En Colombia existen bastantes monumentos de la época independentista, de aquella revolución que terminó con la expulsión de los españoles por parte de los criollos y la resistencia que se hizo a los intentos de colonización por parte de ingleses. El museo de la Independencia en Bogotá más conocido como la Casa del Florero, el Castillo de San Felipe en Cartagena, el Puente de Boyacá en Tierra Negra, por solo dar unos pocos ejemplos, son muestra viva de ello. Pero el único monumento que existe en Colombia donde se evidencia el fusilamiento de personas llamadas “rebeldes”, que lucharon por la libertad de la patria, se encuentra en la ciudad de Tunja: es el poco conocido “Paredón de los Mártires”.
De historia no se trata este escrito, aunque es bueno recordarlo para inmortalizar su importancia en el desarrollo de la evolución criolla. El que hoy debería ser uno de los monumentos más significativos en Colombia se ha convertido en una comidilla de percepciones arquitectónicas, de varios deslices en el contrato de restauración, foco de inconsistencias y por supuesto de raras decisiones técnicas y jurídicas por parte de la actual administración municipal del alcalde Pablo Cepeda.
El proceso de licitación del Municipio de Tunja, SA-AMT-013 DE 2016 adjudicó el contrato 567 de 18 de agosto de 2016 al Consorcio Gález Paredón por un valor de $150´631.999, cuyo objeto fue: RESTAURACIÓN DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL PAREDÓN DE LOS MÁRTIRES, LOCALIZADO EN TUNJA – BOYACÁ SEGÚN LO APROBADO POR LA RESOLUCIÓN No. 0045/2015 DEL MINISTERIO DE CULTURA, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Es curiosa la cláusula segunda de este contrato porque incluye los precios unitarios, cosa que poco se ve en los textos de contratación (contrato).
Respecto a la Resolución del Ministerio de Cultura (resolucion), llama la atención que en su artículo tres diga que cualquier modificación al proyecto inicial, debe ser autorizada por el Ministerio, de lo contrario no podría “llevarse a cabo intervención alguna”, pequeño “detalle” que omitieron: no informaron las modificaciones realizadas -primer desliz.
El proyecto de restauración del Paredón de los Mártires se presentó oficialmente el 29 de octubre de 2013 al Ministerio de Cultura (nota 1), respaldado por profesionales muy bien calificados en todas las áreas: geólogos, ingenieros civiles, arquitectos e historiadores. Los estudios soportaban análisis de constitución mineralógica y química del suelo, diseño estructural del muro y la cubierta, y hasta recomendaciones de intervención. Fue aprobado por el Ministerio de Cultura después de algunas correcciones de temas técnicos.
Como se puede evidenciar, el diseño estructural presentado constaba de cuatro apoyos y no tres como en realidad quedó —segundo desliz (nota 2)— lo cual podría parecer una minucia pero no lo es porque el “apoyo” es un elemento estructural donde descansa la cubierta y el esfuerzo será trasmitido al muro del cerramiento. Para entenderlo, observe una mesa con cuatro patas, imagínese quitándole una: con tres patas la mesa funciona, o con dos e incluso con una sola pata la mesa se sostiene. Lo mismo sucede con las estructuras: si se cambia el diseño, un solo apoyo o “pata” podría funcionar, pero calculando nuevamente las dimensiones y el lugar del punto de apoyo para que trabaje, estructuralmente hablando. En ningún documento publicado en el SECOP se evidencia la autorización de estos cambios, como tampoco se evidencia el cambio en la altura del vidrio porque, según el proyecto inicial, este debía llegar a la altura de la pared del cerramiento, y no por debajo como finalmente quedó -tercer desliz.
Cuarto desliz: desde antes de firmar el contrato era evidente que los 150 millones no alcanzarían y se haría necesaria una adición presupuestal. La razón es sencilla: el proyecto se estructuró en el año 2012 y se adjudicó en el 2016, por supuesto que en el lapso de cuatro años los precios de materiales y servicios profesionales aumentaron.
Para esta adición presupuestal, en un comité se establecieron las actividades por realizar por un valor de $75´119.164, quedando en su acta (comité técnico de adición) la evidencia del quinto desliz: “dos resbalones” que luego fueron reportados por Elvia Lucía Martínez Tamayo, Secretaria de Cultura y Turismo, al Secretario de Contratación, Licitaciones y Suministros, Wilmer Alfonso Pérez, a través de un documento aclaratorio (documento aclaratorio) en el que refiere que “por un error involuntario” se había escrito un valor diferente en la tabla de cantidades, por lo tanto el área de la estructura metálica no era de 33,42m2 por $26’905.345, sino que era de 32m2 por $27’051.293, es decir menor cantidad de metros ¡¿por mayor costo?! Como se observa, el valor total de la adición no disminuyó y por el contrario aumentó, muy raro eso. El segundo error involuntario reportado en el acta aclaratoria, se refiere al cerramiento en vidrio laminado de 10 milímetros, que tenía un valor unitario de $2´145.875, pero que “realmente era de $12´145.875” —dice en el acta—; este último error, se podría entender, de digitación – y en honor a la verdad, eso sucede.
El sexto desliz se presenta porque en el contrato de adición, el valor autorizado mágicamente cambió y pasó de $75´119.164 autorizados en comité técnico de adición, a $75´302.768; realmente la diferencia es poco significativa para un contratista pero al fin y al cabo son $183.604 pesos del erario. Pero hay mucho más dinero sin aclaración como ya veremos. El contrato como tal de legalización de adición, fue firmado por Fabio Armando Martínez Villamil como Delegado para la contratación (contrato de adición).
La justificación del contrato de adición se da en el documento Acta de Creación de Items no previstos: presentó la justificación de las obras y materiales requeridos, numerales 8, 9, 11 y 15 (justificación adición). En esta, el numeral 8 menciona el acta del 29 de septiembre de 2016 —que es el acta de creación de 14 ítems no previstos (acta de creación de ítems no previstos)— donde se presenta el séptimo desliz: pusieron las cantidades y valores unitarios, es decir que en ese orden de ideas la primera adición debió ser por un valor con gastos de administración e impuestos de $25´228.637 y no los $75´302.768 como lo firmó Martínez en el contrato de adición (cálculo excel).
El octavo desliz se presenta en la creación de ítems no previstos No.2 (acta de creación de ítems No.2): El acta fue firmada el 2 de mayo de 2017 y publicada el mismo día junto con el acta de terminación. En esta se manifiesta que la creación de los ítems “no modifica el objeto del contrato ni su valor inicial”, lo cual es extraño porque fueron precisamente los ítems creados los que justificaron una parte de la adición presupuestal, determinada en el comité técnico, por el valor de $75´302.768. Por lo tanto, si no se hubiese “modificado el valor inicial” del contrato como se dice en dicha acta, parte de la adición no tendría justificación y además el valor correcto de las dos adiciones debió ser la sumatoria de $12´379.660 más $25´228.637, es decir un total $37´608.297
En contratación existe un término que se utiliza para presentar informes de mayores y menores cantidades ejecutadas: “sábanas”; pero no se confundan, no es para taparnos. El origen del término se los quedo debiendo, pero el quid del asunto es que las “sábanas” deberían estar publicadas en el SECOP para evidenciar qué fue lo que se pagó finalmente. He aquí el noveno desliz: no se publicaron.
Fabio Armando Martínez Villamil es un hombre probo, honesto, trabajador incansable por la sociedad tunjana, lleva sacrificándose más de 20 años con tan noble labor política al servicio del pueblo, tanto que casi que deja su vida familiar por vivir en el Concejo de Tunja durante dos décadas. A veces me da pesar y lo admiro profundamente, qué orgullo patrio me da saber que este caballero representa la comunidad en general. Fabio Armando, como buen político y abogado tendrá alguna salida -perdón, la palabra correcta es “explicación”- para que le entendamos por qué tantos deslices y para conocer por qué la adición aumentó su valor entre “el acta de creación de ítems, la aprobación del comité y su firma de contrato” y también para explicarnos cuáles son las cobijas, perdón, “sábanas” —es que vivo confundido— del contrato.
En conclusión, el proyecto inicial cambió, no se informó al Ministerio de Cultura para su aprobación y se hizo una adición presupuestal que no es muy clara. En mi opinión, los funcionarios deberán responder las inquietudes, el valor final del contrato fue $225´934.677.
Algo más me preocupa: que ojalá la inversión que se hizo para la restauración de este monumento evitara que el agua ingrese como al parecer ya está sucediendo, y que espero no resulte ser vivienda para palomas porque tienen por dónde entrar.
Ayer, montado en una buseta, sin querer queriendo escuché a dos señoras cotorriando sobre un Frank Underwood criollo que trabaja en la Alcaldía de Tunja —haciendo alusión al personaje de House of Cards, la serie emitida por Netflix— que hace de las suyas, manipula la entidad, maneja funcionarios, compra votos, tiene la palabra final en contratación y tiene aspiraciones de llegar a ser el Alcalde de Tunja. Por supuesto yo no creo tales afirmaciones injustificadas y absurdas, pero sí me pregunto: ¿de existir, quien será el Underwood tunjano? ¿Quién será, quién será?
Si alguien conoce personalmente al “dotor” Fabio Armando Martínez Villamil, si sería tan amable de informarle que por allá en Pereira están que lo buscan pero que no lo han podido localizar, para cancelar un impuesto más los intereses de mora, sobre un vehículo entre los años 2002 y 2011, del cual estoy completamente seguro también debe ser un gran error, esta vez las sábanas no podrán ayudar (impuesto).
