibo, merece una aclaración. El Fiscal General con la censura no solo pretende minimizar el impacto que están surtiendo las opiniones del senador Robledo en cuanto a responsabilidades de cualquier estirpe que pudieran suscitarse. Esta, en mi opinión, violando nuestro sagrado derecho a recibir información y aún más grave, pretende que el Senador Robledo se retracte de sus aseveraciones; lo cual, no es más que la desviación del asunto central y sustancial: auscultar lo acontecido.
No hay nada más riesgoso para una democracia que aplicar la censura por medios judiciales, cuando alguien pretende, como el Senador Robledo, que los colombianos seamos primero, informados de la corrupción que rodea una institución como la Fiscalía, y segundo, tratemos de transformar el statu quo de miseria que se ha incrustado en las instituciones.
Censurar los actos de opinión no solo del Senador Robledo, sino de aquel que pretenda una transparencia y dignidad en la regencia del Estado, es muestra de que la gestión que efectúan personas como el Fiscal es de carácter infalible y, a su vez, equivale a una sanción emitir una crítica. Lo que nos convierte en receptores obedientes de sus decisiones, sin tomar parte en el poder y el control del mismo; dejándola totalidad para ellos, sin que merezcamos un ápice.
Por eso, la democracia se ve en vilo, cuando un cínico la conduce a su patíbulo.
