Decía el escritor Eduardo Galeano que "la impunidad premia el delito, induce a la repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo". En la Colombia del proceso de paz con las Farc, no hay nada más cierto, el mal ejemplo es pan de cada día.
El día de ayer, el magistrado de la JEP, Álvaro Moncayo, dejó en libertad condicional a alias 'Martín Sombra', más conocido como el "carcelero de las Farc". No es el primer criminal que la Justicia Especial para la Paz deja en libertad y seguramente no será el último.
Sin entrar a funcionar por completo, la JEP ya ha otorgado libertad a Herminsul Arellán, alias Pedro, responsable del atentado al Club El Nogal y la Corte Suprema dejó en libertad recientemente a alias Nader, lo que provocó la reacción de EE.UU., toda vez que participó en el secuestro de un ciudadano estadounidense y tiene cargos por narcotráfico. Así como ellos, aunque menos conocidos, ya son muchos los guerrilleros que han recibido el beneficio de libertad condicional, privilegio que curiosamente deben "pagar" en las Zonas Veredales en compañía de sus cómplices guerrilleros.
Es indignante que personas que han hecho tanto daño al país no reciban las penas adecuadas y ahora se les premie con perdón y olvido. Al menos estos guerrilleros liberados pasaron, aunque corta, una temporada tras las rejas.
Mucho más indignante es que los miembros del Secretariado de las Farc y muchos comandantes de frentes, directos responsables de delitos atroces, no pasarán ni un solo día en la cárcel. Por el contrario, serán premiados con impunidad, elegibilidad política y podrán lavar el dinero producto de crímenes. Y vaya que sí tienen dinero. Si para irse de ‘rumba” llevaban más de 50 millones de pesos, en dólares y en moneda colombiana, ¿se imaginan lo que moverán en elecciones?
En el Gobierno Santos, el mal ejemplo se volvió política de Estado y como consecuencia hoy los colombianos vemos un deterioro en la seguridad: atentados en las ciudades, voladura de oleoductos, secuestros, extorsiones, crecimiento de cultivos ilícitos, bombas en las carreteras, etc.
Parece que las Farc andan de guachafita en las ZVTN y se mueven impunes por todo el país. El ELN comete atentados y secuestros y la respuesta del Gobierno es seguir negociando en Quito. El Clan del Golfo llevó cabo un plan pistola contra la fuerza pública, reviven grupos como el EPL y aparecen otros nuevos como el MRP. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué los criminales no le temen a Juan Manuel Santos?
Pues bien, todo se debe al mal ejemplo y la permisividad que tiene con las Farc. El presidente desde inicios de su gobierno se mostró débil frente a los delincuentes al sentarse a negociar en medio del conflicto y al ceder en todas sus pretensiones. Los criminales hoy tienen la confianza de que por más graves que sean los delitos que cometan, tendrán una justicia amañada que los indultará y premiará con amplios beneficios. Un mal mensaje a las futuras generaciones, que verán en el crimen, una salida a todos sus problemas.
Durante este Gobierno la justicia fue duramente golpeada. Hoy en Colombia tenemos Cortes de bolsillo con Magistrados que olvidan que deben fallar en derecho. Tribunales especializados en dejar impunes los delitos más atroces y encargados de perseguir a todo aquel que no esté de acuerdo con la "paz" y que compiten de tú a tú con la jurisdicción colombiana, a tal punto que no se sabe quién tiene más importancia. Toda una afrenta al Estado de Derecho.
El próximo gobierno en 2018 debe llegar a poner en orden en el país. Debe devolverle la dignidad a la justicia. Debe ser duro y combatir con mano de hierro el crimen que quiere apoderarse de Colombia, pero sobre todo debe gobernar en beneficio de los colombianos. Ya fue suficiente de tener que aguantar durante 7 largos años un desgobierno que solo favorece criminales, necesitamos un cambio de rumbo ya. De no ser así, el día de mañana tendremos una Justicia Especial para el ELN, Clan del Golfo y cuanto grupo criminal aparezca a imponer miedo para obtener beneficios. Los colombianos debemos castigar en las urnas a aquellos que acabaron con el principio de legalidad.
