En 1997 se otorgó la construcción y operación del corredor de carga en Cartagena a unos particulares. Dentro de los términos del contrato se permiten cuatro peajes a lo largo de la vía para el retorno de las inversiones. De aquí la leyenda de los primeros y únicos peajes dentro de un casco urbano en Colombia.
En enero del presente año la Contraloría notificó a la alcaldía que desde ese mes se debía considerar vencido el contrato ya que para ese entonces se cumplía la condición de retorno total de las inversiones.
También denuncia la Contraloría que la Concesión Vial tuvo excedentes por 5.859 millones de pesos durante el primer período del contrato. Dinero que hoy equivale a 7.535 millones de pesos, el cual no fue invertido en el proyecto, pese a que se pactó que durante ese primer periodo no tendría ganancias.
Aquí se presenta otro punto hallado por la Contraloría, y es que si bien la Concesión Vial reportó excedentes por 5.859 millones de pesos, no concuerdan con los 10.123 millones de pesos que reporta del flujo de caja en el mismo periodo la fiduciaria encargada de manejar los dineros de contrato.
Hasta la fecha Manolo Duque, alcalde de Cartagena, ni siquiera se ha referido al caso. Ignoró por completo el informe de la Contraloría, por lo que hace menos de 15 días la entidad inició un proceso por responsabilidad fiscal. Informe que le ponía en bandeja de plata más recursos para el Distrito, pero con descaro niega por insuficiencia de dineros opciones dignas para la reubicación de las familias de San Francisco.
La actitud del alcalde cobra sentido al advertirse que uno de los accionistas de la empresa Proyectos SA, participante del Consorcio, es el señor Iván García Romero, uno más del clan García, quienes se mantienen en el primero lugar de saqueadores del erario público de la heroica por más de 20 años, y cuentan en su listado de propiedades como máximos “accionistas” de la campaña y alcaldía de Manolo.
Sus escándalos de corrupción son interminables, desde la privatización inconveniente del puerto de Cartagena en 1993 hasta las demoras por 10 años de transcaribe; casi del mismo largo de su descaro, pues seguido a la condena a prisión e inhabilidad del exsenador Juan José García por apropiación ilegal de dineros públicos, regresa su esposa al capitolio, Piedad Zuccardi, amparada por el mismo caudal electoral, quien igualmente es condenada a prisión e inhabilitada por parapolítica. Por si fuera poco, hacen elegir a su hijo, Andres García Zuccardi, con esos mismos votos manchados de sangre y dinero robado, pero tiene el cinismo de decir a la opinión pública que él será diferente.
Pues que si es verdad que será diferente, que empiece por devolverle a Cartagena los peajes que ya no deben ser propiedad de su familia
