Los decretos leyes expedidos por el presidente Santos, abren las posibilidades para que se reactive el campo, más en los términos del Acuerdo de La Habana que de las demandas de los grandes propietarios de la tierra en Colombia. Si esa interpretación es válida, se habrá aclarado la posición confusa que había asumido el gobierno tratando de darle gusto a la población rural pobre y al mismo tiempo a la gran producción agropecuaria. Esa propuesta de ley que trataba de dejar contento a todo el mundo, terminó generando un rechazo desde los dos frentes.
En medio de la gran oposición de los dueños de la tierra, de ese 1 % de propietarios que acaparan más del 50 % de la tierra en el país, se expidió el decreto ley número 902 "Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras". Por fin, el Fondo de Tierras, uno de los puntos claves del Acuerdo de La Habana que acumularía 3 millones de hectáreas de tierra productiva para distribuirla entre aquella población campesina que carece de tierra o vive en microfundios. La pregunta que inquieta a los grandes terratenientes es cómo se alimentará dicho fondo. Tal como lo señala este decreto ley, se nutrirá de baldíos de la Nación, incluyendo aquellos adquiridos ilegalmente por grandes propietarios. Adicionalmente el Estado tendrá que comprar predios para cumplir con la meta establecida. Este es sin duda el punto neurálgico dada la oposición actual de quienes han disfrutado por siglos de la posibilidad de concentrar tierra productiva en el país, incluyendo baldíos de la Nación.
Se agrega de manera explícita que "en la aplicación del presente Decreto Ley se respetarán los derechos adquiridos y garantías constitucionales de los pueblos indígenas." Se agrega además, "nada de lo dispuesto en el presente Decreto podrá ser interpretado ni aplicado en forma tal que afecte, menoscabe, disminuya o desconozca el derecho a la propiedad privada debidamente registrada, legalmente adquirida y ejercida, y protegida por la Ley, como tampoco los derechos adquiridos". Es decir, los propietarios de la tierra en este país que han adquirido sus predios sin burlar la ley o que no se han aprovechado de la violencia y el desplazamiento de millones colombianos para poseerla, no tendrán por qué preocuparse.
Tres decretos adicionales se refieren a temas cruciales para la reactivación del campo y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Uno se refiere a la educación rural, cuya calidad y aun su cobertura presenta grandes deficiencias, otro a la extensión de la electrificación rural y el tercero, a la visión territorial del desarrollo rural. No son todos los temas sin duda, pero es una señal de que la brecha rural urbana se piensa empezar a reducir primero, desde la pequeña y mediana agricultura y no como han querido los latifundistas, desde la agroindustria exclusivamente.
39 millones de hectáreas están en manos
de la ganadería extensiva y de lotes de engorde que esperan
la extensión de ciudades vecinas, para venderse por metro cuadrado
No obstante estas claras explicaciones, el mayor peligro que tiene este serio intento de iniciar la Reforma Rural Integral, siguiendo las recomendaciones de la Misión de Transformación del Campo aprobadas por el Gobierno, está precisamente en quienes ven en estas normas su salida forzada de su zona de confort. Hoy 39 millones de hectáreas, de la mejor tierra disponible, están en manos de la ganadería extensiva y de vastos lotes de engorde que esperan la extensión de ciudades vecinas, para vender esos terrenos por metro cuadrado, para desarrollos urbanos, y no por hectáreas como fueron adquiridas. Solo 7 millones de hectáreas están ocupadas por la agricultura. Si no se abre el debate sobre la ganadería en Colombia, no habrá tierras productivas para quienes más las necesitan.
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