Oswaldo Antonio Lance Gómez, este nombre a muchos no les debe significar absolutamente nada. Sin embargo, para sus familiares lo es todo. Este joven es la nueva víctima perteneciente a la Policía Nacional que ha sido asesinado por grupos al margen de la ley que aún delinquen en el norte del Cauca y en varias regiones de país.
Este miembro del EMCAR (Escuadrón Montado de Carabineros), unidad adscrita a la Policía Nacional, cumplía su deber constitucional de protección en la Hacienda La Emperatriz ubicada en zona rural del municipio de Caloto (Cauca), zona históricamente de pública presencia del VI Frente de las Farc. Allí se encontraba porque este lugar desde hace varios años ha querido ser invadido y ocupado por vías de hecho por parte de grupos de sujetos encapuchados, armados con armas de fuego convencionales y artesanales, explosivos irregulares y flechas. Ellos se identifican como "miembros de comunidades indígenas", lo cual no se ha podido establecer plenamente, toda vez se amparan en el anonimato que les permiten sus pasamontañas.
Son decenas los miembros de la fuerza publica asesinados impunemente en este complejo conflicto en el norte del Cauca. El anterior, poco a poco se va extendiendo al sur del departamento del Valle, región donde continuamente cientos de encapuchados, autodenominados "indígenas", ocupan predios, queman cultivos, agreden verbal y físicamente a humildes trabajadores, destruyen maquinaria, golpean y advierten a agrónomos y propietarios que no regresen, argumentando que los reales propietarios son las comunidades indígenas despojadas por los blancos en época de la conquista española. Esto último puede ser cierto, pero bajo esa premisa absurda estarían legitimados para ocupar por vías de hecho y actos delictivos todo el continente americano.
Los abusos y delitos de estos encapuchados quienes en nombre de la "madre tierra" justifican su proceder continúan con el cultivo y posterior distribución de marihuana tipo"crippy" en varias zonas de los resguardos indígenas. Todo esto se volvió parte del paisaje. Para colmo de males, las autoridades locales se hacen los de la vista gorda, sabrá Dios si por temor, conveniencia política o por ambas. La fuerza pública como de costumbre pone los muertos, los sancionados y los destituidos por excesos de uso de la fuerza, lo cual equivale a que deben dejarse matar o manosear de forma humillante.
Por su parte, el señor gobernador del Cauca, sin ponerse colorado, hace algunos meses en declaraciones a medios de comunicación manifestó que el gobierno tenía todas las intenciones de facilitar la entrega de los predios a las comunidades indígenas, pero que los propietarios eran los que no querían vender, ¿o sea que en un supuesto Estado social de derecho los legítimos propietarios están obligados a vender bajo intimidación?, ¿les suena conocida esta práctica?, ¿expropiación?
Mientras el Estado no cumple con su obligación, el gobierno nacional calla de forma cómplice. No hace presencia en la región, ni siquiera para intentar mediar en el conflicto. Además, permite la impunidad y el continuo asesinato de integrantes de la fuerza pública por parte de estos delincuentes, no hace respetar la propiedad privada, no garantiza el derecho fundamental al trabajo de cientos de miles de personas a quienes estos supuestos miembros de comunidades indígenas atemorizan a diario a plena luz del día.
¿Esa es la "paz" que hizo merecedor a nuestro jefe de Estado a dicho galardón en Estocolmo? Creo que estamos presenciando en el norte del Cauca y sur del Valle un capítulo más, por muchos desconocido y por otros convenientemente poco publicitado de una falsa "paz". Esto no es exclusivo de esta zona, también se replica en muchas zonas del país con diversas formas de violencia, y quienes nos atrevemos a denunciar esta falacia somos estigmatizados como "enemigos de la paz" o pertenecientes a la "ultraderecha". ¿Ese es el futuro de Colombia que queremos construir para nuestros hijos y nietos?
