LAS COMPLEJIDADES DE LA MINGA INDÍGENA Y POPULAR
Popayán, 1° de noviembre de 2013
La lucha por el territorio, la defensa y liberación de la madre tierra, y la construcción de autonomía que las comunidades indígenas han desarrollado a lo largo de 521 años, tanto en América como en Colombia, ha enfrentado diversos momentos críticos en su historia.
La primera etapa fue la resistencia frente al avasallamiento y exterminio que durante la conquista europea los pueblos originarios tuvieron que desarrollar en todo el territorio americano. La segunda, se presentó frente a los esfuerzos esclavizadores de los colonialistas ibéricos, que lograron que algunos pueblos indígenas concertaran “alianzas subordinadas” como pasó con las cúpulas aymará-quechuas, aztecas, muiscas y otros.
Muy pocos pueblos originarios lograron mantener su identidad y libertad durante esta etapa histórica. Los nasas en Colombia y los mapuches en Chile, son los más destacados en esa lucha de resistencia permanente y relativamente triunfante, que obligó a los colonizadores a diseñar estrategias para dominarlos basadas en la aculturización y el sometimiento ideológico a través de la religión.
La tercera etapa se presentó frente a las elites criollas que durante las revoluciones de independencia pretendieron utilizar la concepción liberal europea de la República para colocar la consigna de “igualdad” a su servicio y apoderarse de las tierras (resguardos en Colombia) que los pueblos indígenas habían mantenido bajo su control en acuerdo con la Corona Hispánica. Los herederos criollos iban por su tierra y una nueva esclavitud.
En esa tercera fase de resistencia los pueblos originarios se dividen. En aquellas regiones en donde habían mantenido la potencia de su fuerza libertaria, se alían con los ejércitos independentistas para poder participar del triunfo y defender con las armas en la mano su autonomía. Sin embargo, en la mayoría de lugares, en donde los pueblos indios habían aceptado la “protección real de la Corona Española”, se conciertan con las fuerzas realistas para defender su restringida autonomía y sus tierras.
La cuarta etapa se ha presentado durante todo el siglo XX y ha consistido en reconstruir sus fuerzas dentro de los Estados Nacionales, luchando por el reconocimiento de su identidad, respeto a su cultura, lenguas e idiomas, costumbres y autoridades propias, en el marco de las luchas contra el latifundismo y por la conquista de sus derechos como pueblos originarios. De esa manera han conseguido que en algunas Constituciones Políticas (Bolivia, Ecuador, Colombia) se reconozca su derecho a territorio, autonomía y desarrollo integral económico, social y cultural, como aplicación de los conceptos de plurinacionalidad, pluri-etnicidad y multi-culturalidad.
Ahora, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, los pueblos indígenas de América Latina tienen que enfrentar un nuevo reto. El modelo capitalista neoliberal depredador, des-territorializador y despojador, es la nueva amenaza. Éste modelo – igual que en el pasado –, utiliza armas y herramientas sofisticadas, violentas, “institucionales”, aparentemente “conciliadoras”, pero mortales para los pueblos si estos se dejan engañar y engatusar.
Es en ese contexto que se desarrolla la Minga Indígena y Popular en Colombia. La movilización se inicia el 12 de octubre de 2013 y finaliza con la firma de acuerdos con el gobierno nacional doce días después en el resguardo La María (Piendamó-Cauca), aun cuando la dirigencia indígena ha planteado que la Minga continúa. Hubo fuertes confrontaciones en el Cauca, Valle, Risaralda y Huila, con heridos y detenidos.
Para entender la dinámica de ésta importante lucha, que comprometió por dos semanas a más de 40.000 indígenas de todas las regiones del país, coordinadas por la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y dirigidas por sus organizaciones regionales[1], es necesario, no sólo entender la historia y la diversidad de pueblos originarios existentes, sino ubicarnos en la actual coyuntura política, en donde se está negociando entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, un posible post-conflicto que compromete el futuro de la ruralidad del país en donde habitan y subsisten las mayorías de los pueblos indígenas.
El pliego de exigencias
Las exigencias planteadas por el movimiento indígena colombiano se concentraron en 5 puntos que trataban los siguientes temas:
1. Territorio y tierras; seguridad jurídica de los territorios indígenas; ejercicio pleno del derecho al territorio; constitución, ampliación y saneamiento de los territorios indígenas.
2. Consulta previa sobre proyectos minero-energéticos e hidrocarburos; revocatoria directa de las concesiones o contratos de explotación minera en territorios indígenas.
3. Ejercicio de autonomía y gobierno propio; autonomía territorial; la cosmovisión y la autonomía en el ejercicio de gobierno propio.
4. Tratados de Libre Comercio y política agraria; promoción del referendo para la derogatoria de los TLC o la renegociación de los mismos; derogatoria de todas las normas que afecten la soberanía alimentaria.
5. Derechos humanos, conflicto armado y Paz; adopción integral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas; desmilitarización de los territorios indígenas; desmonte de los planes de consolidación y respeto al ejercicio de control territorial a través de la guardia indígena.
El contenido de los acuerdos
El grueso de los acuerdos firmados por el gobierno nacional con los pueblos indígenas con ocasión de la Minga Indígena y Popular se centra en los temas de territorio, tierras, autonomía y derechos humanos. En relación a la mega-minería en territorios indígenas y los TLCs no hubo mayores avances, aunque el gobierno nacional se compromete a conformar una comisión de trabajo encabezada por el ministerio de Minas y Energía.
Además de comprometerse a realizar modificaciones puntuales a los decretos 1987 de 2013 (pacto agrario) y 1465 de 2013 (procedimientos especiales agrarios de clarificación de la propiedad), dirigidos a proteger jurídicamente los territorios ancestrales indígenas, el gobierno se obliga “en un plazo no mayor a seis meses a concertar y expedir un decreto reglamentario de la Ley 21 de 1991 con fundamento en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” que tiene el mismo objeto.[2]
De igual forma, el gobierno se compromete a “documentar, evacuar y presentar al Consejo Directivo del Incoder, como meta 400 expedientes sobre ampliación, constitución, y saneamiento de Resguardos Indígenas”. Además, el gobierno asignará “recursos por valor de cincuenta (50) mil millones de pesos para la compra de tierras a pueblos indígenas de la vigencia 2014. Adicionalmente, se destinarán treinta (30) mil millones de pesos a través de vigencias futuras de 2015”.[3]
En lo relacionado con autonomía el gobierno conviene expedir un “decreto que podrá ser de origen constitucional con fundamento en el Artículo 56 transitorio de la Constitución colombiana”. Para tal fin “se conformará una comisión mixta liderada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y los delegados de la Minga ONIC, quienes, en un plazo máximo de cuatro meses concertarán los contenidos del decreto.”[4]
Las comunidades aspiran que esta legislación les otorgue mayor autonomía para el manejo y la administración de los sistemas educativos, de salud y del sistema general de participaciones (transferencias a las Entidades Territoriales Indígenas) y demás asuntos.
En derechos humanos se firman acuerdos en relación con el cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional 092 de 2008 y otros compromisos puntuales respecto de los pueblos indígenas en peligro de extinción, comprometiéndose a ejecutar varios planes para atender dichas comunidades en el marco de “formular una Política Pública diferencial indígena de prevención y protección individual y colectiva de Derechos Humanos, acorde con la diversidad étnica, cultural y geográfica, y con las formas ancestrales de control social, territorial, y de protección física y espiritual de los Pueblos Indígenas.”[5]
¿Un pacto burgués-indígena?
Es visible que el principal objetivo de la mayor parte de acuerdos está dirigido a proteger y ampliar la legislación que les da garantías a los pueblos indígenas en defensa de sus territorios, y los procedimientos para adquirir, ampliar y sanear resguardos indígenas.
En ese sentido es evidente que las comunidades indígenas están previendo lo que puede ocurrir en la etapa del post-conflicto, en donde las contradicciones con sectores campesinos que luchan por la ampliación y establecimiento de Zonas de Reserva Campesina, pueda afectar sus derechos y su territorio. También aspiran a protegerse frente a la avanzada del gran capital que aspira – como en el caso de la altillanura de lo Orinoquía – a apoderarse de amplios territorios para lo cual el gobierno ya prepara una ley.
No hay que olvidar que los pueblos indígenas han podido sobrevivir luchando por su territorio y ahora, aprovechan – tácticamente – la debilidad del gobierno Santos para reafirmar y establecer algunas normas que les garanticen esa defensa.
El hecho de que los pueblos indígenas liderados por la ONIC y sus organizaciones regionales no hayan participado en el Paro Nacional Agrario y que decidieran realizar una movilización nítidamente indígena (aunque le colocaron “popular” y le introdujeran el tema de la mega-minería, los TLCs y la política agraria para guardar las apariencias), nos permite concluir que todo lo relacionado con el territorio era su mayor preocupación.
Sabemos que hace varias décadas los pueblos indígenas tienen graves contradicciones con la guerrilla de las FARC que, en la dinámica del conflicto armado y en lucha por el control territorial, se ha confrontado con los pueblos originarios y muchas veces ha desconocido a las autoridades indígenas. Dicho enfrentamiento se agudizó en el año 2012 con los hechos sucedidos en Toribío (Cauca), asesinatos de médicos tradicionales y comuneros indígenas, pero es una historia de vieja data.
Sin embargo, para los pueblos indígenas y sus dirigentes (especialmente en el Cauca), lo más preocupante es la contradicción que existe con organizaciones campesinas e indígenas, influidas por corrientes políticas que cuestionan la forma como ellos vienen dirigiendo el movimiento indígena y sus conquistas, dado que se presentan múltiples conflictos internos por el manejo de la tierra, las transferencias, la orientación de los programas de educación y salud, y otros asuntos como la jurisdicción especial indígena.
En ese sentido parece que la dirigencia indígena priorizó en el momento actual la consecución de normas jurídicas que blinden sus territorios de la interferencia que puedan generar las Zonas de Reserva Campesina u otras formas de organización campesina que surjan de los acuerdos entre el gobierno y las FARC en La Habana.
Como todos los elementos lo sugieren, se puede afirmar que frente a un “pacto entre campesinos colonos y burguesía transnacionalizada” fruto de las negociaciones de La Habana, la dirigencia indígena está dispuesta a hacer su propia “alianza burgués-indígena”.
Dos líneas políticas indígenas en América Latina
En América Latina avanzan dos líneas de construcción de “autonomía indígena y popular”. Una es la que desarrollan los indígenas chiapanecos bajo la dirección de los neo-zapatistas mexicanos. Su autonomía se basa en la organización de base y la constitución de municipios autónomos con “Juntas de Buen Gobierno”, con sus propias normas e instituciones reconstruidas a partir del sentido de cooperación y solidaridad. No sólo es una línea autónoma sino un proceso anti-neoliberal y anti-capitalista que aparece como una alternativa no sólo para sus comunidades sino como un camino global post-capitalista.
El otro camino es el que vienen intentando los pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia, en donde las comunidades originarias contribuyen con el resto de las clases oprimidas de esos países a derrotar a sus oligarquías y al imperio capitalista, para construir un “Estado Plurinacional” en donde a partir de la democracia participativa y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, se desarrolle un proceso socialista que potencie la cosmovisión indígena a niveles contemporáneos que le permitan a los trabajadores y a los pueblos construir nuevas relaciones de producción y de existencia.
El primer camino, con todos los inconvenientes que tiene en un país en donde se ha profundizado el modelo capitalista neoliberal dependiente de los EE.UU. como México, los pueblos chiapanecos avanzan y dan ejemplo de organización autónoma. El segundo camino, se ha encontrado con que los gobiernos democráticos y “socialistas” no logran concretar la “plurinacionalidad”, se impone la senda “extractivista” y la concepción del progreso “euro-céntrico” se aplica en la dinámica gubernamental, no sólo por presiones de las mayorías “nacionales” y “mestizas”, sino por la inconsecuencia de una dirigencia que al llegar a los gobiernos se desvincula de las dinámicas organizativas populares.
Los pueblos indígenas en Colombia
Según las fuentes oficiales[6], en el país existen cerca de 84 etnias o pueblos indígenas que cuentan con una población de 1.378.884 personas, los cuales representan el 3,3% del total nacional. La mayor parte de esta población habita en el área rural (78%). De ellos, la mayoría está ubicada en la región andina (Cauca, Nariño, Tolima, Caldas, Antioquia, etc.) y en la Costa Atlántica (Guajira, Córdoba, Sucre, Cesar), y tienen un fuerte grado o nivel de integración a economías mercantiles de tipo campesino, artesanal y agropecuario.
Por otro lado están los pueblos indígenas menos “integrados”, ubicados en departamentos de la Orinoquía y la Amazonía, y en el Chocó Bio-geográfico, en la Costa Pacífica. Son aproximadamente 100.000 indígenas de diversos pueblos y familias que han venido siendo desplazados de sus territorios por efecto del conflicto armado y muchos de ellos se encuentran en proceso de extinción.
La lucha indígena en Colombia fue encabezada en Colombia desde las décadas de los años 60 y 70 por las comunidades originarias del Cauca, Nariño y Tolima, y con el aliciente de haber conseguido su reconocimiento constitucional en 1991, han logrado construir un movimiento nacional hoy coordinado por la ONIC.
Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento normativo que les ha permitido legalizar y defender sus territorios y resguardos en los últimos 22 años, las amenazas reales son enormes y vigentes. El modelo capitalista neoliberal avanza en todo el país, por un lado, encabezado por el plan de entrega de extensos territorios a la mega-minería y a la extracción de hidrocarburos, y por el otro, con la des-territorialización de amplias regiones que se están destinando a los poderosos agro-negocios ligados a la producción de agro-combustibles.
Los indígenas lo tienen claro, lo expresan de diversas maneras en su pliego de exigencias. Las circunstancias del momento los obligan a priorizar la defensa de su territorio, así sea concertando con la burguesía unas normas jurídicas que son un referente legal para su defensa, pero sin renunciar a la lucha contra el modelo. Es evidente que a su interior algunas fuerzas son más conciliadoras que otras, que las burocracias que están al frente de algunas de sus organizaciones muchas veces imponen acuerdos tangibles en términos económicos con el Estado y que existen presiones de muchas ONGs por favorecer la propuesta coyuntural y abandonar la lucha principal contra el modelo económico y político oligárquico e imperial.
Sin embargo la realidad se impondrá. Las solas normas jurídicas no son ninguna garantía de pervivencia y de construcción de autonomía. Las contradicciones y conflictos con los campesinos requieren de otros espacios – no institucionales sino populares – para ser solucionados de forma democrática y concertada. La burguesía les otorga a los pueblos indígenas ciertos niveles de autonomía pero – como ha ocurrido con la normatividad lograda desde 1991 – siempre estará restringida y subordinada a sus instituciones oligárquicas y capitalistas, que como en el caso de la salud y la educación, sólo cambian de forma en manos indígenas pero mantienen su esencia en beneficio del gran capital.
Los pueblos indígenas de Colombia – por las condiciones tan difíciles en que sobreviven – necesariamente tienen que profundizar su alianza con los campesinos y con los trabajadores para derrotar un sistema capitalista que ahoga con su avance despojador cualquier posibilidad de autonomía. El ejemplo “chiapaneco-zapatista” debe ser apreciado y hasta donde sea posible aplicado a nuestra realidad, pero la alianza con el resto del pueblo colombiano para conquistar soberanía nacional y popular debe ser profundizada como una necesidad vital para los pueblos indígenas de Colombia.
[1] OIA (Antioquia), CRIDEC (Caldas), CRIR (Risaralda), ORIQUIN (Quindío), ORIVAC y ACIVA (Valle del Cauca), CRIC (Cauca), CRIHU (Huila), ASO´UWA (Boyacá, Santander y Norte de Santander), UNIPA, ACIESNA y CAMAWARI (Nariño), ASOREWA y FEDEOREWA (Chocó), CRIT (Tolima), ASOPBARI (Norte de Santander), Pueblo Muisca, (Cundinamarca), UNUMA (Meta), CAMAEMKA (Alto Sinú, Córdoba), ASCATIDAR (Arauca), ORIC (Casanare), CRIVI (Vichada), AIPEA, ACITAM, ATICOYA, AZCAITA, OIMA, AZICATCH y ASOAINTAM (Amazonas), CRIOMC y ORUCAPU (Caquetá), ASOCIACIÓN WAYA WAYUU, Organización Wayuu Araurayu,, Resguardo de Mayabangloma, Aacigwasug, Painwashi y Yanama (La Guajira), OWYBT (Cesar, Magdalena y La Guajira), OIK y Pueblo Yupka (Cesar), Pueblo Ette Enaka-Chimila (Magdalena y Cesar), Cabildo Mayor Pueblo Zenú (Córdoba y Sucre), Cabildo Mayor Mokana (Atlántico) y Cabildo Mayor Emberá Katío del Alto San Jorge (Córdoba). [2] Acta de Acuerdos logrados entre los Pueblos Indígenas que participaron en la Minga Social Indígena y Popular y el Gobierno Nacional, 23 de octubre de 2013, La María, Piendamó, Cauca, Colombia. [3] Ídem., Óp. cit. [4] Ídem., Óp. cit. [5] Ídem., Óp. cit. [6] DANE 2005. Censo Nacional de Población de 2005
