La amabilidad castrense y la burocracia colombiana es el título. No, no hablo de los Castro, sino del término castrense de la RAE: "Perteneciente o relativo al Ejército y al estado o profesión militar"
Esta es una historia que, como casi todo en Colombia, termina en un radicado. Nº 0194-000-2017-00106-00 es el número de una tutela en contra de la Tercera Zona de Recutamiento del Distrito Militar 17 (DIM17) de Cali. Quien les escribe ha vivido en carne propia la amabilidad de los militares colombianos y de los demás funcionarios de las entidades estatales.
Max Weber creía que la burocracia es la forma más eficiente de organizar la sociedad. Sería bastante pertinente invitar a Max Weber a vivir la siguiente historia:
Señor Weber, suponga que usted tiene unos 17 años, se encuentra en la escuela culminando su bachillerato y, como todo colombiano, debe enlistarse a las filas del honorable ejército nacional. Recuerde que aquí el contrato social de que hablaban los contractualistas clásicos no funciona muy bien. Estamos bien corruptos y para no extendernos, le tengo el ejemplo vivo: Luis Gustavo Moreno, director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía, sindicado de corrupción.
Señor Weber, resulta que usted debe inscribirse desde antes de cumplir su mayoría de edad para definir su situación militar y asistir a una citación el día de su cumpleaños #18.
Weber, ya empezaría a ver que la fórmula de la burocracia parece funcionar, pero dejemos hasta allí señor Weber porque esta es mi historia.
En Colombia, de Conformidad con la Ley 48 de 1993, artículo 10, todo varón colombiano está obligado a definir situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definen cuando obtienen su título de bachiller.
Antes del año 2014, cuando me encontraba cursando bachillerato, me dirigí al DIM17 con los compañeros del colegio. Ese día nos fueron asignadas citaciones para la realización del primer examen de aptitud psicofísica. Larga historia.
El 2 de agosto de 2014, ya graduado del colegio y en la Universidad, cumplí los 18 años y tuve que asistir al DIM17 de Cali para empezar con la definición de mi situación militar. Ese día me encontré sorpresivamente con una “protesta” tumultuaria y largas filas a las afueras de la Tercera Brigada, por la calle 5 de la ciudad, debido a que algunos soldados que se encontraban en la puerta afirmaban que no habría atención al público por razones administrativas, lo que se corroboraba con una nota impresa pegada en la entrada. Firmé un acta para marcharme.
La burocrática nota, me la volví a encontrar el 4 y el 11 de agosto de 2014. Ya me hacían ojitos en el DIM17, pues era un visitante fiel.
En un derecho de petición del 19 de agosto de 2014, dirigido al comandante de la Tercera Zona de Reclutamiento de la Tercera Brigada, manifestaba al señor coronel que con mi propósito de resolver mi situación militar había cumplido con la citación y asistido en otras fechas sin ver avance alguno en el proceso de definición de situación militar. Pedía ayuda. Esperé a que todo saliera bien, con creencia firme en la fórmula burocrática de vieja data. Hoy, no se sabe nada de mis papeles, quizá ya han de estar mordisqueados por algún animalejo castrense.
Pero no, en esa época se estaba implementando un sistema virtual para la carga de los documentos de ciudadanos a prestar servicio militar. Otra innovación burocrática.
Largas filas, mañanas y tardes perdidas para que se nos informara a los más de 30 ciudadanos que no habría atención, que el sistema estaba caído. Vuelva otro día.
Luego de exámenes físicos (mi primer desnudo, que jamás pensé fuera en frente de un militar jocoso de ver a varios jovencitos empelotados), las largas filas, la falta a clases por visitar a los militares y el pago de noventa y dos mil pesos, di un paso más allá de la burocracia colombiana: obtuve mi libreta militar provisional. El día 17 de diciembre de 2014 le entregué el recibo al señor HERNÁN ALONSO MENDOZA SILVA (Oficial del Ejército para le época) junto con un certificado de estudio.
Me libré dos años de la burocracia castrense, toda vez que debía retornar dos años después para terminar con la definición de mi situación militar y demostrarle a los militares que no había desertado de la Universidad y que, de esa manera, solo estaría obligado a pagar la cuota de compensación militar.
El 28 de junio de 2016, volví a la odisea. En otro derecho de petición solicitaba información acerca de mi estado y recibos pagados, para lo cual me fue respondido el que el sistema no poseía información de que yo hubiese adelantado algún trámite para la libreta militar. Otro derecho de petición fue radicado el 4 de septiembre de 2016 porque el famoso sistema virtual implementado, hace dos años, no me dejaba adjuntar documentos.
El día 12 de septiembre de 2016 me dirijo al distrito militar 17 con el fin de solicitar apoyo y logro ver cómo militares en la oficina contigua a la de PQR –la de PQR se encontraba cerrada- se mofaban de sus chistes y nos decían a los presentes que esperáramos a que su “reunión” terminara, para luego cerrar con llave y marcharse sin atendernos.
En el DIM17, cerca de una oficina de quien parecía tener el más alto cargo del distrito, se encontraba en un escritorio un joven que, al parecer, atendía a los ciudadanos que tuvieran alguna duda con respecto a documentación. A este joven le pedí colaboración pero me contestó de forma indiferente que tomara asiento porque se encontraba ocupado y no podía atenderme.
No obstante, minutos después un hombre que requería ayuda se dirigió a la oficina (del militar de altos mandos) y, una vez conversó con el militar que parecía tener mucho respeto por parte de los soldados, fue acompañado por este hacia el escritorio del joven soldado que con excesiva amabilidad y veneración decidió tomar un asiento y ofrecérselo al señor que requería ayuda. La burocracia es buena para los que tienen poder.
Luego de dos horas, un joven soldado, del que no recuerdo su nombre pero que reconozco personalmente, me pidió fotocopia de mi cédula y, luego, me informó que debía inscribirme en 15 días porque él se encargaría de deshabilitar y habilitar seguidamente mi registro con el número de mi cédula de ciudadanía, que él me enviaría al correo electrónico. Añadió que, de no ser posible la inscripción, debía retornar a más tardar los primeros días de diciembre para firmar el acta que en muchas ocasiones había firmado.
Nunca recibí ningún correo. Fui el dos de diciembre. Un joven de la oficina jurídica me afirmó que tuve que haber ido el primero de diciembre de 2016 y que por ello ya estaba en calidad de remiso y que me había hecho merecedor de una multa cuantiosa por, presuntamente, no cumplir con la normativa aplicable al proceso de definición de situación militar. Radiqué derecho de petición. Un militar de apellido BARRERA me atendió, me dijo que tenía doble registro (cédula y tarjeta de identidad) y que él se encargaría de eliminar el doble registro y que eso de que estuviere como remiso no era cierto. Me senté delante de su escritorio y luego de un momento me cuestionó furiosamente y de forma desafiante porque apunté su apellido en la agenda.
Me indicó de forma despectiva que debía radicar el derecho de petición que quisiera pero que no me iba a atender y que esperara a que me contestaran los derechos de petición que se me dieran la gana. Recuerdo que me dijo casi que a gritos que cómo era posible que me estuviera ayudando y que yo me pusiera a apuntar su apellido, que no lo presionara porque él solo colaboraba si no lo presionaban y que yo había empezado mal las cosas con él y que debía, incluso, agradecerle.
Me disculpé sumisamente, porque sentía que necesitaba ayuda pronta, luego de aquel trato tan degradante y arbitrario, aun sabiendo que estaba en todo mi derecho de saber quién es el funcionario público que me atiende, máxime cuando su identificación se halla contenida en su uniforme oficial.
Me ayudó a regañadientes. Para no extenderme en la historia, que podría contarles mientras vuelvo a hacer fila en alguna entidad estatal. Todo se resume en que hoy soy remiso y no tengo libreta militar.
A principios de este año, acudí a la acción de tutela para defender mis derechos al debido proceso, igualdad y dignidad humana. En sentencia #038 del 13 de febrero de 2017, el Magistrado Luis Gabriel Moreno Lovera del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali amparó mi derecho al debido proceso y ordenó al comandante del DIM17, Mayor Andrés Luna Arango, realizara todas las gestiones necesarias para definir mi situación militar y me fuere expedida la libreta militar.
Hoy, 11 de julio de 2017, mientras escribo esta nota ciudadana no tengo libreta militar, ni igualdad, ni dignidad, ni debido proceso. Lo único que podría decir que he "ganado" en esta odisea burocrática es que, por un incidente de desacato de tutela formulado el 13 de junio de 2017, bajo auto #079, en el Resuelve # quinto se ofició a la Procuraduría General de la Nación a investigar disciplinariamente a varios de los funcionarios castrenses que me trataron como si fuere una de esas cucarachas o ratones que hoy en día, probablemente, consumen toneladas de papeleo burocrático del Estado colombiano.
Compatriotas, como dicen los políticos, mi invitación es a que no se dejen agobiar por la burocracia colombiana. Hay que resistir. Utilicen todos los mecanismos que tengan a su mano, aunque sea tortuoso el camino. Al final, ustedes tendrán la razón. Nuestra pasividad como colombianos contribuye a que estos funcionarios hagan de sus cargos una fiesta en la que lo único que les importa es cobrar el sueldo y pensionarse con cuantiosas sumas.
Hoy, 11 de julio de 2017, recibí una llamada del DIM17 para asistir la otra semana a una junta de remisos en la que tendré que defenderme. Llamé a la Procuraduría seccional Cali para preguntar cómo iba la investigación: La señora "Magda" me colgó. Luego me contestó el vigilante y me dijo: "traiga los papeles que tenga y haga sus vueltas acá que por teléfono no se le puede ayudar". Colgó. Finalmente, alguien me contestó nuevamente y me dijo: "llame al juzgado y pregunte a cuál Procuraduría de las más de 30 que hay en Cali oficiaron la investigación porque tenemos reserva del sumario y no podemos darle información". Para ponerle cereza al pastel, llamé al despacho del Magistrado Lovera a preguntar lo mencionado. Me contestó un señor, le dije qué necesitaba. Su respuesta fue: venga acá, no le puedo dar esa información por teléfono, está prohibido. Le dije: ¿y los fallos de los jueces no son públicos?, yo tengo mi número de radicado, ¿cuál es su nombre?...me colgó. Llamé de nuevo...colgó...de nuevo llamé...colgó. La burocracia también se vive desde el teléfono.
"Cuando vaya a la dichosa junta de remisos les diré que el artículo 42 de la ley 48 de 1993 habla de una multa de dos salarios mínimos por cada año de retardo o fracción y que, bajo mi situación, al haber retornado el dos de diciembre de 2016 en lugar del primero de diciembre de 2016 (sin tener en cuenta al error al que fui inducido por los funcionarios castrenses), solo sería acreedor, matemáticamente, de una sanción correspondiente a $4.042 pesos colombianos equivalente a la fracción de un día. Definitivamente, la burocracia colombiana es un chiste".
Esta historia no acaba. Parece tener razón un profesor alemán que un día —por cuestiones burocráticas de la Universidad no le habilitaron el salón para la clase— dijo: "por eso en Colombia son tercermundistas". Lo más duro del posconflicto será que los reinsertados no se vuelvan locos con nuestro sistema burocrático.
