Los colombianos estamos enseñados a normas dignas del libro Guinness Records. Somos conocidos a nivel mundial por nuestras exageraciones, nuestra pujanza y ganas de hacer las cosas bien, pero también por nuestros errores en confundir las competencias jurídicas, los riesgos, los peligros, los objetivos y fines para la creación de una norma.
También debemos reconocer que los hijos de este país queremos saber de todo, opinar como expertos en cada tema y si nos descuidamos queremos imponer las ideas de algunos sobre los otros. Así no sepamos de la cosa jurídica en discusión, pero que por estar acompañados de un buen político o hacer parte de un equipo de campaña, terminamos imponiendo a las mayorías las mieles de la dictadura de los ignorantes.
Tal es el caso de la resolución ministerial 1737 del año 2004, la cual tenía como objeto regular las características técnicas del casco del motociclista, leáse bien, regular las exigencias de tipo técnico como lo es el cumplimiento de la norma técnica internacional de sus materiales y diseños. Sin embargo, en medio de los tintos, entre comentarios domésticos y chismes de sala que no faltan en cualquier tertulia sobre la delincuencia en las ciudades, se les ocurrió exigir que el motociclista debe colocar el numero de la placa en el casco. De lo contrario, se le ordena a los organismos de tránsito imponerle una multa de 15 salarios mínimos mensuales y no contentos con este orangután jurídico le colocan la joya a la corona autorizando la inmovilización de la motocicleta en grúa a los patios oficiales si no cumple con las exigencias descritas.
El chiste pasaría inadvertido si Colombia fuera como el principado de Mónaco, un territorio de apenas 2 kilómetros, de alta concentración de riqueza. Sin embargo, la realidad es otra cruelmente diferente. Somos un país donde más de 700 municipios no tienen autoridades de tránsito y transporte (ni la policía DITRA, ni agentes de tránsito "azules"). Esto quiere decir que en más del 60% de los municipios del país ni siquiera usan casco, no se sabe si usan prendas reflectivas en la noche, ni si portan los documentos del vehículo. O sea, los pobres ciudadanos que habitamos en las 30 ciudades que tienen mas de 200 mil habitantes somos los que sufrimos de las bondades del buen humor de los asesores del transporte, que nos impusieron una norma que no tiene nada que ver con la seguridad vial, pero que sí se convierte en una multa desproporcionada en un escenario que ni siquiera hace parte de la unidad de materia a la que corresponde. La placa en el casco puede ser un tema de orden público, es decir, que puede estar en la competencia de las secretarias de gobierno, policía de vigilancia, pero nunca jamás se les ocurra decir que ese adefesio normativo es para la seguridad vial de los ciudadanos.
Además, no contentos con la resolución ministerial en la que persiguen y desangran el bolsillo de los pobres motociclistas exigiendo una placa en un casco que no previene lesiones en siniestros viales, en el año 2008 (imagino ) acólitos del mismo séquito visitaron el Congreso de la República sembraron un mico del tamaño de la piedra del peñol en la ley 1239 de 2008, la cual regula los límites de velocidad y de manera sospechosa termina hablando del uso del casco de la motocicleta, exigiendo como requisito portar la placa de la moto en letra Arial y en materiales reflectivos.
En estas épocas de paros y reivindicaciones sería bueno que los motociclistas nos organizáramos y exigiéramos sacar del mundo jurídico tanta norma que atropella los derechos de las familias colombianas. Recordemos que la movilidad es un derecho de los ciudadanos y es una responsabilidad del estado garantizar este derecho. Entonces, si el ciudadano compra su motocicleta para transportarse debemos brindarle garantías y protegerlo, no hacerle la vida imposible.
Posdata: cuando todos usemos el casco y sean efectivas las campañas de la recién nacida agencia Nacional de seguridad vial (ANSV) podemos pensar en arandelas, por ahora lo fundamental es usar el casco.
