Después de 20 años de estar en vigencia la Ley 100, si algo queda en evidencia es el fracaso del modelo donde un sector privado —representado fundamentalmente por EPS— manejó billones de pesos y en detrimento de la salud de los colombianos, convirtió la salud en un negocio para ellos. Hoy, las EPS se declaran en quiebra —para muchos ficticia— con deudas de miles de millones de pesos a los hospitales públicos y aduciendo que es el Estado, o sea nosotros, el que tiene que pagar sus deudas. ¿Por qué va Colombia a socializar las pérdidas de estas entidades cuando —bajo el modelo de cooperativas— muchas sacaron la plata de la salud por la puerta de atrás? Y… ¿sus inversiones en campos de golf, en vivienda costosa y en el extranjero qué? ¿Será que se esfumaron ante la ceguera de nuestro sistema de justicia? Por estas y muchas otras razones —la alta mortalidad materna, el retorno de enfermedades ya desaparecidas, el aumento de la carga de enfermedad, etc.— es incomprensible lo que esas EPS están pretendiendo en el proyecto de reforma a la salud que cursa en el Congreso.
Algunas de las perlas del nuevo vestido de estas EPS disfrazadas ahora de gestoras: pretenden mantener el esquema perverso donde lo que es bueno para las EPS es malo para los pacientes. Se habla explícitamente de rendimientos financieros con plata de la salud en manos de las gestoras; es decir, mantener el principio de que la salud —un derecho en la Ley Estatutaria— es solo negocio para estas famosas entidades. Peor aún, buscan la autorización para la integración vertical y el manejo del primer nivel de atención con lo que, entre otras, quebrarían a muchísimos hospitales. ¡Y no para ahí! Además, quieren que se les autorice formar especialistas para que sus hospitales puedan otorgar esos títulos, rompiendo con el principio fundamental que señala que solo las universidades pueden hacerlo. ¿Será que si existen suficientes análisis sobre estos y otros privilegios que la nueva reforma pretende otorgarle a estas entidades?
Aquí la pregunta clave es, ¿de dónde viene el poder de las EPS? Sin duda, desde el gobierno Gaviria, la ideología de los que siguen manejando las políticas públicas en el país, aquellos para quienes el sector privado es el motor del desarrollo, le ha dado un gran poder a estas entidades. Pero es imposible que la evidencia existente sobre el mal uso de los recursos de salud de muchas de ellas, como SaludCoop, no los haga reflexionar. Pero, por si acaso, es necesario identificar ya otras fuentes de su poder porque si no se muestran ya claramente, la nueva reforma al sistema de salud colombiano abrirá otras fuentes de enriquecimiento a costa de la salud y vida de los colombianos.
Al mirar la evidencia, no es arriesgado plantear que el poder de las EPS radica en su gran habilidad para conformar una relación salud-política. La lista reciente de miembros del Congreso de la República que han recibido algún tipo de apoyo de estas entidades, los inmensos recursos destinados a su promoción, y su intenso lobby durante los debates en el Congreso, confirman la validez de esta premisa. Pero lo inadmisible es que el Gobierno no vea esta realidad, evidente para cualquier colombiano, y no actúe en consecuencia sino que al contrario, insista en seguir promoviendo un proyecto de ley que no corrige el mayor desangre del sistema de salud colombiano. Peor aún, pretende mantener el criterio del lucro para estas entidades, sin dar señales claras sobre un mejor y necesario control estatal de las actividades de las EPS hacia el futuro. ¿Por qué será que no simplemente se les paga lo justo por sus servicios y sí se les permite mantener la atención en salud para que mejoren sus balances?
Este es el meollo del debate que se avecina sobre el cual no solo hay malestar, sino desconfianza y seria preocupación. Así como van las cosas, el sistema de salud seguirá siendo un esquema inviable de enfermos y maltratados, mientras que unos cuantos se embolsillan billones. Señor presidente, usted está a tiempo de frenar este nuevo desangre y preservar las pocas cosas positivas que puede tener el proyecto de ley. El país no está dispuesto a permitir que las Nuevas Gestoras sean iguales o peores que las EPS.
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