Bien dice el dicho que “más vale malo conocido que bueno por conocer”, cosa que puede o no aplicar para el caso del operador del Programa de Alimentación Escolar en Sucre (PAE).
A la fecha, los únicos afectados son los más de 90 mil niños que han dejado de recibir complementos alimenticios a raíz del proceso de licitación que está llevando a cabo la gobernación de Sucre. Este normalmente debió demorar 45 días, pero saquen la cuenta, desde el 2 de enero debían retomar labores en la administración departamental, pero la oficina jurídica y de contratación, en cabeza de Gisela Martínez Gil, se ha caracterizado por ser demorada en sus procesos, o ¿es que ella tendrá algún interés en negociar con alguno de los oferentes?
Si bien es cierto que en el año 2016 se presentaron algunas irregularidades en la ejecución, hay que reconocer que el gobernador Martínez Romero hizo bien su trabajo y llamó a “puyengue” al operador, quien es ese entonces estaba a cargo de la Unión Temporal Construyendo Bienestar Sucre, conformado por la Corporación Regional Para la Construcción Social, con representación legal de Adolfo Ramírez Godoy (hoy proponente) y la Fundación para el Desarrollo del Caribe, siendo su representante legal la señora Mildre Brieva Mora, lo cual causa curiosidad el hecho de que sea ella quien aparezca firmando certificaciones de las operarias de uno de los nuevo proponentes, la unión temporal Alimentar Sucre 2017.
Alimentar Sucre 2017, está conformada por la Fundación Villa Soñada que tiene como representante legal al señor Manuel Apolinar Ávila Fuentes y la Asociación de Bachilleres de la Comunidad Parroquial San Nicolas de Tolentino.
Según el portal La Ventana de Córdoba, “la alimentación escolar durante el 2016 en el municipio de Lorica, se definió a través de un convenio celebrado entre la Alcaldía y la Fundación Villa Soñada, por un valor de 4 mil 452 millones, 437 mil, 760 pesos. El representante legal de la citada y cuestionada fundación es Manuel Apolinar Ávila Fuentes, hermano de Zunilda Ávila, reconocida contratista de alimentación escolar en municipios de Córdoba, y quien ha tenido contratos con los famosos bancos de oferentes en el tema educativo con el municipio de Montería, además de eso fue quien ganó la ejecución del PAE en Córdoba, con el consorcio Nutricor, del cual ella es la representante”.
De acuerdo al Certificado de Cámara de Comercio, la dirección de domicilio de Villa Soñada, es la calle 25 número 3-23 segundo piso en Montería, lugar donde estuvo un periodista de La Ventana y encontró un aviso de “Se Arrienda” en el inmueble. La pregunta es, ¿dónde funciona Villa Soñada? Lo mismo pretenden hacer en Sucre, donde no tienen más que promesas de arrendamiento con una bodega, y con vehículos, ¿será qué ese es su modus operandi? A ver si les cumplen y se quedan con el paquete de más de 19 mil millones de pesos.
¿Cómo pretende la Gobernación de Sucre garantizar el funcionamiento de un programa con una fundación que no tiene nada propio? Porque lo que se escucha en los pasillos es que los pliegos favorecen a Alimentar Sucre, el cual tiene relación directa con la señora Mildre Brieva, quien operaba parte del PAE 2016 en los municipios donde se presentaron inconsistencias como Tolú y Ovejas, evidenciando su falta de capacidad logística.
Pero eso no es todo, la Asociación de Bachilleres de la Comunidad Parroquial San Nicolás de Tolentino, tiene un alto grado de cuestionamiento. Recientemente la emisora Ondas de Ibagué tituló: Alcaldía adjudica millonario contrato a empresa cuestionada a nivel nacional, refiriéndose a la asociación, que ha operado en Caldas, Montería, Cereté, y otros municipios de la Costa Caribe, presentando varias denuncias por irregularidades en la prestación del servicio de alimentación escolar.
En Cereté hubo reparos en la contratación pues la Cooperativa de servicios de madres comunitarias no presentó la licencia de funcionamiento, así como el incumplimiento a los lineamientos técnicos del Ministerio de Educación Nacional y del pliego, además no evidenció garantizar la cadena de frío de alimentos que la requieren en almacenamiento, transporte y distribución poniendo en riesgo la calidad e inocuidad de los productos que necesitan refrigeración. Igual a lo que sucede acá, porque según lo investigado, esta unión temporal no cuenta si no con unos congeladores, que tampoco son de su propiedad.
En Córdoba se adjudicó el contrato de $5 mil millones de pesos a la Unión Temporal Educación Feliz, constituida por la Asociación de Bachilleres de la Comunidad Parroquial San Nicolás de Tolentino y la Fundación H Karibe, la cual fue denunciada por la Contraloría General de la República por irregularidades en el desarrollo del programa de alimentación escolar en los municipios de Montería, Sahagún, Santa Cruz de Lorica, Cereté, San Bernardo del Viento y Tierralta.
A su vez, en la institución educativa Santafé vereda del corregimiento Tres Palmas, municipio de Montería, en abril de 2016 más de 100 niños resultaron intoxicados por supuestas irregularidades en la preparación de los alimentos, los cuales, según denuncias, eran preparados sin contar con las normas sanitarias mínimas exigidas por la ley.
En resumen, los mismos apellidos, la alianza de un grupo de fundaciones y consorcios que pertenecen a esos grupos políticos de Córdoba que pretenden quedarse con la alimentación de los niños sucreños. ¿Acaso dejaremos que los ñoño y los Jattín vengan a convertirse en caciques de nuestro departamento también?
Gobernador, recuerde que el PAE 2016, no recibió denuncias de fondo, exceptuando un impase en Guaimí, donde se corroboró que el operador no tuvo nada que ver. Según las estadísticas, en un año de ejecución en 583 instituciones educativas, no hubo ni una investigación penal, ni se reportó fallas por parte de los veedores, del ministerio de educación ni de entes de control, y sumado a eso, recibió un premio nacional por su buena labor social, al emprender la campaña Todos Ponen. ¿Necesitamos mas razones para querer que esto siga marchando igual o mejor? Lo dejamos en sus manos gobernador, en manos de los veedores, en manos de su equipo. Los niños merecen lo mejor.
Señor gobernador, le hacemos un llamado para que le ponga la lupa a su jefe de contratación, y a este proceso, no defraude a los que lo elegimos por promulgar la transparencia. Ese proceso está viciado de errores, y uno de ellos, tal vez el más preocupante, el no pedir contratos de arrendamiento si no solo promesas, cosa sospechosa para favorecer a foráneos que no llevan ni un mes viviendo en Sucre.
