El país celebró la semana pasada la caída de un pretendido referendo. En un acalorado debate la comisión primera de la Cámara de Representantes se tumbó la propuesta de la senadora Viviane Morales para limitar mediante consulta popular la adopción de niños a parejas heterosexuales exclusivamente.
La propuesta de consultar a la ciudadanía con el fin de limitar el derecho de los niños a ser adoptados por parejas LGTBI se cayó porque, de paso, afectaba a todas las personas solteras como posibles adoptantes. Algunos representantes que votaron negativamente, realmente no defendían los derechos vulnerados de las personas LGTBI. Ahí hay otro debate de fondo.
Pero bueno, como se dice en Colombia “menos mal” que la senadora del tradicional y el emblemático Partido Liberal Colombiano cometió cierta torpeza de marca mayor y no pudo enmendarla. Como tampoco fue capaz de contra argumentar no solo los aportes científicos, sino las evidencias de infantes criminalmente vulnerados en familias heterosexuales, frente a adultos defendiendo la calidad del hogar homosexual que les acogió cuando niños.
De este capítulo quedó claro que en Colombia la garantía de derechos hacia las personas LGTBI tambalea, pero camina. En un país cuyo gobierno es laico, los electores antes de votar van detectando cuáles candidatos son personas respetuosas de los derechos ciudadanos, sin distinción de sexo, raza, religión u orientación sexual. Aquí no hacen falta ayatolas, ni torquemadas medievales juzgando, legislando o gobernando la vida privada de sus ciudadanos.
En tal contexto, teniendo en cuenta que Medellín en temas de políticas sociales ha estado a la vanguardia entre las ciudades capitales (incluso a nivel nacional se han copiado varias de sus políticas, como la de primera infancia: Buen Comienzo), vale la pena preguntar ¿cómo están las cosas en la capital de la montaña para estos grupos poblacionales?
La ciudad sigue dando ejemplo. Desde la administración de Sergio Fajardo se vio la necesidad de armar unas mesas para estudiar acciones afirmativas efectivas en beneficio de los grupos poblacionales LGTBI de Medellín. Estas mesas contaban con la propia población diversa, expertos en el tema y la academia para enriquecer la discusión. No se trataba de copiar una política pública externa, sino armar una propia y eficaz ante las necesidades de estos grupos poblacionales en el territorio.
Como resultado en 2011, bajo un nuevo gobierno, el Concejo de la ciudad aprobó mediante acuerdo una política pública para la población sexualmente diversa. El mismo año, la administración construyó mediante escenarios participativos, el decreto reglamentario 1928, adoptando la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género y para la protección, restablecimiento, atención y garantía de derechos de las personas LGTBI del Municipio de Medellín. “Cuando hay voluntad política todo se puede, no hay barreras”. En ese momento la secretaría de Cultura Ciudadana era la encargada de coordinar la orientación, planeación, seguimiento y evaluación de la Política Pública, con el objeto de cambiar imaginarios. Pero actuaban allí Desarrollo Social, Gobierno, Inclusión Social, Educación, Salud y otras dependencias.
Hasta el año 2011 es notoria la voluntad del alcalde Salazar y de uno que otro Concejal por sacar adelante estas medidas municipales. Esto no quedó ahí: la energía y el tiempo alcanzaron para crear y poner a operar un equipamiento público llamado Centro de la diversidad sexual e identidades de género para la población LGBTI, en el centro de la ciudad.
En el 2012, la nueva administración municipal y la población diversa iniciaron con los motores cargados de entusiasmo. Se termina de dotar la casa y allí echan a andar los dos espacios participativos de la población, el Consejo Consultivo y el Comité Municipal de Diversidad Sexual, en aras de trabajarle al reconocimiento de derechos de estas poblaciones. Hasta ahí todo era entusiasmo y ganas de trabajar. Pero no se sabe en qué momento se detuvieron los motores, se puso en pausa la implementación del acuerdo y del decreto municipal, el centro de diversidad sexual fue decayendo, se atendía a la población en orientación psicológica, jurídica y se orientaba en cualquier trámite a la población diversa, pero no continuó avanzando.
Supongo que la reforma administrativa al pasar la coordinación de la política pública de la secretaria de Cultura Ciudadana a la secretaria de Inclusión Social y Familia contribuyó al estancamiento. Hasta ese momento la directora del centro de diversidad tenía relaciones e influencia como cualquier subsecretario de la administración municipal, con línea directa con secretarios de despacho e incluso concejales, lo cual era importante para implementar las medidas y acciones. Pero la reforma administrativa municipal, creó cargos para el centro de diversidad que ya no tenían influencia política, por la misma dinámica de ser funcionarios de carrera sin eco en la administración municipal y mucho menos en temas tan álgidos para muchos secretarios de despachos cristianos y conservadores de su momento. Es decir, se acabó la voluntad política y los encargados de liderar el tema no pudieron hacer mayor cosa o simplemente se sentaron a esperar.
El actual plan de desarrollo 2016 – 2019 “Medellín Cuenta Con Vos”, cuyo objeto es llegar a una ciudad donde lo primero sea la gente, su vida y su dignidad, busca promover una política social que conciba a los ciudadanos como sujetos activos de su desarrollo personal y familiar a partir de la generación de oportunidades y condiciones favorables, superando los efectos de la pobreza y la desigualdad que han retrasado el potencial desarrollo de nuestra ciudad.
Esta administración considera importante un nuevo modelo de equidad social que permita el empoderamiento y auto sostenimiento de los ciudadanos, siempre trascendiendo los modelos de asistencialismo, promoviendo el reconocimiento y el respeto por el ser humano en todos los aspectos, se quiere acercar bienes y servicios a los grupos poblacionales más vulnerables entre ellos LGTBI, potencializando las competencias y capacidades, propiciando espacios para que los grupos poblacionales se visualicen como iguales, rompiendo las barreras de la discriminación que limitan el desarrollo de la ciudad.
Quieren realizar esfuerzos para la prevención de la discriminación por etnia, religión y orientación sexual, articulados a los objetivos de desarrollo sostenible dirigidos a garantizar la igualdad y la equidad. En la dimensión Medellín digna del Plan de Desarrollo Acuerdo 003 de 2016, en el proyecto de reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusión, dice textualmente “Esta población será incluida dentro de la oferta institucional (salud, educación, recreación, acceso a la justicia, laboral, psicosocial, vivienda, etc)”.
Hasta aquí, la rapsodia es maravillosa. Pero vamos a la realidad de los indicadores con los cuales serán medidos los logros de los dos proyectos que aparecen en el Plan, para saber si, al final, el Concejo de la ciudad, el Consejo Territorial de Planeación, Medellín cómo vamos y la ciudadanía en general podremos verificar si el gobierno Cumplió o no con las metas. Lo cierto es que los indicadores no conversan con el alcance de los proyectos, ni con los objetivos de la política pública, pues sólo miden generalidades no verificables.
Medellín tiene una oferta institucional para la ciudadanía. Lo apropiado seria que en esa oferta que llega a muchos territorios y sectores se empiece a medir cómo impacta a la población LGTBI. Se sabe que no es fácil obtener información de estos grupos poblacionales por sus dinámicas socioculturales, pero se le debe explicar a la población diversa que es importante para la administración municipal empezar a tenerlos en cuenta como población beneficiaria y evaluar los logros, lógicamente, respetando la ley de habeas data. Así como se hace el seguimiento para otros grupos poblacionales.
Esperemos que cuando la administración mida los logros de su gestión y rinda cuentas, aplique el compromiso plasmado en el Plan de materializar un enfoque diferencial y desglose la información por grupos poblacionales, para que se vea la realidad, en cuanto resultados e impacto positivo a las personas LGTBI en temas de educación, salud, trabajo digno, apoyo psicosocial a las familias y jurídico a las personas, incluso vivienda, como lo plantea en su alcance el proyecto de reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género.
Hace falta una estrategia comunicacional y pedagógica, la política pública lo dice. Es necesario renovar imaginarios en los ciudadanos y bajarle peso a la estigmatización. Tal estrategia debe montarse sobre campañas pedagógicas de impacto, las cuales deben ser constantes como lo hace la administración con el “pórtate bien”. Lógicamente, buscando el reconocimiento de derechos de la población sexualmente diversa y no al revés, diciéndole a la población diversa: “pórtate bien…”
