El país se encuentra asombrado con la sucesión desenfrenada de escándalos que transcurren cual fantasmas danzantes, sin asomo de parar, sino más bien de continuar su macabro camino. No se ha resuelto lo sucedido en Odebrecht, menos lo de Reficar, cuando salta lo de Cafesalud y se profundizan los hechos bochornosos relacionados con el Canal de Isabel II de la municipalidad de Madrid, accionista mayoritaria de Inassa S.A., a la vez controlante de la Triple A de Barranquilla. En la capital del Atlántico se dieron a conocer recientemente nuevas investigaciones sobre este último tema realizadas por Aurelio Suárez Montoya, analista económico y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; también se conocieron acciones jurídicas del jurista Antonio Bohórquez Collazos y análisis de la realidad tarifaria de agua y alcantarillado que golpean a los usuarios de la Arenosa y 14 municipios del Atlántico.
La conclusión principal es que los despojos continúan después de la tortuosa realidad de los zarpazos en la concesión de aseo desde 1992. Además, en el patrimonio los barranquilleros vieron disminuir la propiedad accionaria inicial del 85% en la Triple A (1992) al 14% actual pasando por Aguas de Barcelona e inversionistas criollos para terminar la mayoría accionaria en manos del Canal de Isabel II después de una truculenta transacción en Panamá.
Es necesario que los actos de corrupción y demás delitos conexos en los que han incurrido altos ejecutivos españoles, muchos de ellos hoy tras las rejas en la capital española, y no pocos colombianos, sean esclarecidos por las autoridades respectivas y que se conozca toda la verdad sin ningún esguince.
Es importante profundizar en un tema complejo, urdido desde que fue entregada la concesión y mantenido cuando fue extendida por veinte años más, cual es el de los llamados activos intangibles. Este es su origen: “concluida la concesión por cualquier causa, el distrito pagará a la Triple A la parte no amortizada o depreciada del valor de las mejoras introducidas e inversiones en bienes y equipos que para el mejoramiento o ampliación de la infraestructura de los servicios públicos de Barranquilla, hubiere realizado Triple A, con recursos propios, que no correspondan a mantenimiento preventivo y correctivo de estos bienes”. (Notas a los estados financieros de Triple A, 31 de diciembre de 2014)
En el Informe Integrado de Gestión Sostenibilidad 2016 de Triple A, Estado de flujos de efectivo, página 149, se observa cómo en los años 2015 y 2016 la administración de la empresa adquirió pasivos financieros con entidades financieras por $142.500 millones (deudas para ser pagadas con tarifas de los usuarios) para distribuirse dividendos en efectivo por $62.167 millones y llevar a activos intangibles $113.923 millones. En el balance a 31 de diciembre de 2016, los activos totales son $624.029 millones y los intangibles son $345.193 millones (55% de los totales) (Página 146). Quiere decir este zarpazo descarado que si el distrito adquiriera el 100% de las acciones de Triple A solo tendría derecho a la propiedad del 45% de los activos totales y tendría que pagarles a los ladinos españoles el otro 55%. Tiene razón Aurelio Suárez, el despojo continúa, ¿hasta cuándo?
