María Lucrecia Botero cuenta que sus vecinos dieron alerta sobre las dos manzanas que habitan en el barrio Cristóbal, de la comuna doce (La América), pues están afectadas por el Plan de Ordenamiento Territorial, de lo cual se dieron cuenta luego de que fueran a una Curaduría de Medellín a pedir permiso para construir y les dieran la negativa.
La familia de Lucrecia reside hace más de 60 años en este barrio de estrato 3, con una familia de diez hermanas que viven en casas ubicadas cerca una de otra, y donde viven alrededor de cien familias que también tienen la misma problemática.
Ella asegura que desde la Administración Municipal nunca les socializaron el proyecto e incluso la Junta de Acción Comunal del barrio lo sabía, pero nunca se tomaron la modestia de informarles sobre algo tan delicado. Por eso, los habitantes del sector pusieron unas pancartas en contra del proyecto y del POT, que dice lo siguiente: “No queremos ecoparque Ana Díaz, queremos nuestras viviendas".
Lina María Botero, quien hace parte de la familia y es abogada de profesión, se inquietó por el patrimonio que han construido en su historia familiar, tanto así, que decidió estudiar el acuerdo 48 de 2014 y asesorarse con un arquitecto especialista en derecho urbano que conoce la normativa.
“En el mapa de la comuna doce nos inquietamos porque solo cinco casas se exceptúan del espacio público proyectado y nos preguntábamos ¿por qué todas las casas de estas dos manzanas sí, y solo cinco de todas esas viviendas no?” se pregunta Botero.
Al preguntarle al director de planeación, Cesar Hernández, por la construcción de esta obra, esta fue su respuesta: “Ese tema ya lo resolvimos, ya lo estudiamos, es un error cartográfico que trajo el POT en su parte de definición de usos. Nosotros allá no tenemos una consideración frente a un Ecoparque, ahí tenemos que hacer una corrección cartográfica que debemos hacer este año. Esas viviendas no se van a intervenir”.
Sin embargo, cuando la comunidad se dirige al despacho de planeación vuelven y les reiteran que sí están afectados por el POT y en la respuesta los derechos de petición se menciona el Ecoparque Ana Díaz, aunque se advierta que no haya recursos para construirlo, como le contestaron a la abogada Lina Botero.
“Los predios objeto de la consulta, en el mapa 23, Usos Generales del suelo Urbano del POT vigente, se consideran como Espacio público Proyectado, sin embargo, el Plan de Desarrollo Urbano, 2016-2019, Medellín Cuenta Con Voz, no considera su ejecución de este Ecoparque para este cuatrienio, por lo tanto no hay partida presupuestal asignada”, respondió Planeación. En la cual frente a la adquisición de los bienes agregó: “Hasta tanto los inmuebles que hacen parte del espacio público proyectado según el mapa 12 que se protocoliza con el presente Acuerdo, sean adquiridos por el Municipio, de manera transitoria mantendrán su actividad sin posibilidad de aumentar su edificabilidad”.
Esto evidencia que el director de Planeación, Cesar Hernández, maneja una versión para los medios y para la comunidad que no obedece a la realidad, pues cuando los ingenieros de esta cartera visitaron el lugar manifestaron que no se podían comprometer a sus declaraciones y las respuestas por escrito lo confirman. De esta manera, el POT que tiene vigencia hasta 2027 podrá intervenir estas viviendas en alguna administración entrante, durante la aplicación de este acuerdo municipal.
Silencio frente al tema
El municipio de Medellín presenta 1.228 manzanas que contienen predios residenciales que se ven comprometidos en los Ecoparques proyectados en el acuerdo 48 de 2014 - Plan de Ordenamiento Territorial. Según Hernández no hay una cifra exacta de cuantas familias están afectadas por el POT porque eso depende de muchas variables.
Este tema ha pasado desapercibido en los principales medios de comunicación que no han dimensionado la problemática en la opinión pública, donde los principales afectados por el POT son los ciudadanos de a pie que pueden perder su patrimonio, y mientras se resuelve, tendrán sus bienes inmuebles congelados y a la deriva de que la Administración Municipal decida si continúa con este modelo de ciudad o piensa en las personas y realiza un acto de nulidad.
Anteriores experiencias generan escepticismo en la ciudadanía que no cree en el Estado, los hechos lo confirman: en el Puente Madre Laura desalojaron a cerca de mil familias, a los cuales Aníbal Gaviria les prometió unos proyectos de vivienda que nunca llegaron, se firmaron incluso actas para hacer edificios como consecuencia de una reubicación en 2015, y aún hoy, a 2017 todavía no llegaron; los comerciantes de Naranjal que siguen esperando una reubicación de unidades económicas; los comerciantes del Tranvía de Ayacucho que perdieron sus negocios y obtuvieron a cambio, en el mejor de los casos, una remuneración de doce millones de pesos por su patrimonio.
Por ahora, en este tema como en otros temas álgidos que afectan a la ciudadanía, el Concejo de Medellín guarda un rotundo silencio, el alcalde sigue su misma línea y los únicos que han despertado son quienes ven la cosa seria porque su patrimonio de un momento a otro se viene a menos.
