‘Dónde está Santos? Santos no está aquí.’ Esta es una de las consignas más escuchadas deviniendo de los micrófonos de los líderes de protesta en las marchas del paro cívico de Quibdó. Siempre que se escuche la consigna, la multitud de protestantes marchando en torno a la persona con micrófono, sabe bien claro cuál debe ser su reacción y grita en voz alta y unísona: ‘Santos está vendiendo lo que queda del país.’
En el Chocó, el estado colombiano parece distante. En un departamento pobre y principalmente afrocolombiano, el presidente Santos – hombre blanco de los escalones altos de la sociedad bogotana, encarna perfectamente este estado distante. No es sorprendente de que muchas de las consignas chocoanas están dirigidas directamente a él. ‘Santos alimaña, al pueblo no se engaña.’ ‘Santos chimbilaco, el pueblo está berraco.’
No obstante, en defensa de Santos, el fracaso de su administración de mitigar la exclusión sistemática de los chocoanos apenas es un fragmento meticuloso en una historia de siglos de racismo y explotación económica implementados en el departamento del Chocó y sus tres vecinos sureños (el Valle, Cauca y Nariño) que componen el litoral pacífico.
Siendo ciudadanos
Es la segunda vez este año que los chocoanos masivamente han salido en las calles de Quibdó y, con menos números, en otras ciudades chocoanas como Istmina y Tadó, protestando lo que ellos señalan como un abandono del estado. Como la vez anterior, el paró actual está organizado por los miembros del Comité de Salvación y Dignidad de Chocó. Son ellos mismos que hacen las negociaciones con los representantes del gobierno nacional.
Lejos de ser políticos, la corpulencia de sus miembros consiste en profesionales universitarios, como profesores, abogados, ingenieros y médicos. Los miembros del comité se enorgullecen de ser una organización civil. ‘No aceptamos que los politicos intervengan,’ dicta Yair Rueda Valoyes, no de los miembros activos del comité y un biólogo en la Universidad Tecnológica del Chocó.
Sin embargo, los logros del comité han sido bastantes. El paro posterior del agosto 2016 llevó días y resultó en substanciales compromisos por parte del gobierno en temas de infraestructura, salud y educación. El comité y el gobierno acordaron por ejemplo una inversión de 720 mil millones de pesos para financiar las 2 carreteras que comunican Chocó con el exterior, la construcción de un hospital de tercer nivel, y la implementación de proyectos para conectar todos los municipios chocoanos a redes de energía eléctrica.
Mucho compromiso y mucha plata. Lamentosamente, después de agosto poco se ha realizado. Y así, los chocoanos están marchando otra vez. Ahora llevan más de dos semanas. Las exigencias del comité son claras. Que simplemente se cumpla lo que se ha acordado antes. Pero esta lucha no es apenas de ellos. Sus demandas son bien conocidas entre los demás sectores del movimiento social. Durante las marchas, exigencias por justicias y igualdad más generales se complementan con demandas concretas, como la optimización de la red de salud departamental, no más demoras de pavimentaciones, la reducción de violencia y un servicio de gas más económico.
Llenando las calles de los cascos urbanos y bloqueando las vías regionales, los chocoanos están reclamando su lugar en la esfera pública. Estos actos son nada más que demostraciones de ciudadanía. Los chocoanos están cansados de ser ciudadanos a medias. Como lo resume Rueda Valoyes. ‘No estamos pidiendo más de lo que merecemos: que haya una salud digna, que los servicios básicos no sean insatisfechos, que haya alcantarillados y acueductos, que no nos sigan matando a los indígenas y los afros. Simplemente pedimos lo que merecemos por ley. Nada más.’
Y sí, muchas exigencias tratan de servicios básicos que se refieren a la mera supervivencia. Cuando uno participa en una marcha chocoana, se tropieza con líderes sociales que pronuncian estadísticas de pobreza extrema, con jóvenes activistas portando pancartas que enfatizan la vida y la recreación, con grupos de teatro que gritan que ‘están cansadas de parir hijos en la guerra.’ En otras palabras, se tropieza con discursos carnales. A través de su teatro físico, sus reclamos de justicia y sus bailes vivaces, estos ciudadanos subrayan su propia vivacidad y a la vez articulan una demanda colectiva por la vida propia. Como lo manifestó un protestante jóven: ‘Con toda esta alegría mostramos que estamos aquí.’
Para una protesta dirigda a la gobernación nacional cabe resaltar que la mayor parte del simbolismo del protesto apela a sentimientos regionalistas. No es el himno nacional sino el himno chocoano que se canta de forma colectiva. Además, las banderas colombianas presentes en la marcha no ondean en la misma cantidad como él azul, verde y amarillo del tricolore chocoano, decorado cualquier parte corporal de los manifestantes. ‘Es una forma de protestar,’ explica Rueda Valoyes. ‘Es una forma de decir que Chocó también es Colombia. Si Colombia no nos quiere, nos independizamos como República del Chocó o del Pacífico.’
No obstante, la lucha del Chocó no es solo una búsqueda de alivio material; también es una búsqueda de encontrar reconocimiento simbólico en un país que cuenta con una deuda histórica tremenda con sus poblaciones afro e indígena. A partir de la abolición, todavía somos un pueblo oprimido,’ dice Rueda Valoyes. ‘Donde hay más asentamientos de afros es donde cae mayor cantidad de pobreza y donde no hay hospital y no hay nada. Eso no es un invento; eso es real.’
Un abandono selectivo: intervenciones mineras
Hay que enfatizar que el abandono estatal en el Pacífico es un abandono selectivo. Aunque el estado muchas veces se caracteriza como si fuera inexistente, declarar una ausencia del estado ignoraría que mucho del subdesarrollo económico del Pacífico se debe al cumplimiento de esquemas políticas en nombre del estado; aunque sea la esclavización en los años jóvenes de la república, la extracción aurífera capitalista del siglo veinte o desplazamiento causado por la más reciente implementación de cultivos de aceite de palma.
Hoy por hoy, intervenciones políticas también son tangibles en el Chocó. En zonas rules, la gobernanza probablemente más polémica es la de la minería aurífera. Como está bien conocido, la administración de Santos ha tomado una línea dura en cuanto a la minería informal, enfatizando las negativas consecuencias de dicha minería y sugiriendo un vínculo directo entre pequeños mineros y los denominados grupos al margen de la ley. En los últimos años, se han aumentado los operativos por los cuales se incautan y se queman maquinaria minera, que ha causa una gran reducción de operaciones mineras mecanizadas.
Sin embargo, la ecuación de pequeños mineros con bandas criminales es dudosa, por no decir otra cosa. Muchos pequeños mineros sufren de una marginalidad donde no gozan de protección contra grupos al margen de la ley, situación que se debe por parte al actual Código de Minas, el cual abre pocas ventanas de formalización para pequeños mineros y ayuda a aumentar su ilegalización.
Ariel Quinto, presidente de la Federación de Mineros identifica las políticas como ‘un plan estratégico para buscar justificación y no avanzar con la pequeña minería.’ Por lo tanto, los mineros de su federación han decido de unirse al paro. ‘Porque en Choco se ha hecho minería desde cuando nos trajeron como esclavos para trabajar la tierra.’ Según manifiesta él, el gobierno equivoca la colaboración por la extorsión. ‘No tenemos alianzas y no contamos con grupos delincuentes. Ellos nos extorsionan. Y antes la ausencia del estado de protegernos nos corresponde pagar la vacuna para poder salvaguardar la vida y la oportunidad de trabajo.’
Además, aunque ciertamente están las comunidades y organizaciones chocoanas que se han opuesta a la minería mecanizada, muchos chocoanos sientes que los operativos les han quitado su única fuente de ingreso sin dejarles una alternativa de subsistencia. Si bien la mayoría de los mineros mecanizados vienen de afuera del Chocó, muchos chocoanos dependen directamente de la minería, arrendando sus terrenos o trabajando en los entables mineros como personal o barequeros independientes.
El modelo minero colombiano y sus consecuencias para mineros informales resaltan una vez más que la pobreza de departamentos períferos como el Chocó no existe afuera o en la sombra del estado colombiano, pero que está en el pleno eje de un abandono político parcial. Lo que se necesita en el Chocó no es más estado colombiano, sino simplemente carreteras, hospitales y oportunidades laborales.
