Contratar amigos o familiares es un derecho legítimo: si hoy contratan en una empresa a una persona para que la gerencie y tiene la oportunidad de elegir a los profesionales para hacer equipo, lo que sucederá es que confiará las labores a personas y empresas que conozca bien, y de quienes tiene una buena referencia. Pero en la Gobernación de Boyacá no es así, porque contratan bachilleres que falsifican títulos y hasta asesoran al Gobernador con honorarios de casi siete millones mensuales sin contar con una profesión, como es el caso del señor Óscar Ayala, tema que no vamos a tratar esta vez porque nos ocuparemos de los 16 mil millones y de la “belleza” de contratista que tiene la construcción del Parque Agroalimentario de Tunja.
La Constructora Rodríguez Briñez SAS (CRB) es una campeona: en las licitaciones que participa casi siempre se presenta como única proponente como sucedió con el contrato de los estudios y diseños del Terminal de Tunja, y también con el contrato para la Construcción del Terminal de Tunja. La CRB, cuando se enfrenta a otro proponente, falsifica información o la omite, como se evidencia en los documentos publicados en el SECOP. Falsificar de acuerdo con el Diccionario de la RAE significa: fabricar algo falso o falto de ley; y falso significa que es incierto y contrario a la verdad.
La licitación pública LP-GB-005/2016 donde el objeto del contrato es: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA, fue adjudicada al CONSORCIO PAAT 2016 conformado por QUARZO CONSTRUCCIONES SAS y CONSTRUCTORA RODRIGUEZ BRIÑEZ SAS cada una con un 50% de participación (creacion del consorcio PAAT). El valor total del contrato es de $16.704´421.725 (contrato PAAT).
Para participar en la licitación solo se recibieron dos ofertas, una presentada por el Consorcio PAAT 2016, y la otra por parte de la UNIÓN TEMPORAL AGROPARQUE que finalmente fue rechazada (resolucion de adjudicacion PAAT). La adjudicación recibió en varias oportunidades advertencias sobre la causal de inhabilidad de la experiencia que no fueron tenidas en cuenta por el comité evaluador (ver 1).
La razón de la falsedad es sencilla: la Constructora Rodríguez Briñez (CRB) no cumplía con la exigencia del pliego de condiciones que era haber tenido un CONTRATO DE OBRA, sino que en lugar de eso presentó como experiencia un CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA. Es muy diferente hacer una obra que administrarla, como al respecto se pronunció el Consejo de Estado en la Sentencia del 16 de septiembre de 2010, expediente 16605. Este concepto fue citado en la causal de inhabilidad que también ignoró el comité evaluador.
Para hacerlo más fácil de entender, la Constructora Rodríguez Briñez (CRB) presentó un documento donde informaba que dizque contaba con una experiencia por la “construcción” del Terminal de Transporte de Duitama, equivalente a $15.733´480.539, pero en realidad la experiencia era de $1.142´475.680 como se evidencia en el documento enviado a la Directora de Contratación, Sofía Esperanza Burgos, por Yomaira Liney Pinto, Directora de Desarrollo Agropecuario, quien a su vez manifiestó que la observación fue radicada el día 18 de agosto de 2016 y aclarada por el comité evaluador (documento que no se encuentra publicado en SECOP). La verdadera experiencia -la de administración delegada, no de construcción- estaba respaldada por una póliza equivalente al 20% del valor del contrato, es decir por $228´495.136, que habría sido mayor si se hubiese contratado por los 15 mil millones como mintió la constructora en su propuesta para la construcción del Parque Agroalimentario. Claramente la experiencia general exigida no era verdadera ni se encuentra publicada en SECOP (ver 2).
La CRB también falsificó información vigente en el momento de su presentación a la licitación aumentando su capacidad residual, de lo contrario no hubiera podido participar dentro del proceso; ante esta situación, la Gobernación fue informada sobre la inhabilidad del Consorcio PAAT 2016, razón por la cual debió haber sido NO HABILITADO POR CUANTO NO CUMPLE CON LA CAPACIDAD RESIDUAL REQUERIDA como lo demuestra el Concepto de Capacidad Residual, emitido por el profesional externo Gonzalo Augusto Gómez Jiménez (concepto capacidad residual).
Es decir, la CRB presentó información donde manifiestó que su capacidad residual y su saldo en contratos en ejecución a la fecha del 5 de agosto de 2016, en el Contrato del Terminal de Tunja, era de $2.807´631.589 (saldo en contratos CBR) cuando en realidad, en el acta entregada por el interventor del Terminal de Tunja el día 16 de agosto de 2016 (informe de interventoría No.16), decía que el valor girado a la fecha era de $23.096´699.020 por tanto el saldo era de 21 mil millones sumados entre CRB y Quarzo Construcciones, y no de 2.800 millones como falsamente lo presentó la CBR (informe interventoria terminal).
Es más, son tan cínicos que en el mismo documento de saldos manifiestan que solo faltan 2,23 meses de plazo por ejecutar, de eso hace ya casi un año y el terminal de Tunja va para largo -pero eso es otro tema, volvamos al Parque Agroalimentario.
Las irregularidades continúan y lo que en mi opinión considero el mayor descaro porque lo hacen de frente, se acerca a los 400 millones discriminados en el AIU (Administración Imprevistos y Utilidades) como se evidencia en el pliego de condiciones: el Consorcio PAAT “¡cobra!” la RETEFUENTE OBRAS con un porcentaje de 2.6% y RETEICA 0.9%. Se supone que el impuesto de renta debe gravar el aumento del patrimonio por lo tanto debe ser asumido por los consorciados, pero en lugar de eso lo pagamos los contribuyentes (pliego de condiciones).
Yo sí quisiera saber ¿quién autorizó dentro de la Gobernación de Boyacá que el impuesto que se genera de la utilidad del contrato, que aumenta el patrimonio de los consorciados, y que solo beneficia al Consorcio PAAT 2016, lo paguemos todos los contribuyentes? (discriminacion aiu). ¿O será que los profesionales de la Gobernación son “meros firmones” y no son tan profesionales? ¿O serán meros bachilleres o son profesionales pero no tienen idea alguna de contratación? En cualquier caso la última palabra la tiene el comité.
Al evidenciar todas estas IRREGULARIDADES es claro que, de acuerdo con el pliego de condiciones, era causal de rechazo: “…Cuando el Departamento compruebe inexactitud de la información suministrada por el proponente o en la contenida en los documentos anexos de la propuesta y que sean determinantes para la evaluación de la propuesta” (causal de rechazo).
Ayer fue capturado el Director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, precisamente por pedir coimas para manipular procesos. ¿Será que en Boyacá si existe algún Contralor, Procurador o Fiscal decente, capaz de investigar estos contratos?
Hoy por lo menos no será, ya que juega Patriotas Boyacá la Copa Sudamericana. Así que por favor cuando vean esta noche en el estadio la Independencia de Tunja al excelentísimo señor Gobernador Carlitos Amaya, al honorable diputado Jaimito Raúl Salamanca y al ya candidato a la Cámara de Representantes Wilmercito Leal, les informan si tienen la bondad, que los están buscando por allá en el municipio de Jericó, a ver si son tan amables y dejan de ser tan sinvergüenzas de ir solo cuando buscan votos, y que envíen la maquinaria para desbloquear la vía que está incomunicando el municipio desde el fin de semana, cínicos. Y no olviden que se vino el Tour #NairoOrgulloBoyacense
Vidente del futuro: póngale la firma que los sobrecostos del Parque Agroalimentario de Tunja estarán presentes por un valor cercano al 50% que establece la ley, porque así trabaja la CRB, mientras el comité es ignorante, absurdo, descarado, y las demoras ya se evidencian.
Ñapa: escuché hace unos días en una cafetería del Pasaje de Vargas que el “dotor” Raúl Alberto Cely Alba le envía muchos saludos a la “dotora” Elina Ulloa Sáenz y le manda decir que tenga cuidado con lo que firma, lo mismo para todo el comité de expertos…
