La situación que enfrentan las universidades públicas del país desde hace décadas se agudiza cada vez más frente a la indolencia y desidia del gobierno, quien a través de diferentes reformas ha venido mermando la capacidad de funcionamiento, ampliación de cobertura y de infraestructura. Aunque mucho se ha hablado sobre las reformas de la educación superior pública y privada en Colombia, los diferentes estudios de académicos coinciden en afirmar que la problemática eje de la situación es la falta de inversión de recursos por parte del Gobierno a este sector.
Al respecto, podemos citar muchos ejemplos a lo largo y ancho del país, pero uno de los más emblemáticos es el de la mejor universidad pública de Colombia, la Universidad Nacional, donde en materia de infraestructura la situación es caótica. El edificio de arquitectura, diseñado por Hernán Herrera Mendoza, en la década del 30, fue demolido a mediados del año pasado, porque se cayó a pedazos; desde entonces los estudiantes tienen que ver sus clases muchas veces dentro del gimnasio donde se practica Taekwondo. La Facultad de Artes de la Universidad Nacional cumplirá 131 años de fundada y su sede, un edificio construido en 1937 y declarado bien de interés cultural de la nación, se cae a pedazos. El edificio de ingeniería pudo reforzar sus bases gracias a los 9 mil millones de pesos que la misma facultad invirtió para que su sede no se desplomara, los egresados hicieron una colecta de mil millones para ayudar a la causa y el gobierno nacional no puso un solo peso.
Otro aspecto es la ampliación de cobertura, que lastimosamente se hace imposible debido al recorte presupuestal, lo que conlleva a mantener por años congelados los cupos y carreras limitando así el derecho a la educación de tantos jóvenes de escasos recursos y que obviamente tampoco llegue a más regiones del país. Al igual que la Universidad Nacional la problemática es generalizada, hasta hace poco la Universidad de Pamplona, Universidad Distrital, Universidad Popular del Cesar, Universidad de los Llanos, Universidad de Cartagena, Universidad de Antioquia, entre otras, han manifestado serias situaciones en su funcionamiento; y es que los recursos que perciben no permiten subsanar las necesidades que se han venido derivando como es la atención de la planta física, actualización de infraestructura tecnológica, ampliación de la planta de profesores y reestructuración de la planta de investigadores, entre otras reclamaciones que desde los órganos de control del Estado e instancias gubernamentales se exigen.
Todo este somero esbozo de la problemática de las universidades nos lleva a preguntarnos: ¿cómo piensa Colombia ser la más educada en las próximas décadas dejando agonizar la universidad pública? O mejor aún ¿cómo piensa el gobierno superar las desigualdades sociales sin fortalecer la educación pública?
Pues bien, el Gobierno en cabeza de varios ministros en las últimas décadas ha impulsado reformas y creado programa con los que según ellos lograrían estrechar la brecha de desigualdad y oportunidades, uno de estos fue el presentado en el año 2016 por la entonces Ministra de Educación, Gina Parody, el llamado Sistema Nacional de Educación Terciaria –SNET el cual busca configurar una nueva perspectiva educativa y tiene como fin unificar la educación técnica y tecnológica, incluida el SENA, y la universitaria en un sistema único.
Esta política educativa ha sido rechazada por sectores académicos del país, al considerar que no responde a las exigencias de la paz y se ocupa de la formación netamente laboral olvidándose de la humanística. Para la mayoría de educadores es un grave error que el sistema educativo del país pretenda dedicarse solamente a formar para el trabajo, que se dedique exclusivamente al saber hacer dejando atrás el conocimiento y la investigación. Con ello se demuestra que la intención del gobierno es imponer por esta vía lo que no logró con la reforma de la Ley 30 y con el Acuerdo por lo Superior. Ahora bien, la preocupación de los representantes de las diferentes universidades de educación superior era la pretensión de la nueva Ministra de Educación Yaneth Giha de aprobar vía “Fast Track” la implementación del Sistema Nacional de Educación Terciaria, pero ante las protestas que han tenido lugar contra su Decreto-Ley, ha desistido por ahora.
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando la política educativa durante las últimas décadas está caracterizada por la desfinanciación del Estado a las universidades públicas como veremos a continuación: El Presupuesto General de la Nación para la educación en este año disminuyó en un 0,2%, además el presupuesto de inversión que se destina para infraestructura e investigación disminuyó alrededor de un 20%, algo así como medio billón de pesos. Y el asunto no para allí, pues el gobierno había prometido adicionar un 0,5% más al sector educativo con los recursos percibidos a través de la Reforma Tributaria, pero finalmente solo adicionó un 0,2%, es decir un total de 600.000 mil millones que fueron a parar al ICETEX.
Pero la pregunta que surge entonces es ¿por qué el gobierno envía los recursos al ICETEX y no a la base presupuestal del sector educativo? Sencillamente porque si crece la base presupuestal en educación, ese dinero va directamente a las universidades públicas y eso es lo que no quiere el gobierno, por ello utiliza al ICETEX como intermediario para que distribuya los recursos entre todos los proveedores, que son: universidades públicas, universidades privadas y multinacionales. Con ello en mediano plazo logrará que el ICETEX sea el intermediario de los recursos que se giran para la Educación Superior. Y es aquí donde está la trampa de este sistema, pues se ha creado un modelo de financiación a la demanda que favorece a las multinacionales, restándole así recursos a las universidades públicas del país.
Otro claro ejemplo es el famoso programa Ser Pilo Paga con el que el gobierno ha creado un sofisma en las bases populares, mostrándolo como un programa de gratuidad que en realidad está llevando a los jóvenes a las universidades privadas, por ende un gran capital del sector educativo se va para estas y el gran intermediario es el ICETEX, creando una desproporcionalidad, pues por ejemplo, por este programa la U de los Andes recibe 70 mil millones, mientras que la U Popular del Cesar sólo recibe 17 mil, según informes de representantes de rectores de universidades públicas.
Precisamente hablaba de sofisma porque el programa Ser Pilo Paga ha sido presentado por el gobierno como la panacea para la solución del problema educativo de ingreso a la universidad de tantos jóvenes de escasos recursos, como un privilegio o premio cuando es un derecho; pero la realidad es otra pues este programa beneficia alrededor de 30.000 estudiantes, frente a más de 500.000 bachilleres que se gradúan anualmente, y estadísticamente para el año 2019 apenas alcanzará a becar al 2% de los estudiantes graduados de la educación media, lo que significa un incremento pírrico si lo comparamos con países como Ecuador y Chile que proyectaron lograr para el 2016 que el 50% de sus estudiantes de estrato 1 y 2 ingresen gratuitamente a la Universidad.
Todo esto ha sido debatido y denunciado por los representantes estudiantiles, egresados universitarios y rectores de universidades públicas en diferentes escenarios a nivel nacional. Como tarea es importante que haya un verdadero diagnóstico de la realidad educativa en el país, un diálogo amplio incluyente que aporte planteamientos para un nuevo sistema de educación superior más equitativo, que no mire a la educación como un negocio sino como un derecho, pero sobre todo que haya un compromiso presupuestal serio por parte del gobierno; las 32 universidades públicas del país se deben fortalecer pues un país democrático necesita defender su educación pública para que todos tengan las mismas oportunidades y se reduzcan las desigualdades sociales, se hace necesario hoy que tanto se habla de paz.
