El mensaje es claro: la paz ha sido y siempre será un imperativo en Colombia, como mandato constitucional y como mandato humano universal que debe reinar en todos los rincones del mundo sin que nuestro país sea la excepción, pero, lamentablemente en Colombia, el costo de la paz ha sido alto: Cero penas de prisión para culpables de delitos atroces y participación política para quienes los maquinaron y los cometieron.
La semana pasada, tras la entrega de armas de las FARC, aunque certificada por la ONU, pero muy dudosa, este grupo hizo una importante y necesaria transición, pasar de las armas a la arena política, y aunque es un hecho que todos debemos celebrar, implica también que este es el momento donde tenemos los colombianos de bien que combatir de frente a las FARC.
Si bien el "Acuerdo Final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera" otorgó un sinnúmero de prebendas a los anteriormente miembros de la guerrilla de las FARC que permiten su participación en política, beneficios para la participación e incluso curules en el Congreso de la República, la responsabilidad última de concederles o no el privilegio de participar mayoritariamente y con incidencia en nuestra democracia se halla en cada colombiano con derecho a votar.
No es de poca monta el hecho de que las FARC continúen justificando su insurrección armada y las víctimas que dejaron atrás (que difícilmente serán reparadas) en el hecho de que el Estado usó las armas "contra los que piensan diferente" tal como manifestó Pastor Alape recientemente en su cuenta de Twitter o las exigencias cínicas de Jesús Santrich quien amenazó con huelga de hambre de no cumplirse con los plazos para "liberar a los prisioneros" como si el Estado hubiese, arbitrariamente llevado a prisión a estas personas sin razón alguna y no por el hecho de haber cometido crímenes atroces contra los colombianos y por haber atentado contra nuestras instituciones y nuestra democracia.
Esta es una preocupante muestra del resultado de un Acuerdo de Paz defectuoso que únicamente empoderó a las FARC para hacer exigencias al Estado y para imponer sus ideas dentro de nuestra democracia abusando de la indulgencia del Gobierno del Presidente Santos y de los recursos de los colombianos que han sido asignados para que este otrora grupo terrorista pueda participar en política.
Preocupa aún más que en la página web de las FARC ellos continúen identificándose como un movimiento de "carácter político y militar" conformado por "miles de combatientes", aún cuando en días pasados asumieron frente al mundo su compromiso de no usar nunca más la violencia, palabras que muchos colombianos nos hemos tomado con inmenso escepticismo si tenemos en cuenta el sinnúmero de dudas alrededor del inventario de armas entregadas a la ONU y el pasado engañoso de este grupo.
Pero resulta aún más preocupante la cercanía de muchas figuras políticas con los ahora actores políticos de las FARC: Gustavo Petro, Aida Avella, Claudia López, Clara López y en general, los partidos legales de izquierda colombianos, quienes por años criticaron y cuestionaron auge y la penetración del paramilitarismo en la política colombiana y ahora, no tienen objeción alguna con posar en fotos con "Andres París", "Timochenko" y otros cabecillas guerrilleros en foros políticos olvidando muy convenientemente su pasado tan ilegal y reprochable como el de los paramilitares, en nombre de la paz.
Es pues, hora de combatir a las FARC, pero sin armas, sin sacrificar las vidas de nuestros soldados y policías que por años defendieron a los ciudadanos de bien, a las instituciones y a nuestra democracia sino combatirlos desde las urnas para evitar que este empoderamiento que han obtenido a través del Acuerdo de Paz y sus muestras pírricas de voluntad de paz, terminen por llevar a Colombia por un cauce indeseado por todos, donde puedan las FARC por fin imponer a los colombianos su modelo de país y contaminar aún más nuestras instituciones con su pasado de ilegalidad y criminalidad atroz.
