Hollywood era una discoteca que en su momento tenía lista de espera para grados y fiestas de adolescentes. Hoy está abandonada y su puerta funciona para una cosa: ver entrar a las volquetas que van a botar ilegalmente los escombros en el lote de al lado. Los arrendatarios del predio de la escombrera son Jorge Enrique Beltrán y Lorenzo Forigua. Ellos tienen montado el negocio: ofrecen un lote que no es suyo a los constructores que quieran tirar lo que sobra de las construcciones, cobrándoles entre $20 y $30 mil pesos por cada descarga de material, la quinta parte de los $150.000 que cobra por cada viaje un basurero legal.
La escombrera ilegal queda a unos 100 metros de la vía que comunica Bogotá con La Calera. Está sobre un costado de la cañada Puente Piedra, y es el paisaje predominante para los 400 estudiantes de la Escuela Pedagógica Experimental, un colegio cuyo enfoque pedagógico está dirigido a fomentar la convivencia en armonía entre las personas, pero también con la naturaleza. “Es casi una ironía que tengamos todos los días esa mounstrosidad enfrente. No solo es un peligro que se caiga, es que rompe el alma de la escuela,” me dijo uno de los estudiantes de grado noveno.
La montaña ya ha presentado pequeños deslizamientos, lo que ha ido literalmente corriendo el cauce de la quebrada. El peligro real es que si en vez de correrla, la tapona, el agua se convierte en una avalancha. "Estamos en el segundo peor invierno de los últimos 20 años." Conservación Internacional convenció al Distrito de por lo menos intentar mitigar el riesgo. Con el decreto 1201 del 2013 el Distrito entregó $1,163 millones de pesos para que se recuperaran varias cañadas. A los 200 metros lineales de la quebrada Puente Piedra que dividen la Escuela Experimental y el botadero ilegal, le correspondieron casi $250 millones para reforestar los alrededores. Pero no funcionó pues las volquetas siguieron tirando escombros, y los árboles desaparecieron.
Clara Myriam Sierra es una campesina anciana y analfabeta. Ella es la dueña del lote de la escombrera y está buscando la manera de recuperar no solo este, sino varios lotes más que le han sido invadidos o alquilados mediante engaños y triquiñuelas. Ella fue la primera sorprendida cuando le contaron que los arrendatarios no solo habían montado un botadero en el lote donde a ella le fue prohibido sembrar por ser una reserva natural, sino que le contaron que Beltrán y Forigua también tenían registrada una casa del ICBF allí.
A pesar de que desde el 2009 se han hecho todas las denuncias correspondencias, y que la Corporación Autónoma Regional - CAR - ha emitido 5 fallos dándole la razón al colegio. Nadie hace nada. Las volquetas suben, algunas se han visto con logos que los acreditan como contratistas del Distrito, y las policía los deja pasar. Frente a estas críticas, el problema es según los uniformados, jurisdiccional: el terreno es parte de la localidad de Usaquén, pero el CAI más cercano es de Chapinero. Ambos se tiran la pelota. Pero son muchos más los reclamos frente a la actuación de la policía.
Siempre les piden pruebas fácticas para poder tomar medidas en el asunto, que la gente del sector ha intentado conseguir. Incluso algunos se han jugado la vida en ello, y por eso algunos tienen hoy medidas cautelares por las amenazas que han recibido en su contra. Y todos tienen la misma queja: el Estado los ha dejado tirados. “Meterse con los volqueteros acá no es cosa fácil. Ellos viven acá cerquita, y son bastante atravesados.” Pero nadie lo dice en cámara. Se respira miedo.
La CAR emite fallos condenando, e incluso puso una multa de $2 millones de pesos. Pero nadie la cobró. La Alcaldía Local de Usaquén pone denuncias ante Fiscalía, que mandó una unidad de investigación ambiental, pero no han hecho la intervención. Lo máximo que se ha logrado es que sellen, cinco veces distintas, el lugar, pero en todas las ocasiones los dueños del lote rompen la cinta y vuelven a verter los escombros. La Veeduría Distrital envió a la última reunión a una funcionaria nueva, desconocedora del tema, que se presentó tarde a la reunión. Para ella el proceso apenas comienza. Laura Duque, representante de la CAR que se mostró desentendida y se retiró antes de escuchar a los afectados. Recogió su chaqueta de cuero, se la puso sobre el blazer bordado, y se despidió de los delegados del acueducto. Parece que el fallo del Consejo de Estado de noviembre del 2013 que ordena proteger los Cerros Orientales les importa poco a todas las dependencias del Estado.
Son amigos cuando les conviene, cuando hablan de organizar reuniones y colaboraciones, pero cuando tiene que tirarse al agua lo hacen sin pensarlo. Mientras tanto, la montaña sigue ahí. Hoy las volquetas siguen entrando al predio y siguen descargando. Los estudiantes ven como crece y crece, mientras que los directivos del colegio intentan por todas las vías legales que se pare el vertimiento, y luego sea removido el material para evitar una tragedia. Pero llevan ya 8 años en las mismas sin que el Estado les pare bolas.
