Teniendo en cuenta que los delitos cometidos por altos miembros del gobierno, los particulares que manejan bienes públicos y miembros de juntas directivas, relacionados con disposición errada, robo continuado y saqueo de recursos públicos de las entidades del Estado, originan daño al país al causar mayores impuestos, menores coberturas en salud, inadecuada calidad en educación, déficit de vivienda e infraestructura, sería importante que el Gobierno, el Congreso y la justicia implementen instrumentos que conlleven a que las investigaciones que se adelanten por estos actos ilícitos sean oportunas, efectivas, concluyentes y de cero impunidad.
Casos concretos como los de Reficar, Odebrecht, Navelena, Túnel de la línea, Saludcoop, Agro ingreso seguro, carrusel de la contratación, Caprecom, Invercolsa, restaurantes escolares, elefantes blancos y mamuts por todo lo ancho y largo de Colombia, son algunos procesos que por su importancia no deberían aparecer en el escenario nacional e internacional únicamente como una acción mediática, de amenazas, acusaciones sin fundamento y recusaciones para formar cortinas de humo y así desviar la atención de los culpables y permitir que se dilaten los procesos y por caducidad de la acción penal o vencimiento de términos estas queden impunes. En últimas, el que pierde es el Estado y de paso los contribuyentes.
Por esto es importante que el mismo pueblo proponga que los delitos de lesa humanidad no solamente se apliquen a los actos que caracterizan algunos tipos de crímenes considerados por sus implicaciones como graves, ya que tienen como finalidad primordial eliminar personas, torturarlas, hacerlas sufrir a través de alguna modalidad cruenta. La lesa humanidad se debería de reglamentar para aquellos casos en donde el desarrollo de actos espurios afecten a toda una nación, puesto que su perjuicio conlleva a que sus ciudadanos respondan por las atrocidades que han cometido personas públicas que han tenido bajo su responsabilidad la disposición y manejo de los bienes del Estado.
Los proceso que se adelantan por lesa humanidad son judicialmente imprescriptibles y pueden ser perseguidos y castigados en cualquier momento que se tenga la oportunidad de hacerlo. Pienso que este sería un modelo esencial para acabar con la impunidad y la corrupción. Y lo que da mayor confianza a los pueblos, es que la Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional son los que tienen la misión de juzgar a todos los individuos que cometen esta clase de ilícitos.
Vale la pena revisar los acuerdos pactados en el Estatuto de Roma y determinar si la asfixiante corrupción que vive el país, la impunidad que está haciendo metástasis en todas las entidades del Estado, la desigualdad e inequidad que se gesta en todos los estamentos de la sociedad y el desinterés que existe por parte del gobierno para que exista una justicia más propositiva a obtener resultados, no se pueden tener como factores o elementos graves para tener en cuenta e incluirlos en este prospecto. Lo anterior en razón a que se cumple con las variables fundamentales de su espíritu jurídico como son: ataque integral y sistemático contra la población, proviene del Estado y sus representantes, y la autoridad y la fuerza la tiene a su favor.
