El monto es equivalente a tres veces lo que se espera recaudar con la reforma tributaria de 2016. A todas luces muchísima plata. Según el proyecto de acto legislativo radicado por el gobierno para establecer rutas internas para financiar el posconflicto y que será tramitado vía Fast Track, las fuentes iniciales de recursos serán: el 7% de los ingresos del Sistema General Regalías (SGR) y sus rendimientos financieros y los excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) provenientes del SGR. Según proyecciones elaboradas conjuntamente por el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas y el Departamento Nacional de Planeación, en total serán 848.054 millones anuales en un periodo de 20 años para hacer realidad todo lo acordado en La Habana. El monto representa un incremento del 20% de los recursos anuales destinados a la inversión regional.
Estos recursos serán adicionales a las inversiones regulares y se ajustan al mandato constitucional de expedición del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz creado por el artículo 3 del Acto Legislativo para la Paz y que ordena un reajuste al Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo en el orden departamental y municipal. En ese sentido, las inversiones priorizarán los territorios más afectados por el conflicto, la violencia y el abandono estatal en clave del enfoque diferencial y territorial plasmado en el Acuerdo y en los denominados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Siendo así, las entidades territoriales en estos momentos tienen la oportunidad de anticiparse a la asignación de los recursos y contar con una estructura de concertación ciudadana para la priorización de las inversiones según el grado de afectación derivado del conflicto. Es claro que si los proyectos a ejecutar no son diseñados con las comunidades afectadas toda es plata no será más que una mala inversión.
Por otro lado, estamos a la espera del Plan Marco de Implementación que será presentado por el gobierno a la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación a la Implementación (CSIVI) y que se convertirá en un documento Conpes que establecerá todas las rutas de inversión. Este Plan Marco será revisado cada año en un plazo de 10 años y de facto configura todas las dinámicas de implementación territorial. En ese sentido, el 7% de los recursos del Sistema General de Regalías y sus respectivos rendimientos financieros con los excedentes del Fondo Pensional de las Entidades Territoriales (FONPET) provenientes del SGR, establece un primer canal de inversión con recursos propios. Sin embargo, no podemos olvidar los recursos de cooperación internacional que serán canalizados a través del Fondo Colombia Paz.
Antes este incierto panorama de inversión y la cantidad de recursos que llegarán a los territorios se deben generar canales de veeduría y control que eviten que los mismos se conviertan en el fortín político de inescrupulosos o sea apropiado indebidamente por personas que solo ven la oportunidad de la reconciliación nacional con ánimo de lucro. Las comunidades más afectadas por el conflicto deben tener claro que serán una prioridad en el proceso de implementación y que se deben organizar y/o fortalecer instancias participativas para reclamar de forma plural las inversiones necesarias. Sin una participación activa de las comunidades los recursos no cumplirán su objetivo primordial de recomponer el tejido social y cerrar las brechas sociales que han generado el conflicto en el país. La creación de observatorios de transparencia y seguimiento, el diseño de una metodología de rendición de cuentas en tiempo real y el fortalecimiento de los canales de comunicación con la comunidad, podrían permitir que la plata del posconflicto realmente permita construir un mejor país.
