Cuando María Lorena Gutiérrez llegó con Juan Manuel Santos al Palacio de Nariño en el 2010 era conocida en el mundo académico, pero no en el sector público ni en la política. El recién posesionado Presidente la conocía por la Fundación Buen Gobierno, desde donde Santos organizó la campaña presidencial que le dio el triunfo con el apoyo del entonces presidente Uribe. Ella venía de ser la decana de administradora de empresas de la Universidad de los Andes donde se hizo a un nombre en el mundo universitario. Todo quedó atrás a la hora de decidir en agosto del 2010 de ponerse al servicio, sin horarios, sin días festivos, sin descanso, del proyecto de gobierno de Santos.
Rápidamente se convirtió, desde el cargo creado ad-hoc, la Alta Consejería del Buen Gobierno y Eficiencia Administrativa, en una figura influyente en el Palacio de Nariño, con acceso a las decisiones de peso en todas las carteras. Inició una interlocución de alto nivel para emprender la tarea mayor: reformar el Estado para modernizarlo y hacerlo más eficiente, con una mirada desde la administración privada. Santos le dio carta blanca y consiguió que el Congreso le aprobara facultades extraordinarias y como presidente firmar por decreto la reforma como resultado de su primer año de trabajo en el 2011. Tendría ocho meses para hacerlo.
María Lorena, desde su oficina modificó estructuras y creó cargos, multiplicó nóminas y costos y el presidente firmó los decretos: nacieron 22 entidades, que para el 2017 le costarán al Estado $2.288 miles de millones. Y luego hizo sentir su peso en los nombramientos de quienes estarían a la cabeza de esas entidades que entrarían como los funcionarios mejor pagados del Estado.
La Doctora María Lorena, como directora de la Alta Consejería del Buen Gobierno, emitió decretos que escindieron tres ministerios convirtiéndolos en seis (Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio); creó 22 entidades (18 en dos días), cinco de las cuales fueron el resultado de la escisión de funciones de entidades existentes, y reorganizó diez entidades con cambios de naturaleza jurídica, adscripción, denominación, reasignación de funciones, salarios, etc.
Nacieron por arte de magia siete Agencias Nacionales, diez Unidades Administrativas Especiales, tres Departamentos, una Entidad Industrial y Comercial, y un Instituto, con el espíritu del sector privado-académico y con la pretensión de María Lorena de traer personas calificadas sin contaminación de lo público. El propósito de los nombramientos iniciales se cumplió excepcionalmente, pero muy pronto pasó a una altísima rotación de cargos de personas que llegaron a la cabeza de las instituciones sin soporte técnico, pero si buen apoyo político.
El director de la ANI, Luis Fernando Andrade, y la directora de Contratación Pública, María Margarita Zuleta, han sido los únicos nombramientos verdaderamente técnicos y estables desde que se aprobó la macro Reforma.
Para empezar dos Agencias encargadas de manejar la locomotora minero energética en que se basó la economía del gobierno Santos han sido un ejemplo de la inestabilidad desde cuando fueron creadas:
Agencia Nacional de Minería, 6 presidentes:
Beatriz Uribe, María Constanza García, Juan José Parada, Natalia Gutiérrez, Javier García y Silvana Habib Daza
Agencia Nacional de Hidrocarburos, 6 presidentes:
Armando Zamora (estuvo los dos gobiernos de Uribe y hasta finales de 2011), vinieron luego: Orlando Cabrales Segovia, Germán Arce Zapata, Javier Betancourt Valle, Mauricio de la Mora y Orlando Velandía, un ex congresista liberal de origen Serpista
En varias de las otras entidades creadas por María Lorena, la situación es similar:
Coljuegos, 4 presidentes: Rodrigo Vélez, Fabio Olmedo (que solo duró una semana), Cristina Arango y Juan B. Pérez, hijo del político conservador con el mismo nombre, quiso llegar a la Cámara por Boyacá, pero se hundió y el ministro de Haciendo, Mauricio Cárdenas, le lanzó el salvavidas para Coljuegos.
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 4 presidentes: Luz Helena Sarmiento Villamizar, Fernando Iregui Mejía, Rodrigo Suárez Castaño y Claudia Victoria González (E)
Unidad de Servicios Penitenciarios, 4 directores: Jorge Arias, María del Pilar Bahamón Falla, Claudia Gelvez (E), Isabel Cristina Martinez y María Cristina Palau, quien es hermana del representante a la Cámara del Valle por el Partido de la U, Rafael Eduardo Palau del grupo político de la gobernadora Dilian Francisca Toro.
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 3 directores: Sandra Bessudo, Alejandro Gamboa, Sergio Londoño Zurek.
La Agencia Nacional de Infraestructura y la de Contratación Pública son las únicas que han mantenido estabilidad, la primera en cabeza de Luis Fernando Andrade y la segunda liderada por María Margarita Zuleta; dos únicos funcionarios que han ocupado sendos cargos, ambos escogidos por el presidente Santos.
María Lorena estableció para los directivos de estas Entidades altos salarios con el fin hacerlos competitivos y de poder atraer personas idóneas del sector privado, estos salarios incluyen en la mayoría de los casos una prima técnica del 50%, con lo cual el ingreso mensual de varios de los directores sin contar las primas y bonificaciones especiales eran para el 2016 (puesto que está pendiente de la definición del aumento salarial para el 2017) de más de 26 millones mensuales para los directores de las Agencias Nacionales. El cargo de directora de la UGPP, Gloria Inés Cortes, de $ 30 millones mensuales es el mejor pagado entre las entidades reestructuradas.
Lo que es cierto, es que la reforma estructural implementada por María Lorena para el buen gobierno, ha resultado extremadamente costosa, con unos resultados que están por verse. Considerando solo las 22 entidades creadas, sin contar las reestructuraciones a las diez entidades (ver cuadro anexo) que se realizaron aprovechando las facultades extraordinarias otorgadas al gobierno para el 2017, los gastos de funcionamiento de estas entidades, le representan al Estado casi $ 2.3 billones de pesos, que durante los seis años de su funcionamiento le han significado más del doble que los 6.5 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda pretende recaudar con la reforma tributaria.
A continuación, los gastos de funcionamientos para cada Entidad creada proyectados a 2017 de acuerdo a la inflación de 5.75% que será el mínimo aumento salarial del gobierno. Un esfuerzo fiscal que terminó en manos de unos nombramientos politizados cuyo nivel cada día es menos técnico y más funcional a exigencias de políticos regionales.
