La habitabilidad en calle es conocida desde muchos siglos atrás y en toda la humanidad. Los expertos aseguran que no existe una sola causa que origine el fenómeno; por el contrario, hablan de una pluralidad de factores como el consumo de sustancias psicoactivas, problemas económicos, factores estructurales, muchos originados por la desidia del Estado. Lo cierto es que desde hace muchos años esta problemática ha venido agobiando no solo a Bogotá sino a las principales ciudades de Colombia, haciendo cada vez más fuertes las mafias del microtráfico de drogas prohibidas por la ley.
El día 28 de mayo de 2016, en Bogotá fue intervenido el sector denominado como el Bronx, considerado por algunos como el centro de tráfico de drogas y armas más grande del país, y también como el centro de concentración más grande de habitantes de calle. Luego de varios meses de haber sido intervenido y acordonado todo el sector, hoy en día es custodiado por la Policía Nacional, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbana de Bogotá- ERU, y se ha iniciado un proceso de expropiación por vía administrativa sobre los predios que comprenden el sector intervenido.
El proceso de expropiación por vía administrativa adelantado por la ERU tiene dos etapas: una de enajenación voluntaria, donde la administración realiza una oferta económica a los propietarios de los inmuebles para que estos, a su vez, acepten o no la oferta, y otra etapa donde se realiza la expropiación administrativa como consecuencia de la negativa a la oferta por parte de los propietarios de los inmuebles.
Pues bien, resulta que dentro de la oferta que realiza la ERU a los propietarios de los bienes invadidos y deteriorados por las mafias y los habitantes de calle concentrados en la zona del Bronx, hay un "avalúo comercial" realizado por la Unidad Administrativa Especial - Catastro Distrital, documento que contiene unas consideraciones generales que son determinantes para designar el valor del inmueble, señalando entre otras, la siguiente: el alto grado de inseguridad y descomposición social que presentaba el sector por la presencia en esta parte específica del barrio de habitantes de calle de alta peligrosidad, lo que genera un deterioro del entorno económico de la zona, que si bien en este momento está siendo custodiado por la Policía Nacional el acceso es restringido y no es de libre circulación a la comunidad".
Ahora, creo que la mayoría de las personas que hoy tienen alguna propiedad que se vea amenazada constantemente por presencia de habitantes de calle deben preocuparse, ya que como vimos anteriormente, una autoridad dentro de sus argumentos para devaluar un bien inmueble, aduce que el mismo pierde su valor por presencia de habitantes de calle de alta peligrosidad.
Podemos observar que el drama para los propietarios de los inmuebles intervenidos en la zona del Bronx no termina. Están siendo doblemente victimizados: por un lado, las bandas criminales que se concentraron en sus propiedades los obligaron a salir de sus casas y sus negocios sin que las autoridades durante más de 10 años hicieran nada por restablecer el orden en la zona, peor aún, sin hacer nada por cumplir con un mandato constitucional donde el Estado está obligado a proteger a los colombianos en su vida, honra, bienes, etc.; por otro lado, el Estado a través del Distrito Capital, declara esos bienes como de utilidad pública para iniciar un proceso de expropiación administrativa, donde presentan una oferta económica perversa, aduciendo que el factor determinante que devalúa su bien es precisamente el fenómeno social de habitabilidad en calle, que con mucha desidia ha tratado el Estado colombiano y las tareas insuficientes del Distrito Capital.
En conclusión, el fenómeno de habitabilidad en calle sigue latente y las acciones del Estado son insuficientes tanto en el Distrito Capital como en las demás ciudades capitales, mientras que los ciudadanos siguen asumiendo esa carga del Estado que los ha desprotegido de la manera más cínica.
