Las cifras hablan solas. Según el departamento de estado de los Estados Unidos, solo entre 2014 y 2016 las hectáreas de cultivos ilícitos incrementaron en un 39% y ocupamos vergonzosamente el primer puesto en producción de cocaína con 200.000 hectáreas de coca sembradas.
El gobierno Uribe demostró coherencia en su política antidrogas, tanto que en los ocho años de gobierno mantuvo el número de hectáreas por debajo de las 100.000, cifra que hoy dobla el gobierno Santos. El expresidente terminó su mandato en 2010 con una reducción del 15 % en las hectáreas con base al año anterior, 2009, en el cual se registraron 62.000 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos. Las reducciones más importantes en ese año sucedieron en regiones de alta concentración de cultivos ilícitos, en departamentos como Meta y Guaviare estas fueron de un 34 %.
Uno de los pilares de esta política antidrogas fueron las “familias guardabosques”, quienes tuvieron la oportunidad de trabajar legalmente en el campo, colaborándole al estado en materia de control sobre las tierras y cultivando una gran variedad de productos agrícolas.
Recientemente, la Corte Constitucional dejó en firme el fallo que prohibió otra estrategia en esta valiente lucha, las fumigaciones con glifosato, atendiendo un llamado de la OMS (Organización Mundial de la Salud) que prevenía sobre el posible riesgo de enfermedades que puede causar el herbicida, entre ellas el cáncer.
Sin embargo, era una estrategia que daba resultado y nos permitía curar un cáncer mucho más devastador, el narcotráfico. Por consiguiente, la otra cara de este negocio-narcotráfico- son los problemas que genera en la sociedad, esclaviza la niñez y la juventud, y detrás del consumo vienen más y peores delitos que constituyen una interminable cadena.
A través de los medios de comunicación vemos a diario noticias que documentan secuestros de soldados y policías erradicadores; de esto también nos libraba la aspersión aérea, de arriesgar la vida de héroes de la patria en esta difícil labor.
Empero, que el gobierno no haya mediado para continuar esta estrategia y haya dejado perder el gran avance en “familias guardabosques” tiene sus intenciones. ¡Es otra concesión a los grupos armados y otro sapo que quieren, nos comamos los colombianos!
En efecto, hoy vemos a las FARC como guerrilla y partido político, que hará política con el dinero del narcotráfico, envenenando a la juventud con alrededor de 60.000 hectáreas de cultivos ilícitos -solo las de las FARC- bajo la mirada de un gobierno que no retoma las estrategias óptimas y contundentes para liquidar el narcotráfico.
Ojalá al próximo gobierno no le tiemble la mano con la erradicación y que le haga frente al narcotráfico, que es y seguirá siendo, el motor económico del terrorismo.
