Los días siguen transcurriendo y no se ven resultados positivos. El gobierno del Presidente Santos está padeciendo las primeras contradicciones de su política de Estado: la apuesta excesiva por el modelo neoliberal. Por eso, siguen los paros, las movilizaciones y las demandas todas muy dinámicas por parte de los maestros, camioneros, indígenas, afrodescendientes y cada una tiene aire de no parar por estos momentos.
La ineficaz acción del Gobierno Nacional por ofrecer elementos, alternativas y en el mayor de los casos soluciones a una realidad de abandono, violencia y despojo que históricamente ha presenciado Buenaventura, se convirtió en el problema más grande de las últimas administraciones. Pensaríamos que el puerto más significativo de la nación solo sirviera para los intereses de las transnacionales, sectores empresariales y grupos/familias tradicionales de la región
La resistencia política de los miembro del Comité del Paro Cívico, que lleva más de doce días en Buenaventura, está demostrando cuáles son las estrategias, motivos y acciones que tiene el gobierno para burlar las demandas de los ciudadanos (levantarse de la mesa de negociación), y si fuera poco los mecanismos para mitigar cualquier tipo de movilización - pacífica que nazca al interior de las comunidades (el uso del ESMAD). Lo mismo que está sucediendo en Buenaventura, ha sido aplicado a los maestros, estudiantes, obreros, campesinos, indígenas, y cualquier sector que manifiesten o reivindiquen sus derechos políticos sobre la vida, el territorio y su propio desarrollo.
Sin embargo, la respuesta por parte del Gobierno Nacional es la misma de siempre: represión, militarización y violencia a través del uso legal del monopolio de la fuerza, bien lo podemos reconocer con la estrategia de criminalizar la protesta social, y recurrir a la presencia masiva de las fuerzas militares (policía, ejercito, marina) que tiene custodiado las partes estratégicas del puerto, permitiendo que continúe la entrada y salida de las mercancías. Por supuesto, las élites saben que si para la ciudad, se está paralizando el 80% de las importaciones de café el principal producto del país, y el 60 % del total del comercio por vía marítima que se realiza en Colombia. Así pues, es inadmisible reconocer y aceptar que el puerto de mayor jerarquía del país tenga que vivir en condiciones de extrema pobreza, violencia, desempleo y niveles tan bajos de educación y calidad de vida.
Las fuertes movilizaciones, manifestaciones y acciones que han realizado los/as bonaverenses, ha dejado a más de uno con la boca abierta, en especial a esos que pensaban que ese “tal paro cívico no dudaría más de dos días, es un paro de rebuscadores” que fueron las declaraciones de la máxima autoridad de la ciudad (alcalde), una manera burda para desconocer la exigencia justa, crítica y propositiva que vienen realizado los ciudadanos a través de los representantes del comité del Paro Cívico, pero mientras unos llaman al diálogo el gobierno sigue usando la fuerza desbordada y brutal pasando por encima de los derechos humanos, la soberanía del territorio y las prácticas políticas de las comunidades. Véase: http://josecaperafigueroa.blogspot.mx/
Tal como lo manifiestan los miembros del comité, las acciones que dieron entrada al vandalismo, saqueo y desorden en la ciudad, se deben en gran parte a la estrategia del gobierno nacional orientada a desarticular, desestabilizar y crear una imagen negativa sobre la razón de ser del paro cívico. Ahora nacen las preguntas y todavía no existen respuestas concretas: ¿quién dio la orden de mandar al ESMAD (policía)?, ¿por qué el ESMAD no se ha ido del puerto?, ¿cuáles son los motivos para NO declarar a Buenaventura zona de emergencia social – económica entre otras? y el último, ¿cual es el juego y los intereses (mega-proyectos) que tiene el gobierno nacional con los bonaverenses y su territorio? Véase: https://www.youtube.com/watch?v=JhFNM5xCI0s
En últimas, las negociaciones no prosperan en la lógica que demanda la población del puerto, por supuesto, como podría avanzar si el gobierno llega con una agenda política impuesta por los intereses de los grandes empresarios, multinacionales y grupos políticos de la región, todo lo contrario, a las necesidades reales de las comunidades, mientras no exista un reconocimiento coherente frente a las demandas/motivos justos que demanda la ciudad: salud, educación, empleo, seguridad, cultura entre otras. Será muy complejo ver soluciones a corto y largo plazo, algo que sencillamente no merecen exigir sino que deberían existir por parte del Estado colombiano, por ello, internacionalmente manifestamos nuestro apoyo, asesoría, divulgación, reconocimiento y solidaridad con el Comité del Paro Cívico y la sociedad bonaverense, que merece una ciudad “para vivir con dignidad y en paz en el territorio”.
