Sin derecho a horas de sol, allá donde los buenos días desaparecen entre los estrechos límites de una celda parca, gris e inhumana, residen prisioneras y prisioneros políticos, esos que con sus ideas encarnaron un desafío amenazante para el sistema político establecido, que se empecina de modo temerario a limitar la templaza de hierro con que estos guerreros y guerreras sobreviven ante el aplastante, impotente y destructivo encierro de las cárceles colombianas.
La proscripción de la violencia y el tránsito a un Estado de no guerra por parte de la insurgencia ha puesto ante la realidad viviente un compromiso político que se plasma en la suscripción del Acuerdo de Paz, ese que los miembros plenipotenciarios de las FARC-EP en la mesa de negociaciones de la Habana forjamos codo a codo cumpliendo con la promesa de sentar las bases de la paz estable y duradera, pensando siempre en los que tras barrotes de hierro frío siguen firmes por la nueva Colombia.
El desconocimiento consiente de los contenidos estructurales de los acuerdos suscritos se refleja en el déficit de la implementación, atizado por la cúpula de guerreristas de civil que con sus improvisadas propuestas regresivas siguen atentando con la esperanza de un pueblo.
El gobierno en el ejercicio del proyecto neoliberal que defiende busca cínicamente borrar la esencia de los compromisos alcanzados, es por esto que a los utópicos que seguimos en pie de lucha nos compete concientizar las masas para que juntos blindemos el proceso y con la movilización agitemos fuertemente en la plaza las banderas de la paz con justicia social, esa que sentencie a cadena perpetua esta guerra fratricida y traspase los muros de los calabozos despóticos del régimen en donde se encuentran nuestros prisioneros y prisioneras de acero, dispuestos a dar la batalla por una transformación social real.
El sistema carcelario en Colombia no busca otra cosa que el control de la pobreza por medio de la privación de la libertad y el castigo como forma natural de mantener y salvaguardar sus intereses de clase, maniobrando así la legislación existente para la persecución sistemática de quienes ejercemos la protesta social y la oposición política en el país, este fenómeno es catalogado como “enemigo interno”, véase como cualquier forma de disidencia que se niegue a comulgar hacia su modelo absolutista de engaños y ficciones.
Desde ya varios años atrás se habla de la “Nueva Cultura Penitenciaria” (NCP) esa que crea espacios de exclusión y adopta medidas penales de excepción en nombre del cascaron de democracia, que no es más que el reflejo de la pauperización de un sistema opresor, que se desenvuelve sin importar las precarias condiciones humanas de los sometidos, viendo como solución, el hacinamiento, al que históricamente está acostumbrado a perpetrar para intentar tapar el resultado represivo y punitivo de las políticas estatales, esas alineadas a su principal adepto económico, el imperialismo Yanqui, que trae consigo nefastas implicaciones.
El brazo jurídico que representa la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, en la que el parlamento colombiano en virtud del procedimiento legislativo especial para la Paz, dicta las disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, se fractura con la ausencia de voluntad y negligencia para conceder los beneficios a aquellos presos de guerra quienes son centro principal de constantes violaciones a los derechos humanos, presentando una grave omisión por parte de los “administradores de la justicia”, estos siendo los responsables de que a estas alturas del proceso tan sólo el 9% aproximadamente de los 2.736 prisioneras y prisioneros políticos declarados por las FARC-EP se encuentren cobijados por esta normatividad, quedando a la voluntad política los otros 2.494 integrantes de las filas de la insurgencia, esto demuestra el leve compromiso e irrespeto del Gobierno Nacional con lo acordado.
Aun así contamos con los mejores luchadores del pueblo que nos llevarán al triunfo por la nueva Colombia, por Simón, por los que no están, por los que estamos y por los que clamamos libertad, exigimos el cumplimiento de lo pactado, exigimos la paz.
“Porque la lucha social no es un delito, es un paso hacia la libertad”.
* Miembro del secretariado de las FARC-EP
