En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), un antioqueño de poncho y sombrero aguadeño, el Consejo de Estado con ponencia del magistrado antioqueño Marco Antonio Velilla Moreno, declaró nula la ordenanza número 011 del año 2000, que creó el municipio de Belén de Bajirá. Su argumento central fue que la Asamblea del Chocó no tenía competencia para crear un municipio en territorio antioqueño.
Los argumentos del exmagistrado Velilla se basaron en una certificación expedida en el 2003 por el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), Iván Darío Gómez Guzmán (2003-2013), antioqueño, nacido en Bello, para tumbar el municipio.
Los gobernadores de aquel período de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa (2004 -2007) y del Chocó, Julio Ibarguen Mosquera (2004-2007), firmaron el 14 de mayo del 2004, un memorando de entendimiento donde rechazaron el informe técnico que había rendido el Igac el 21 de octubre del 2002.
La comisión de deslinde del Igac al no encontrar las cabeceras de los ríos Tumaradó y Tumaradocito, trazó una nueva línea limítrofe entre los dos departamentos que dejó a Belén de Bajirá en Antioquia y las poblaciones de Macondo, Blanquiset y Nuevo Oriente en el Chocó. Trazado de límites que desconoció los linderos establecidos entre los dos departamentos por la ley 13 de 1947.
El memorando de los mandatarios fue enviado al Senador Jaime Bravo Mota como Coordinador de la Comisión Demarcadora del Senado de la República de los límites entre Antioquia y Chocó, donde le solicitan que el “Igac profundice en sus investigaciones, geográfica, históricas y de campo acerca de los nacimientos y cauces de los ríos Tumaradó y Tumaradocito, epicentro de las diferencias limítrofes entre Antioquia y Chocó, de forma tal que tengan sustentos suficientes para que ninguno de los dos departamentos puedan sentir que se han lesionado sus intereses”.
Como resultado de la solicitud de los mandatarios, el Igac realizó otro proceso de deslinde y el 18 de abril del 2007 rindió un nuevo informe técnico que señaló que Belén de Bajirá y las tres poblaciones estaban dentro del territorio chocoano. El 14 de junio del mismo año, la Comisión Demarcadora del Senado de la República, también dijo en otro informe que las cuatro poblaciones estaban dentro del Chocó.
A pesar que técnicamente el Igac y la Comisión del Senado determinaron que Belén de Bajirá estaba dentro del territorio chocoano, el Consejo de Estado, el 22 de noviembre de 2007, declaró la nulidad de la Ordenanza expedida por la Asamblea del Chocó con el argumento que Belén de Bajirá no era territorio del Chocó.
Fue así como hace una década en el gobierno de Álvaro Uribe con las jugadas maestras del exmagistrado Velilla y del exdirector del Igac Gómez, una alianza de políticos, ganaderos, bananeros, palmicultores y despojadores, tumbaron la creación del municipio de Belén de Bajirá. Fue una zaga política y económica, estructurada desde la Presidencia de la República y la gobernación de Antioquia que terminó con la vida administrativa de aquella municipalidad.
Y con todo esto ahora el expresidente Uribe tiene el cinismo de afirmar que “durante mi ejercicio en la Presidencia de la República asumí una actitud prudente frente a las diferencias limítrofes entre entidades territoriales; lo hice para contribuir a la unidad de la Nación”.
Ahora el juez Mario Alberto Vargas Cadavid, otro antioqueño, del Juzgado Primero Administrativo de Turbo (Antioquia) buscó con el apoyo del poder político antioqueño declarar una medida cautelar de suspensión del procedimiento de la publicación del mapa del Chocó.
El gran dilema para este servidor judicial fue que se atribuyó competencias que no son de su tenor, porque viola el decreto 1382 de 2000, que en su artículo primero consagra que los actos expedidos por una entidad de orden nacional son competencia de los Tribunales Superiores o Contencioso Administrativo.
Un juez que sin reato ético como los dos anteriores exfuncionarios de declararse impedido por ser paisa siguió el mismo libreto. Daba la impresión que el tutelatón que se orquestó desde la gobernación antioqueña en contra de la decisión del Igac tenía el mismo derrotero de buscar la inmoralidad en las actuaciones de algunos jueces antioqueños. Finalmente el tutelatón cuya finalidad fue entorpecer el proceso de transición del territorio de Belén de Bajirá al Chocó, terminó en un revés jurídico en el Tribunal Superior de Medellín, que declaró improcedentes 45 tutelas.
El litigio sobre Belén de Bajirá ha puesto en contextos aspectos que se deben examinar con detenimiento como la falta de ética y el poco respeto a las normas por parte de algunos funcionarios y líderes políticos antioqueños al no declararse impedidos por ser oriundos de uno de los departamentos en litigio. En consecuencia, muchos de ellos jugaron papeles determinantes para inclinar la balanza a favor de Antioquia en la Presidencia de la República, el Consejo de Estado, el Igac, el ministerio del Interior y en las Mesas Directivas del Senado y de las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República.
De allí que la estrategia durante 17 años fue la de dilatar, confundir y entorpecer los procesos para continuar con la posesión del territorio. Sus dirigentes siguen teniendo una visión colonialista de creer que revestido del poder económico y político antioqueño pueden estar por encima del ordenamiento jurídico de la nación y tienen derecho a pisotear los derechos y las dignidades de otros pueblos.
El gobernador Luis Pérez tiene una aureola de capataz que se cree con derecho amenazar, mancillar y ofender la dignidad del pueblo chocoano. Son tan graves sus extralimitaciones que ha creído que tiene un poder imperial que lo coloca por encima de las normas y con facultades para deslegitimar las instituciones del Estado al estilo de los gamonales de pueblo del siglo XIX.
