El pasado 17 de mayo, la Corte Suprema le colocó no un palo sino una barilla a la implementación de los acuerdo de la Habana con la fatal decisión de permitir realizarl cambios sustanciales a las leyes que materializaran los acuerdos, y que permiten la discusión y voto, artículos por artículo. Además, la otra decisión no menos importante de dejar sin sustento la ampliación de la planta personal de la unidad nacional de protección UNP, prohibiendo la vinculación de excombatientes de la guerrilla se vinculen a la unidad con el fin de brindarle seguridad a los miembros del nuevo partido que conforme la FARC-EP, es preocupante.
Esto por qué sucede:
A mi parecer y como lo dije hace unos años, por la forma como las parte llevaron la negociación. Fue una negociación que arrojó un acuerdo entre el gobierno y las Farc-ep, y allí está el principal y neurálgico problema del asunto: se entendió y manejó como un problema de los dos, cuando debió ser convertido en un acuerdo de estado, lo que implica que involucra a todos los poderes políticos con sus instituciones que tienen responsabilidad política; es decir, por la mesa de negociación debieron pasar miembros del ejecutivo como sucedió en las altas cortes, los órganos de control, Procuraduría, Defensoría, Contraloría, los órganos descentralizados como las universidades, el Banco de la República, los partidos políticos, y todos los que tendrían algo que decir en la implementación. Sabemos que al innombrable se le hizo la invitación.
Si bien es difícil por la cantidad de gente, se puede buscar una metodología para hacerlo, y este ejercicio no le quita al presidente su responsabilidad constitucional en la firma del acuerdo y negociación de paz.
Lo que sucedió con la Corte responde a la forma cómo el gobierno ha venido cumpliendo los acuerdo desde el mismo momento que se firmaron. El gobierno nunca colocó el poder que tiene en función de los acuerdos, por eso se perdió el plebiscito. Si en su momento los ministros, gobernadores y alcalde, así como los partidos de la unidad nacional, estuvieran haciendo pedagogía de paz y buscando votos como lo hacen cuando son sus elecciones, el resultado del plebiscito hubiera sido otro. Otro ejemplo del incumplimiento ha sido el acondicionamiento de los lugares donde se concentraría los guerrillero. Es una falta de respeto que el gobierno le haya quedado grande hacer casas, cocinas y baños en un proceso de paz. Eso le quita seriedad al proceso. El tercer ejemplo para argumentar mi tesis de la falta de compromiso del gobierno es la lentitud con que se discute el famoso fast track, en seis meses se han aprobado tan solo 7 leyes.
Con esos ejemplos, el gobierno no está mandando señales real de compromiso al resto de poderes del estado ni a la sociedad colombiana, está dando pautas para que el resto de instituciones y la sociedad colombiana no tomen los acuerdos con la seriedad que ameritan para parar una guerra de 52 años.
Las debilidades siguen de presente en la implementación para alcanzar una paz estable y duradera y generar un acuerdo de esperanza.
Como reflexión, si la comunidad negra coloca una demanda a las leyes que se discuten en el Congreso por falta de consulta previa, cualquier tribunal de estos conservadores puede dejar sin efecto los acuerdos y su implementación. Todo por no surtir ese derecho fundamental de la consulta para las comunidades étnica, es solo un ejemplo muy real de suceder.
A mi parecer aún se puede enderezar el rumbo de la implementación y es a través de un acuerdo nacional que involucre al resto de las instituciones del estado, a las fuerzas vivas de la sociedad colombiana, no solo a los inconformes y la banda del innombrable sino a la sociedad en su conjunto. La paz es un bien de la sociedad colombiana, no de un sector. La paz es el derecho supremo, es la vida, lo más importante. Los que no estén de acuerdo que sigan con la guerra, pero no con cuerpos ajenos. Hoy queda guerra y delincuentes por combatir.
Señor presidente, asuma la implementación de los acuerdos para alcanzar la paz de los colombianos como un asunto de estado, más allá que de gobierno.
