El tema de la utilización de las regalías ha rondado Córdoba. Aún resuena el eco del crimen que sacudió al mundo político y social de Montería que acabó con la vida del joven director de regalías del departamento Jairo Zapa.
Alejandro Lyons había llegado a la gobernación en enero del 2012 como una promesa joven que contaba con el respaldo personal del expresidente más querido de Córdoba, donde tiene su finca el Ubérrimo, Álvaro Uribe Vélez. Lyons tenía en el radar los recursos del gobierno nacional a los cuales podía acceder el departamento, como las regalías con destino a programas de Ciencia y Tecnología que alcanzaba un ambicioso monto de $ 70.000 millones. Faltaban tres días, ese 27 de marzo del 2014, para que se firmara el segundo desembolso cuando el director de regalías fue citado por el contratista Jesús Henao en una casa del Barrio La Castellana de Montería. Ese encuentro fue lo último que se supo de Jairo Zapa hasta que cinco meses después apareciera su cadáver.
La verdad se conocería por boca de un testigo, el ex integrante del Bloque Centauros Joyce Hernández, quien estaba en la casa con Jesús Henao y fue detenido por el crimen. En camino de ser condenado, Hernández reveló lo sucedido buscando una reducción de pena. Contó que él mismo, alentado por Jesús Henao, había estrangulado con sus propias manos al director de regalías de Córdoba a pesar de sus súplicas: “Yo te conozco, piensa en mis hijos, no lo hagas, no me mates”.
Dueño de empresas recién creadas, el contratista Henao, experto en proyectos agro industriales, llevaba presionando durante meses a Zapa para que redujera el nivel de los requisitos cada vez más altos que pedía para entregar los millonarios recursos. Zapa era reconocido por la capacidad que tenía a la hora de formular los proyectos, con él Córdoba había conseguido un desembolso por parte del gobierno nacional para el departamento cercano a los $150 mil millones. Era exigente y estaba dispuesto a pagar el precio a costa de su tranquilidad personal, de las noches en vela y las preocupaciones después del atentado del que había escapado en diciembre del año anterior en Cartagena. Isabel Valencia, su esposa, lo sabía.
Zapa venía de trabajar en la Universidad del Sinú cuando conoció al gobernador, Alejandro Lyons, el mismo día de su posesión el 1 de enero del 2012. Se lo presentó su jefa, la rectora Mara Bechara. Dos meses después el gobernador lo escogió para estrenar el recién cargo de director de regalías del departamento. Este Ingeniero civil de la Universidad Nacional con sede en Medellín sería el encargado de presentar proyectos para conseguir recursos y para vigilar la ejecución de éstos que le llegarían por cuenta de la recién aprobada ley de julio del 2011 en la que se empeñó el entonces director de Planeación Juan Carlos Echeverry.
A Zapa lo entusiasmaba especialmente el proyecto de telemedicina. Fue el primer sorprendido cuando vio que los recursos que superaban los $ 6 mil millones, eran desviados a otro proyecto apadrinado por el congresista Bernardo “Ñoño” Elías, cuñado del gobernador. Fue una gran frustración para Zapa que alimentó la tensión por las amenazas que lo rodeaban.
Las razones de su asesinato podrían estar asociadas a los papeles que quedaron sobre su escritorio. En uno de ellas señalaba que solo el 70% o el 75% del dinero proveniente de regalías se había invertido correctamente. El resto era solo “utilidad” para algunos según lo consignó en el archivo. El proyecto al que hacía referencia era uno agroforestal de $ 4.882 millones de los cuales solo se habían invertido $3.967 millones en su propósito. El excedente estaba desparecido.
Las presiones sobre Isabel Valencia en los meses en los que estuvo desaparecido su esposo se hicieron intolerables. Una de ellas fue la insistencia, con $ 2.000 millones de por medio, del propio Jesús Henao para permitirle entrar a su casa a buscar un archivo digital con información comprometedora que guardaba su esposo. Ante su negativa, Henao le informó que su esposo estaba muerto. El apoyo del gobernador Lyons a Isabel Valencia fue colocar cámaras de seguridad para vigilarla.
Joyce Hernández, el asesino de Jairo Zapa, fue capturado el 1 de mayo del 2014 tres meses después confesó su responsabilidad y él mismo condujo al cuerpo técnico de la Fiscalía al paraje conocido como La Magdalena donde habían enterrado al director de regalías. Un dato oscuro rodea el hecho: el lugar escogido para desaparecer la evidencia fue al lado de la quebrada La Cárcel, a cuarenta metros de la finca Milán, de propiedad del padre de Alejandro Lyons.
El contratista Jesús Henao también fue detenido, acusado de ser el autor intelectual del crimen. Permanece en la Cárcel de máxima seguridad de Las Mercedes de Valledupar. Después de dos años ha decidido colaborar con la justicia para lograr la rebaja de penas. Es el testigo clave para saber el destino final de los $ 70 mil millones que determinadores la muerte de Jairo Zapa.
La misma rapiña de recursos de regalías que terminaron enredando a María Fátima y a Mara Bechara con dos convenios para su universidad, la del Sinú: el primero de ellos por $3.176 millones firmado en diciembre del 2013 con el gobernador Alejandro Lyons y la Fundación para el conocimiento y desarrollo de la diversidad biótica de Colombia George Dahl, con sede en Montería y el segundo, el 744, firmado por los mismos Lyons y las señoras Bechara pero con la Fundación para la Conservación y el desarrollo Forestal (CDF) por $ 7.659 millones.
La verdad que cuente Jesús Henao puede ser clave para destapar aún más la corrupción de una parte de la elite política y social de Córdoba.
